El Impuesto de Sucesiones se elimina para herencias de hasta 300.000€

Los Presupuestos van tomando forma y, con ellos, las novedades fiscales. La Junta de Castilla y León dio luz verde ayer al anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para el año 2017, que contiene, como principal novedad, un aumento del tramo exento del Impuesto de Sucesiones. Esta medida se traduce en que un castellano y leonés que herede de sus padres o de su cónyuge una cantidad igual o menor a 300.000 euros no tendrá que pagar el tributo al Gobierno autonómico. Hasta ahora, el límite se situaba en 250.000 euros; la subida anunciada ayer surge de un «acuerdo puntual» alcanzado con Ciudadanos a cambio de que esta formación dé el visto bueno a las cuentas de la Comunidad.

Así lo indicó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que cifró en 8 millones de euros la cantidad que la Junta dejará de ingresar este ejercicio por la modificación del impuesto y en 1.300 las personas a las que afectará una vez que las Cortes aprueben los Presupuestos. La consejera aseguró que la voluntad del Ejecutivo autonómico es suprimirlo –tal y como hizo entre 2007 y 2013–, pero se amparó en la necesidad de esa recaudación para no llevar este deseo a la práctica. «No podemos prescindir de esos ingresos», reconoció.

Otra de las modificaciones tributarias más importantes para el presente año tiene que ver con el sector de las energías renovables. Del Olmo anunció que las nuevas instalaciones que empiecen a operar a partir de este ejercicio estarán exentas, durante cinco años, de pagar el Impuesto sobre la Afección Medioambiental. Este tributo autonómico, instaurado en 2012, grava los efectos medioambientales negativos provocados por el uso o aprovechamiento del agua embalsada para la producción de electricidad, así como las afecciones e impactos visuales y ambientales causadas por los parques eólicos y los elementos fijos de suministro de electricidad en alta tensión.

La titular de Economía y Hacienda justificó la decisión de eliminar este impuesto durante un quinquenio para no desincentivar la implantación de empresas del sector en Castilla y León en un momento en el que el Gobierno central ha anunciado la convocatoria de una subasta de 3.000 megavatios para el primer semestre del año. «No queremos que haya empresas que decidan invertir en otra Comunidad por tener que pagar este impuesto», manifestó Del Olmo antes de indicar que «pasados los cinco años, entendemos que ya se han amortizado determinadas inversiones».

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) también entra en la lista de los modificados por la Junta bajo el pretexto de «atraer población al medio rural». Estos cambios no significan una bajada del gravamen, sino que adoptan la forma de bonificaciones y deducciones.

Cuestionada por los periodistas sobre si se realizará una bajada en este tributo tal y como reclama Ciudadanos, la consejera declaró que el documento anunciado ayer no lo contempla y recordó que la Junta ya realizó dos bajadas consecutivas en 2015 y 2016. «Somos la comunidad autónoma que mejor trata a las familias en el IRPF», apostilló Del Olmo, que amparó su afirmación en las distintas bonificaciones y deducciones fiscales con las que, según la consejera, cuentan estos núcleos a la hora de pagar el impuesto.

Entre las novedades del IRPF, con aplicación desde el 1 de enero, se encuentra una deducción dirigida a promover un parque inmobiliario de alquiler en los pueblos, que se podrán aplicar los contribuyentes que recuperen una vivienda con ese propósito y la arrienden por menos de 300 euros al mes durante los cinco años siguientes, o bien la anuncien para ese fin si queda vacía.

Para acceder a la bonificación del 15 % de la inversión en el IRPF, con un máximo de 20.000 euros, es necesario que el valor de la edificación no supere los 135.000 euros y que esté situada en una localidad de menos de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia. Puesto que esta medida pretende además «fomentar la inversión y, con ello, generar actividad y empleo en los pueblos», está abierta a cualquier contribuyente, con independencia de su nivel de ingresos.

