Un año y once meses en la calle

Casi un año y once meses, o lo que es lo mismo 688 días, son lo que van desde el 29 de enero de 2015 hasta hoy, es lo que lleva la policía local, Raquel Gago, paseando por la calle con total impunidad, pese a estar condenada como cómplice del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco.

Una situación de libertad que Gago le tiene que agradecer al magistrado de la Audiencia Provincial, Carlos Álvarez, el mismo que revocó la orden de prisión provisional dictada el 16 de mayo de 2014 por el Juzgado de Instrucción número 4 y que mantuvo a Gago en la calle, obligándola sólo a presentar una fianza de 30.000 euros –20.000 más que cuando dictó su salida de la prisión de Mansilla de las Mulas (León)–, incluso después de que el jurado la considerada culpable de asesinato.

Un juez, Carlos Álvarez, que en su sentencia como presidente del Jurado, ante la perplejidad de Fiscalía y acusaciones, enmendó el veredicto del jurado popular para rebajar la pena de Gago de 15 años a sólo cinco por encubrimiento y tenencia ilícita de armas.

La sentencia ahora del Tribunal Supremo, como antes la del Superior de Justicia de Castilla yLeón, supone todo un varapalo judicial para Carlos Álvarez, al devolver a Gago a la situación en la que la colocó el jurado: culpable del asesinato de Isabel Carrasco el 12 de mayo de 2014, junto a su amiga Triana Martínez y la madre de ésta y asesina confesa, Montserrat González.

Una situación de libertad que el fiscal exige que se revoque. Beatriz Llamas, la abogada que ejerce la acusación de la hija de Carrasco, va más allá y solicita ya el «inmediato ingreso en prisión» de Gago, ante el «evidente riesgo de fuga». Así consta en el escrito que ayer mismo registró la letrada en la Audiencia de León, nada más conocer que el Supremo condenaba a la policía local a 14 años, 12 como cómplice de asesinato y dos más por tenencia ilícita de armas.

Trato de favor

Pero si llamativa resulta la actitud del magistrado presidente del Tribunal del Jurado para con la policía local, igual de sorprendente es el trato de favor que Gago viene recibiendo desde el primer momento.

«Cierta condescencia», como lo definió la inspectora jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) durante su declaración en el juicio. Algo que justificó porque Gago «no deja de ser una compañera».

Se permitió que el policía Nacho, su amigo y a quien Gago llamó para decirle que acababa de encontrar el arma en su coche, fuera a recoger el revolver. Pese a estar en posesión del arma del crimen, se le toma declaración esa misma noche y se le deja en libertad sin cargos.

Días después, cuando la jueza de Instrucción número 4, encargada de la investigación del crimen, llama al juzgado a declarar, el jefe de la Policía Local de León, Martín Muñoz, pone su coche y un chófer a disposición de Gago, que la mete por el párking de los juzgados para no ser vista. De ahí, la complice de matar a Carrasco salió en el furgón policial de camino a la cárcel.

Trato de favor que también recibió en la prisión. Cuando el 29 de enero de 2015 el juez le permite salir a la calle, previo pago de una fianza de 10.000 euros, un funcionario, que después fue sancionado, tiró de su tarjeta para sacarla en su coche desde el párking reservado a los trabajadores, en lugar de andando y por la puerta principal, como el resto de presos.

Por no hablar de cómo sus compañeros tiraron de corporativismo para salir en tromba durante el juicio a declarar la ‘bondades’ de Gago. Algunos de estos agentes, como Luis Álvarez López y Luis Borraz Alonso, se atrevieron a escoltarla entre risas hasta la Audiencia el día de la vista en la que Carlos Álvarez decidió que siguiera en la calle.