Seis opositores de Psiquiatría recurren el examen y acusan al tribunal de enchufismo

Primero fue Medicina Interna y ahora es Psiquiatría. La sombra de fraude en las oposiciones para entrar en el cuerpo de médicos especialistas abarca, cada día, más áreas. Así lo constata un recurso dirigido a la consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso este periódico, que alega que dos de los miembros del tribunal calificador habrían favorecido a opositores pertenecientes a sus servicios o con los que tendrían una estrecha relación, con la consecuencia de que, de los 174 admitidos en la oposición, sólo 25 aprobasen. La consejería de Sanidad declaró ayer a este diario que habían solicitado al tribunal un informe que explicase las presuntas irregularidades y ofreciese su versión de los hechos.

«Es evidente que han querido que sólo consiguiesen plaza los de sus propios servicios», explica uno de los afectados, en situación de interinidad, que prefiere mantenerse en el anonimato. El proceso selectivo contemplaba 17 plazas para licenciado especialista en Psiquiatría. El examen, elaborado por el tribunal, consistía en un cuestionario formado por 150 preguntas con cuatro respuestas de las que sólo una de ellas era la correcta. Si bien la forma no levanta sospecha alguna, los contenidos preguntados despiertan, para los reclamantes, varias dudas. De las 115 cuestiones que se referían al temario específico –el resto abarcan aspectos legales y administrativos relacionados con la medicina–, 35 eran sobre historia de la psiquiatría, un área «apenas relacionada con la práctica clínica habitual».

Lo mismo ocurre con otras siete preguntas correspondientes a teorías sobre el psicoanálisis, una «corriente que no está dentro del temario como tal ni pertenece a la cartera de servicios de Sacyl pero que sí ha formado parte de los cursos impartidos por Fernando Colina –uno de los miembros del tribunal y Jefe de Servicio del Hospital Río Hortega– y por la aspirante con segunda mejor nota».

Los reclamantes inciden en esta acusación y afirman que Colina tiene «una relación personal directa con la aspirante que ocupa el segundo lugar», declaración que justifican aludiendo a que ambos «forman parte y tienen una colaboración muy estrecha en la asociación Revolución Delirante y la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)». En la documentación que presentan para acompañar al recurso, se aprecia como los nombres de ambos aparecen juntos en numerosos carteles de conferencias y encuentros sobre psiquiatría, así como en la presentación en la AEN de la opositora, en la que expresa que califica a Colina como su «padrino» en la asociación.

Debido a esta relación, los reclamantes aprecian una «clara falta de objetividad e imparcialidad en la Comisión de Evaluación» y entienden que tanto Colina como el otro afectado, Manuel Ángel Franco Martín –coordinador de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Zamora–, debieron abstenerse en cumplimiento del artículo 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que reza que uno de los motivos de abstención en oposiciones es «tener amistad íntima o enemistad manifiesta con los aspirantes». Sobre Franco, los reclamantes también observan este halo de sospecha «al pertenecer, el primer y el tercer aspirante con mejores notas de la oposición, al Servicio de Psiquiatría de Zamora».

Colina, al ser consultado por este diario sobre las acusaciones contra él, afirmó que «no tenía nada que decir».

Los reclamantes también aprecian visos de irregularidad en la abultada «diferencia de puntuación entre los aspirantes que ocupan los primeros puestos del listado de aprobados y pertenecen a los mismos servicios que los miembros del tribunal con respecto a los siguientes opositores». El aspecto más llamativo que citan es que, «entre el primero, que logró 81,05 puntos, y el octavo, que consiguió 61,06, hay una diferencia de casi veinte puntos sobre cien, lo que equivale a 30 preguntas más acertadas». En el recurso también aparece reflejado que, entre el tercero y el cuarto, existe una diferencia de diez puntos, «15 preguntas más acertadas en un sólo puesto». Estos números, para los seis reclamantes, indican que «hay elementos externos que distorsionan la normal distribución de puntuaciones de un proceso selectivo con un número elevado de aspirantes»

El escrito presentado a la consejería de Sanidad también alude a «la postura discrepante» de uno de los miembros del tribunal, Ángel Luis Montejo González –el vocal sindical–, si bien reconoce que «se desconocen los exactos términos en los que se ha pronunciado», una duda que motiva a los reclamantes a solicitar acceso al contenido «de las distintas actas levantadas por Montejo».

«Queremos esperar a ver qué contestación nos dan, pero creemos que este recurso no va a ir a ningún lado», explica uno de los reclamantes, quien asegura que, si bien en el caso de Medicina Interna el consejero «se ha mojado», en Psiquiatría «no nos está apoyando para nada». Esta fuente afirma que el siguiente paso que estudian, si tras el informe las cosas se mantienen igual, es «acudir a los tribunales», una medida que podrían emular otros afectados por unas irregularidades que parecen extenderse.