En la misma línea de favorecer el asentamiento de nuevos pobladores en los núcleos más pequeños, el borrador de la que también se conoce como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos «mejora las condiciones de las ventajas fiscales ya existentes» por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para menores de 36 años residentes en pueblos, con las mismas características que las mencionadas para la realización de obras con destino al alquiler. En concreto, la bonificación pasa del 5 % o el 10 %, según el caso, hasta el 15 %, para equipararse con la destinada a favorecer el arrendamiento rural. Del mismo modo, se amplía de 10.000 a 20.000 euros el importe con derecho a deducción de los trabajos de carácter medioambiental que se efectúen en los inmuebles o para adaptarlos a personas con discapacidad.

En materia de tasas y precios públicos –que no experimentan ningún incremento en este borrador de ley–, se introducen cinco modificaciones. La más sustancial afecta a la relativa a la prestación de servicios veterinarios para determinadas explotaciones agrícolas, donde se suprime temporalmente la obligación de pago para el transporte y circulación de bovino procedente de explotaciones con orientación láctea, y de ovino y caprino criado en instalaciones dedicadas a lácteo o cárnico.

«Esta medida tiene como objetivo apoyar al sector primario, estratégico para Castilla y León, y pretende paliar las consecuencias de la bajada de precios de la producción, que en el caso del subsector de vacuno de leche derivan en gran medida de la desaparición del régimen de cuotas lácteas», señaló Del Olmo, que cifró en 7.300 explotaciones las que se ahorrarán este desembolso.

Las deducciones sobre la tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, que hasta ahora se aplicaban en distinto porcentaje según las especies, se unifican al alza, es decir, fijando la bonificación máxima para estimular la realización de controles oficiales.

Para las familias numerosas se elimina el requisito de capacidad económica para aplicarse las exenciones y bonificaciones a las que tienen derecho sobre la tasa por la expedición de títulos y certificados académicos, y por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Por último, el borrador de la ley recoge retoques técnicos en la tasa en materia de servicios de comunicación audiovisual y en la derivada de actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas.

Otra de las modificaciones fiscales más relevantes que introduce el anteproyecto tiene que ver con la deducción para el fomento del emprendimiento, que permite a los contribuyentes desgravarse el 20 % de las cantidades dedicadas a la compra de acciones o participaciones de empresas de nueva creación o en fase de expansión, siempre que las compañías destinen los recursos a un proyecto de inversión en Castilla y León y amplíen la plantilla de empleados.

En concreto, se facilita poder acogerse a ella por dos vías. Por un lado, se reduce el límite mínimo –del 1 % al 0,5 %– y se amplía el máximo –del 40 % al 45 %– del capital social cuya adquisición da derecho a aplicar la desgravación. Por otro, se define el concepto de plantilla de forma «más incluyente». Si con la normativa vigente se exigía que la empresa objeto de la inversión incrementara el número de trabajadores por cuenta ajena para ser beneficiario de la bonificación, a partir de ahora también se computará a los autónomos económicamente dependientes de la sociedad y a los empleados por cuenta propia que tengan el carácter de familiares colaboradores de titulares de acciones o participaciones.

La Junta también mantendrá las ventajas tributarias para las empresas del juego que preserven los puestos de trabajo, ya que este sector emplea de forma directa a más de un millar de personas, así como el hecho de que se regule la aplicación de un tipo del 1 % a los cartones de bingo del tipo especial para los primeros 400.000 euros jugados.

Del Olmo informó de que este anteproyecto, al que se refirió como «muy grande», incluye modificaciones en 32 leyes que en muchos casos obedecen a la necesidad de adecuar su contenido a la normativa estatal. Tras ser aprobado por el Consejo de Gobierno, el documento se remitirá al Consejo Económico y Social (CES) que, tras ver que se ajusta a la legalidad, lo remitirá, a su vez, a las Cortes, donde se aprobará junto a los Presupuestos de la Comunidad.