Del Olmo admite la "preocupación" por el efecto de la pérdida de población en la nueva financiación
La consejera coincide con PSOE y Podemos en la "trascendencia" de la evolución demográfica en el sistema de financiación a las autonomías
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, admitió hoy la “preocupación” de la Junta de Castilla y León por el impacto de la pérdida de población en el cómputo y variables que se abran en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y pidió a los grupos de las Cortes que “estén” en este asunto con el Ejecutivo de la Comunidad.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar las razones de la prórroga de las Cuentas de 2016 y el debate sobre las entregas a cuenta provisionales, inferiores a las del año anterior, el socialista Javier Izquierdo afirmó que la pérdida de población hará que la Comunidad reciba menos recursos también con el nuevo sistema de financiación.
Izquierdo manifestó que, aunque la Junta “dé vueltas” en la negociación sobre el IRPF u otros impuestos, la realidad será que la pérdida de población de estos últimos años pasará factura y la Comunidad volverá a contar con menos fondos en el nuevo modelo.
La consejera compartió con el socialista la trascendencia de la población y reconoció la “preocupación” con la pérdida de censo, pero reclamó que se mantenga el consenso entre el Ejecutivo y los grupos -pacto de financiación ya firmado- cuando se plantee, por ejemplo, una corrección en la población ajustada. “Hay cosas que chirrían”, aseveró.
En tal sentido, manifestó que la Junta “ya sabía” que el computo de la población en un 98 por ciento en el anterior sistema, cerrado en la etapa de Gobierno de Zapatero, no beneficiaba a Castilla y León y apostó por que en las variables pese el coste en la prestación de los servicios, como se acordó en la Conferencia de Presidentes.
Al debate, se unió el procurador de Podemos Félix Díez, también convencido de que la caída de la población tendrá un impacto y reflejo en la negociación de la nueva financiación, para la que en el plazo de un mes se tiene que constituir el grupo de expertos para iniciar el trabajo de su revisión.