La Junta dará ayudas para el pago de hipotecas y alquileres de hasta el 50% del IPREM

La Junta establecerá medidas de apoyo al pago de hipotecas de personas en riesgo de desahucio y de alquiler para familias vulnerables de hasta el 50 por ciento del IPREM, una vez que se apruebe la Ley de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica de Castilla y León que hoy conoció el Consejo de Gobierno de la Junta.

Esta nueva ley incluirá once nuevas prestaciones para estos colectivos y creará cuatro nuevos derechos subjetivos, según señaló hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, tras dar a conocer el proyecto que podría estar aprobado en las Cortes dentro de un periodo de entre cuatro y seis meses.

García recordó que esta nueva ley convertirá esta Red en algo “permanente” y no coyuntural para afrontar la crisis social y económica, como fue su objetivo al crearla en 2013 y que la convierte en una herramienta “más potente” para una red que atiende al año a una media de 160.000 personas y en la que se invierten 160 millones de euros. “Se pretende que esta Red llegue a más personas, mejor, a todos los lugares y antes”, remarcó.

Además, la presentación de esta ley, recordó la consejera, es un compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y forma parte del acuerdo del Diálogo Social y se ha elaborado en consenso con el tercer sector, sostuvo Alicia García, quien recordó que ahora se abre un proceso de información pública de la futura norma.

En cualquier caso, la Red de Protección incrementa la totalidad de programas o prestaciones que presta en la actualidad hasta las 34, distribuidos en tres apartados: recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención con acceso prioritario y recursos para la inclusión social y laboral.

Con la nueva Ley, cuatro de estas prestaciones pasarán a ser derechos subjetivos para los ciudadanos, uniéndose así a derechos que ya están reconocidos como tales como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

Las prestaciones que se convertirán en derechos subjetivos serán el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, la prestación económica para el alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación, que podrán llegar, según dijo la consejera, a una ayuda de hasta el 50 por ciento del IPREM anual.

Por lo tanto, la Red incluirá recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, es decir, para cubrir necesidades básicas. Entre ellas, se sitúa la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestaciones económicas de situaciones de urgencia social, ayudas a provisión inmediata de alimentos o ayudas para favorecer la independencia de mujeres víctimas de violencia de género, entre otras.

Además la ley incluye recursos de atención con acceso prioritario, es decir, servicios para atención integral a mayores en situación de dependencia, para personas con discapacidad, para mayores en centros de día, así como servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio o asistemcia persona.

También incluye una tercera ‘pata’ con recursos dirigidos a mejorar la inclusión social y laboral de estas personas en situación de vulnerabilidad, tales como servicios de orientación, plantificación o apoyo familiar para la inclusión social. Asimismo, servicios de orientación laboral para desempleados, apoyo al autoempleo, fomento de la contratación y orientación para acceder a viviendas, entre otros.

Otras consideraciones

Además, el texto señala los diferentes miembros que integran la Red, que pueden ser agentes o colaboradores, y regula los requisitos para ser reconocidos como tales. Este proyecto también incide y mejora el propio funcionamiento de la Red integrando diferentes recursos y medidas de forma coordinada, integral, interrelacionada y dinámica con el fin de evitar duplicidades en la atención y garantizar que se llega a quien lo necesita con una actuación de calidad.

Al mismo tiempo, se regulan herramientas como la valoración del caso, el plan individual de atención y la figura del profesional de referencia y las medidas de apoyo a la Red como el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción socio-laboral o los distintos acuerdos con operadores de suministros energéticos.

Junto a esto, se crea la figura del Comisionado de la Red para velar por su adecuado funcionamiento, la Comisión de seguimiento de la Red para hacer el seguimiento y propuestas de mejora y se asume el compromiso de elaborar, en el plazo de seis meses una vez aprobada la Ley, un mapa de los recursos de la Red para un conocimiento público de los miembros de la Red, los servicios que presta y dónde se prestan.