Castilla y León pide al Gobierno que no «demonice» el azúcar
Junta, Opas, industria y cooperativas firman un manifiesto en contra del ‘impuesto dulce’, del que se descuelga la UCCL, UGT y CCOO
Rivero (Azucarera), González (Alianza), Marcos (Junta), Rico (Acor), Dujo (Asaja), De Miguel (Cecale) y Alonso (Urcacyl).-ICAL
Castilla y León mantiene su rechazo al denominado ‘impuesto dulce’ de Rajoy, y su intención de revertir la propuesta del Gobierno de implantar un gravamen especial en las bebidas carbonatadas y azucaradas. De no lograrlo, pide que la recaudación revierta en el sector remolachero-azucarero y compense las perdidas, Y es que este nuevo impuesto supondría, a juicio de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, «un torpedo en la línea de flotación» del sector, abocado a la eliminación de las cuotas en octubre de 2017.
La responsable de la Junta realizó ayer estas declaraciones, tras la firma del manifiesto suscrito por la Junta, ASAJA, la Alianza UPA-COAG, las cooperativas, la industria transformadora y los empresarios, en el que se reclama la retirada de la propuesta anunciada por Cristóbal Montoro. Un manifiesto, que será remitido al Gobierno, y del que se descolgaban la UCCL, UGT y CCOO.
En el caso de la Unión de Campesinos, su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín aludía a las «formas» empleadas desde la Consejería. Asegura que no fue hasta última hora del lunes cuando conocío un texto al que la organización no ha podido hacer aportaciones. En este sentido, desde la UCCL se insiste en que el principal problema de la remolacha no es el impuesto, que rechazan, sino la «incertidumbre» en las contrataciones del año que viene. Por eso creen que la Mesa del Azúcar es el foro adecuado para hablar de futuro y negociar este documento. Una Mesa sectorial cuya convocatoria la consejera de Agricultura ha confirmado para la próxima semana.
El problema para UGT y CCOO es, sin embargo, el contenido, cuya totalidad «no comparten». Además de considerar la firma «precipitada». UGT cree que el sector remolachero «no debería verse afectado por el nuevo impuesto». Eso sí, apuestan por que la recaudación revierta en el sector, e incluso por «potenciar otros usos agroindustriales del cultivo de la remolacha vinculados con la llamada química verde».
La consejera de agricultura pidió ayer que «no se demonice el azúcar», y recordó la importancia de este cultivo en Castilla y León. Comunidad donde se concentra el 85% de la producción y cuatro de las cinco plantas transformadoras. Hay que apuntar ademas que una cuarta parte del azúcar que se produce en Castilla y León se destina a bebidas carbonatadas y azucaradas. Por eso, el manifiesto pide un estudio del impacto de la medida en el sector.
El documento recoge el compromiso con la salud de los ciudadanos, y cuestiona que la medida recaudatoria sea la única vía para conseguir la reducción de consumos abusivos. La propuesta llega «en el peor momento», según las Opas. Así, rechazan que «el esfuerzo de todo un sector se lo lleve Montoro vía impuestos».