El PSOE exige 700 M€ de inversiones rurales para apoyar la Ley de Ordenación

Cuando el anteproyecto de la denominada ley de ordenación del territorio entra en su fase legislativa final el principal grupo de la oposición, el PSOE, ya ha exhibido ante el PP y el Gobierno autonómico sus exigencias para dar su respaldo a la primera norma de este tipo, que después de más de tres décadas de existencia tendría la Castilla y León.

Cuando restan quince días para que se cierre el periodo de enmiendas en las Cortes los socialistas han expuesto la necesidad de que el proyecto de ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios incorpore un plan de inversiones definido, cuantificado y localizado de aquí a 2020.

Así se lo hicieron saber en una reunión mantenida el pasado lunes en las dependencias de la Consejería de la Presidencia los procuradores socialistas Virgina Barcones y Luis Briones tanto al PP como al ejecutivo autonómico. Un encuentro, que no ha trascendido hasta ahora y que se ha llevado con sigilo, en el que, por parte del PP, acudió el viceportavoz, Ángel Ibáñez, y la viceconsejera de Ordenación del Territorio, María Diéguez. Tanto es el sigilo que la cita y su contenido era ayer una incógnita para la mayoría de los integrantes del grupo socialista en las Cortes.

Es verdad que la reunión también es desconocida para para muchos procuradores del PP. Pero en este caso, los negociadores tienen la autoridad y la confianza plena del número dos del gobierno, el también consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez.

Los parlamentarios socialistas expusieron la necesidad de incorporar a la ley un plan de inversiones de decenas de millones en el ámbito rural destinado a mejorar y construir nuevas infraestructuras sanitarias, educativas, así como a mejorar las telecomunicaciones de los territorios.

El PSOE entiende que este es el mandato que han recibido del Consejo de Alcaldes en una resolución de hace un año con quince exigencias.

Inversiones

Igualmente, los socialistas hicieron saber al gobierno y a su partido que «la única forma de que la ley de ordenación suponga una mejora de verdad para los habitantes de los territorios rurales es que haya inversiones que mejoren los servicios». Aunque los socialistas no entregaron un documento de inversiones específico, sí señalaron que su base es la moción presentada por su grupo el pasado noviembre bajo el título Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020.

En él hay un centenar de actuaciones que afectan al ámbito rural y que suman varias decenas de millones. Un plan que ronda los 700 millones de inversión. Aunque en el grupo socialista sospechan que también se ha incluido otro paquete de otros 300 millones de inversiones, desconocido por la mayoría de los procuradores socialistas.

Desconocer la exactitud de las inversiones que se proponen es algo que está generando malestar tanto en el seno del grupo parlamentario como en las dirección provinciales

Aunque no se llevó documento concreto alguno, durante la cita, al viceportavoz socialista exhibió la citada moción en una tablet y fue relatando las inversiones prioritarias, ante el silencio de los populares que se limitaron a escuchar. «Lo veremos y lo analizaremos y en la próxima reunión daremos nuestro punto de vista», expresó la viceportavoz del ramo, según expresaron fuentes del Ejecutivo autonómico a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN.

Igualmente, indicó que habría que incorporar un plan de mejora del transporte público para mejorar la prestación de los servicios educativos y sanitarios a los habitantes de las zonas rurales que fundamentalmente el documento agrupa, sirviéndose de las actuales áreas de salud.

Recelos del PP

En el PP, que han visto con recelo estas exigencias, esperan que se pormenorice el plan de inversiones en un nuevo encuentro previsto para la próxima semana.

Fundamentas sus recelos en la posibilidad de que dependiendo de las inversiones incorporadas el acuerdo pueda contar con el respaldo del famoso Consejo de Alcaldes que el PSOE sigue sin convocar.

Además, la totalidad de los secretarios provinciales expresó hace apenas tres semanas, en un Consejo Territorial que Tudanca evitó que trascendiera, la negativa a aprobar la ley sin no recogía las 16 exigencias del Consejo de Alcaldes. Especialmente, la primera, la que recoge la necesidad de incluir un mapa de servicios en la propia norma.

Esa negativa a la ley ya la han significado al menos cuatro federaciones provinciales: Salamanca, Palencia, Valladolid y León.

Dirigentes de la Junta también ha podido testar, a través de llamadas a dirigentes provinciales, que no existe un consenso en el PSOE ni una autoridad clara de Luis Tudanca a la hora de negociar este asunto de crucial importancia para el futuro de la Comunidad.

Es decir, a estas alturas del partido y después de meses de sigilosas reuniones, ni en la Junta ni el Grupo Popular dan un duro por el acuerdo. Y el PSOE parece mantenerse férrea su decisión de que sea esas inversiones gocen de rango de ley. «Si no a ver quién garantiza que se van a hacer», expresaron desde la cúpula del PSOE regional.

Es más, el gobierno consideran, «inasumible» incorporar a la ley un plan de inversiones de este volumen en la situación que todavía atraviesan las cuentas públicas, lastradas por la reducción del déficit. Y más cuando para proteger los servicios sociales se han reducido a la mínima expresión las inversiones en los últimos ejercicios de la crisis.

Lo cierto es que, en cualquier caso, esta comitiva parlamentaria socialistas formada por los que serán los dos ponentes de la ley por parte del equipo de Tudanca, no tienen la última palabra.

Será el Consejo de Alcaldes el que tenga que ratificarlo. Un órgano que Tudanca no piensa convocar hasta que la ley no entre en fase de ponencia, una vez resuelto el proceso de enmiendas.

Esto hace interpretar en el seno de los ‘populares’ que las exigencias, así como las discrepancias internas que vive el PSOE, inmerso en una cruenta travesía por el liderazgo nacional, son un argumento «para no llegar a nada y romper cualquier posibilidad de acuerdo».

La reunión de la semana que viene se aventura, aunque no definitiva, sí crucial para que los socialistas concreten esas inversiones y las demás exigencias en un documento.

En cualquier caso, el PSOE ya trabaja en un amplio paquete de propuestas y cambios a la ley que no harán llegar a las Cortes hasta el 15 de marzo, último día para la presentación de enmiendas. Siempre y cuando ningún grupo solicite que se amplíe ese plazo, lo cual dilataría todavía más la tramitación de la ley.

En determinados ámbitos del PSOE de Castilla y León, que no ocultan su malestar con la forma en la que Tudanca está gestionando estas y otras cuestiones, entienden que será difícil llegar a un acuerdo como ocurrió hace cinco años con Óscar López.

Hay que recordar que en aquella ocasión el hoy senador y director de campaña de Patxi López urdió, de un día para otro, un acuerdo con el PP a espaldas del entonces secretario regional, Julio Villarrubia. Aunque bien es cierto que por entonces López era número dos del PSOE federal y tenía el respaldo de la mayoría de procuradores y dirigentes regionales de su partido. Eso no ocurre ahora con Tudanca, tremenda y abiertamente cuestionado, sobre todo por las provincias afines a Susana Díez, la mayoría en Castilla y León.