CSIF prevé que la eliminación de la tasa de reposición obligará a crear más de 15.300 empleos públicos
El sindicato calcula que se debería recuperar la plantilla existente en el año 2010
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León cifra en más 15.300 el número de empleados públicos que el Ejecutivo autonómico debe tener en cuenta, “a la hora de abordar la recuperación del empleo público, una vez que el Gobierno apruebe la eliminación de la tasa de reposición, según informó hoy en un comunicado.
Así lo considera la responsable de Acción Sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández, que recordó que esos más 15.300 empleados públicos son los que se han perdido de enero de 2010 a julio de 2016, de acuerdo con el análisis realizado estos días por el sindicato independiente, entre los diferentes sectores.
“Afortunadamente, se abre, por primera vez desde hace años, un nuevo panorama en la recuperación del empleo público que necesitan nuestros servicios públicos básicos, para ofrecer la calidad que merecen los ciudadanos, y que ahora mismo están estrangulados por falta de recursos humanos”, apuntó Fernández, que añadió: "Ahora hay que esperar que el Gobierno central convierta en ‘ley’ la voluntad de los presidentes autonómicos. Si no lo hace será otra gran decepción para todos los ciudadanos, que esperan unos servicios públicos básicos de calidad, y también una oportunidad para encontrar un empleo, para el que se están formando desde hace tiempo”.
Además, CSIF entiende que la supresión de la tasa de reposición propiciará también la estabilización de las plantillas, en la medida que se convoquen nuevas oposiciones, ya sin el obstáculo de la tasa de oposición del Gobierno central, “que en ocasiones también ha servido de excusa, a las administraciones regional y locales”.
En el sector de educación, “como mínimo deben salir a oposiciones las plazas que se cubren por interinos y las vacantes de curso completo que se adjudican para todo el curso. Son 1.461 plazas en maestros y 3.081 en Enseñanzas Medias, lo que suma un total de 4.550", explicó Raquel Fernández. “Habría que recordar que la transformación de empleo de interinos a funcionarios de carrera no conlleva incremento presupuestario. Reducir la tasa de interinidad supone la consolidación de empleo y dotación de estabilidad a las plantillas, no un incremento de gasto para la Junta”, aclara Fernández, que remarca que “aun convocando esas más de 4.500 plazas, no se recuperarían los 1.500 profesores perdidos durante los años de la crisis”.
En el sector de la Administración General de la Junta (Agcyl), “la propuesta de convocatoria de plazas, sin la limitación de las tasas de reposición, es de 1.000 empleados públicos en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, para auxiliares de enfermería, cuidadores, trabajadores sociales, enfermeros, personal de servicios, técnicos de educación infantil, psicólogos, o empleados públicos gestores de dependencia”, señaló. "Cerca del 80 por ciento de los puestos de carácter estructural de esta Gerencia, los están ocupando personal interino”, lamentó.
"Hay que añadir la convocatoria de otras 900 plazas para la lucha contra incendios, para agentes medioambientales, bomberos forestales, conductores de motobomba, celadores de medioambiente y técnicos. A modo de ejemplo, los bomberos forestales o llamados fijos discontinuos tienen un 70 por ciento de interinidad”, denunció Fernández, quien recordó que en los últimos cinco años se han jubilado unos 2.800 empleados públicos que no se han sustituido, lo que ha supuesto a la Junta un ahorro de más de 350 millones de euros.
En el caso del sector de sanidad, CSIF estima se han perdido más de 6.100 empleados públicos en el Sacyl y en Administración Central, el número de empleados públicos que se han reducido, entre 2010 a 2016, son más 6.000; en la Administración Autonómica unos 2.300; en la Administración Local, unos 6.800; o en Universidad casi 200.
En ese periodo entre enero de 2010 y julio de 2016, y teniendo en cuenta los datos que maneja CSIF, en Ávila se han perdido un total de unos 1.000 empleados públicos, teniendo en cuenta todos los sectores; en Burgos unos 1.800; en León unos 2.700; en Palencia unos 530; en Salamanca unos 2.700; en Soria unos 400; en Segovia 1.100; en Valladolid unos 3.900 y en Zamora unos 1.200.