Urcacyl calcula 100 empleos en jaque con el veto a las gasolineras sin personal

Las cooperativas agrarias de Castilla y León aseguran que no pueden asumir el coste laboral que representaría tener personal en sus gasolineras durante todo el horario de atención al público, tal y como les obliga la Ley que ayer entró en vigor. Una situación que les ha llevado a presentar en las Cortes una Iniciativa Legislativa Popular para que se modifique la normativa que les exige contratar nuevo personal para seguir desarrollando esta actividad en horario nocturno y de fin de semana.

El director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, advierte que «la mayor parte de la actividad de distribución de carburantes por parte de las cooperativas puede desaparecer», ya que dejaría de ser rentable, «dejando desabastecido al medio rural». El responsable del sector de suministros, Leopoldo Quevedo, vinculó ayer a este servicio de distribución, directa o indirectamente, entre dos y tres personas en cada una de las cooperativas afectadas, unas setenta en Castilla y León, con 90 surtidores. De esta forma, estima que si se mantiene la prohibición de las gasolineras sin personal o ‘desatendidas’, unos cien empleos directos podrían peligrar en estas sociedades, ya que éstas se verían obligadas a suspender el servicio actual de suministro ante la imposibilidad de hacer frente a los costes, unos 0,17 euros el litro.

Urcacyl reclama una «excepción» normativa en el caso de las cooperativas, atendiendo a sus peculiaridades económicas y sociales. Piden que la normativa no afecte a las cooperativas agrarias, para las que la venta de combustible y carburante no es la actividad principal.

Lejos de los beneficios de esta norma, que fue aprobada en las Cortes con el apoyo del PP, PSOE y Podemos, el rechazo de Ciudadanos y la abstención de la UPL, las cooperativas denuncian sus repercusiones en el medio rural. El director de Urcacyl subraya que la nueva normativa supondrá una «falta de opciones a corto plazo para el suministro de carburantes para el sector agrario y rural», además de una «pérdida» de actividad económica en este entorno.

Los representantes de las cooperativas afectadas se reunían ayer para definir sus pasos a partir de este momento. La postura mayoritaria es «seguir como hasta hora», aunque saben que se enfrentan a sanciones entre 3.000 y 15.000 euros. Son conscientes de que si llegan las multas, «muchas sociedades no podrán continuar con esta actividad y se perderá empleo». La ILP deberá lograr el aval de 15.942 firmas, el 0,75% del censo de Castilla y León, en un proceso que saben puede prolongarse más de un año.