CORTES CIUDADANOS Y LA REFORMA ELECTORAL
‘Cese temporal’ de procuradores imputados
Ciudadanos presenta una proposición de ley para una reforma electoral que permita sustituir a los parlamentarios investigados en un proceso judicial y que se puedan reincorporar tras la sentencia o el sobreseimiento de la causa
La excusa para no dimitir ante una imputación porque truncaría injustamente una carrera política si luego se demuestra la inocencia ya no tendrá sentido si sale adelante la reforma de la ley electoral de Castilla y León que propone Ciudadanos, ya que contempla la sustitución temporal de los procuradores. También la reducción de las subvenciones a los partidos por los resultados electorales, dejar la campaña electoral en diez días, la obligatoriedad de elecciones primarias y, entre otras cosas, al menos dos debates electorales obligatorios en medios públicos o en los que los contratos públicos tengan un peso superior al 35% en los ingresos.
Ciudadanos ya tiene el texto de proposición de ley preparado y lo presentará en la próxima reunión de la Mesa de las Cortes. Su objetivo es introducir «mejoras en la calidad democrática» y al mismo tiempo «reducir el coste de los procesos electorales». También aumenta las incompatibilidades para ser procurador, en concreto para quienes los miembros de corporaciones en municipios de más de 20.000 habitantes.
Una de las propuestas más novedosas es la posibilidad de sustituir temporalmente a los procuradores, de forma que podrían dejar la actividad por un tiempo y reincorporarse al escaño cuando cesen las causas que provocaron su salida.
Entre los motivos para esta sustitución, según la propuesta de Ciudadanos a la que ha tenido acceso EL MUNDO CASTILLA Y LEÓN, figura la baja por enfermedad o lesión superior a 30 días, el permiso por paternidad u otras circunstancias de índole personal debidamente acreditadas que impidan su labor durante un mínimo de 30 días y un máximo de seis meses prorrogables por otros seis.
Pero la causa más oportuna políticamente, teniendo en cuenta los casos que se han producido en España, es «cuando se dicte una resolución judicial en que le tenga (al procurador) por investigado o encausado en un procedimiento penal». «En este caso», continúa la propuesta de Ciudadanos, «la sustitución se extenderá hasta que recaiga sentencia o se dicte resolución acordando el sobreseimiento».
Otro debate que se cerraría en el caso de que se acepte la propuesta de Ciudadanos es el de las elecciones primarias, ya que sería obligatorio «un procedimiento que garantice un proceso democrático de concurrencia de candidatos y la participación, al menos, de los militantes».
Dentro del objetivo de abaratar el coste de los procesos electorales, Ciudadanos propone acortar las campañas electorales a diez días, cinco menos que los actuales. Asimismo, reduce las subvenciones que los grupos obtienen por sus resultados electorales. Los fija en 4.500 euros por escaño (en las últimas el procurador salía 10.205 euros) y en 18 céntimos por voto, desde los 40 de los últimos comicios.
En las últimas elecciones autonómicas, a los partidos que obtuvieron representación les correspondió, en conjunto, más de 1,35 millones de euros. Con la propuesta de Ciudadanos habrían cobrado poco más de 605.000 euros, menos del 45%.
C’s también propone rebajar el límite de gasto electoral por partido a 15 céntimos por habitante de la población de derecho de la circunscripción donde presenten sus candidaturas. En la última cita electoral se fijaron 38 céntimos. Otra rebaja propuesta es establecer en 12 céntimos por elector, desde los 19 actuales, los gastos electorales por el envío directo y personal de sobres y papeletas electorales. La Consejería de Economía podría actualizar las cantidades en cada elección con el límite del IPC.
Ciudadanos también propone añadir una causa para incompatibilidad para presentarse a las elecciones, ser miembro de una corporación local de más de 20.000 habitantes de Castilla y León.
La propuesta contempla, además, que la Junta asegure la existencia de documentación en braille que acompañe a las papeletas y sobres de votación normalizados para permitir la autonomía y plena garantía para el secreto de sufragio a las personas invidentes o con discapacidad visual grave.
La propuesta afecta a los medios de comunicación público o con subvenciones y contratos que superen el 35% de los ingresos. Deberán organizar al menos dos debates entre candidatos a la Presidencia.