Junta y Fiscalía General del Estado colaboración en la formación de fiscales y empleados públicos

La Junta y la Fiscalía General del Estado colaborarán en el desarrollo de actividades de formación y perfeccionamiento para fiscales con destino en la Comunidad, según el acuerdo suscrito hoy por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la fiscal superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez.

Gracias al acuerdo, los fiscales de Castilla y León podrán participar en actividades de formación impulsadas por la Consejería sobre aspectos como violencia de género, discapacidad, menores, protección del medio ambiente, patrimonio cultural, acoso escolar, así como otros referentes a las agresiones frente a empleados públicos en ámbitos como sanidad y educación.

Con la firma de este documento, los fiscales no solo se beneficiarán de la actividad formativa, también adquieren la facultad de intervenir de forma activa en la planificación de la programación anual de cursos de contenido jurídico que se desarrollen en estas materias y que sean organizados por la Consejería de la Presidencia.

De Santiago-Juárez y Rodríguez acordaron mantener mecanismos de coordinación con el fin de evitar que las actividades programadas por cada institución y no incluidas en el marco del convenio se interfieran mutuamente. El convenio recoge que será la Fiscalía quien fije los fiscales del territorio que puedan participar en dichas actividades formativa, y la Consejería quien elija a los participantes por parte de la Administración autonómica.

Además, se creará una comisión de seguimiento, integrada por dos representantes de cada organismo. Entre las funciones de esta Comisión destacan elaborar los planes o programas anuales de formación y hacer el seguimiento y evaluación del desarrollo del convenio y de los programas que se establezcan en el marco del mismo. El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, y podrá prorrogarse anualmente hasta un plazo máximo de cuatro años desde la firma.

Las actuaciones previstas en el convenio antes de la entrada en vigor de la ley por la que se aprueben los presupuestos generales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para 2017, informaron fuentes de la Junta en un comunicado.