Podemos exige que se ponga fin a la «ley del oeste» de las eléctricas

El diputado y secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, exigió ayer al Gobierno central que ponga fin a la «ley del Oeste» de las compañías eléctricas para que «no jueguen» con la vida de las personas. Aprovechando la celebración de una jornada de trabajo de la formación morada en La Granja (Segovia) para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética, calificó de «inadmisible» que haya cortes de luz en los hogares en uno de los países más ricos de la Unión Europea y con unas empresas energéticas que obtienen altos beneficios gracias a los «abusos» tarifarios.

Mayoral destacó que la presión llevada a cabo por Podemos y otros colectivos sociales lograron que la pobreza energética sea un asunto de la agenda política. En ese sentido, precisó que su formación presentó una moción en el Congreso de los Diputados que el PP «no se atrevió a oponerse» y se vio obligado a la abstención. «No vale con una moción que es una declaración de intenciones sino que queremos medidas legislativas para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos», sentenció. El dirigente de la formación además recordó que España incumple la Observación General 4 del Comité de Naciones Unidas.

triple alianza

El acto, que contó con un centenar de diputados del partido y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos, también fue aprovechado para criticar la «triple alianza» conformada por el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. «El Gobierno ha logrado que el Partido Socialista sea un sostén de Rajoy como presidente y a los presupuestos del PP, que son de los ajustes y los recortes», opinó Mayoral.

Frente a esas formaciones, el dirigente de Podemos declaró que ellos estarán «en otra parte», al lado de los sectores populares que ven como una amenaza los recortes. Fue entonces cuando calificó de «barbaridad» que la ministra de Empleo diga en sede parlamentaria que los jubilados sigan trabajando tras la jubilación y un «insulto» para las millones de personas que están privadas de su derecho al trabajo o que sufren una precariedad «insoportable».