Las Cortes pide que se ofrezca en cuatro meses formación y empleo de calidad

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad instar a la Junta a realizar "esfuerzos" organizativos y estructurales en el programa de Garantía Juvenil para que en el plazo de cuatro meses los jóvenes inscritos pueda ofrecer un empleo y formación, así como ayudas al transporte para quienes tengan más dificultades para acceder a ello. Así lo recoge un texto que pactaron los grupos Popular, Socialista y Podemos durante el debate de una proposición no de ley en el pleno de las Cortes.

El texto, una enmienda transacional de siete puntos, insta a la Junta a programar actuaciones en colaboración con los consejos del Diálogo Social y de la Juventud para potenciar medidas que permitan a los jóvenes acceder a un empleo de calidad y estable, así como a ejecutar el Plan de Empleo Joven (2016-2020) y a desarrollar una campaña de información que fomente la inscripción.

También la iniciativa plantea la creación de una mesa de seguimiento y evaluación con las consejerías implicadas, los agentes sociales y económicos y el Consejo de la Juventud; fortalecer la capacitación técnica de los profesionales vinculados con la Garantía Juvenil, así como que la Junta se dirija al Gobierno para mejorar la coordinación entre las comunidades y para pedir que las inscripciones se realicen a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el sistema Nacional de Empleo.

Asimismo, la procuradora de Podemos Adela Pascual, que había defendido una proposición no de ley con 13 puntos, denunció la falta de eficacia del plan que obliga a los jóvenes a marcharse de la Comunidad. Puso de manifiesto la descoordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno, debido a la inexistencia de un organismo responsable y pidió la creación de una federación de agencias públicas de empleo dentro del SEPE.

El 'popular' Raúl de la Hoz reconoció que en su inicio el programa tuvo carencias, pero destacó la evolución positiva del desempleo juvenil, que bajó un 13 por ciento en el último año. Destacó que el programa forma parte del Plan de Empleo Joven, que cuenta con 180 millones, que incluye los 56,8 millones procedentes de Europa. Además, destacó la mejora de la coordinación y la puesta en marcha de la Red de Informadores y del nuevo modelo de inscripción, con 75 altas diarias, hasta alcanzar la cifra de 17.000.

El socialista Álvaro Lora denunció que el plan de Garantía Juvenil pretende reducir las listas del paro con un registro “opaco” donde se inscriben los interesados en este sistema y propuso en una enmienda de adicción que las peticiones se canalicen a través del Servicio Público de Empleo y que se integre en el sistema Nacional de Empleo. También pidió contemplar la atención específica a aquellos jóvenes con algún grado de discapacidad. En general, sostuvo que la Junta está convirtiendo en una obligación generacional que los jóvenes se tengan que ir de Castilla y León, donde se mezcla el paro juvenil con trabajo precario.

La parlamentaria de Ciudadanos Belén Rosado pidió que se haga autocrítica en Castilla y León y aseguró que España no haya ejecutado los fondos previstos. También censuró la falta de transparencia y de datos sobre el programa, aunque incidió en que su ejecución merece un “suspenso” en España. También denunció la “nula efectividad” del plan porque los jóvenes vuelven al paro y destacó que en Francia, donde ha tenido más éxito, se ha desarrollado a través de entidades nacionales.

Finalmente, el procurador del Grupo Mixto José Sarrión (IU) hizo una “crítica muy dura” al sistema de Garantía Juvenil, que aseguró ha cosechado un “fracaso estrepitoso”, y planteó aumentar la participación municipal con varias enmiendas. El 'leonesista' Luis Mariano Santos Reyero (UPL) sostuvo que la implantación del programa está teniendo “muchos problemas” por exigir la inscripción en una plataforma estatal y exigió “efectividad” y “calidad” en el empleo.