Caen un 39% los casos penales que llegan al juzgado por la nueva ley

A los juzgados de Castilla y León llegan hoy menos casos. Entre abril y junio de este año entraron 75.253. Son exactamente un 29% menos de asuntos que en el mismo periodo del año pasado. Y ya se acumulan dos trimestres consecutivos de rebajas (el anterior más acusado incluso).

La causa principal: la entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por la que los atestados policiales en los que no existe autor conocido ya no se remiten a los juzgados de instrucción.

Por ello, según el informe la Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre del 2016, dado ayer a conocer por el Consejo General del Poder Judicial, el descenso más apreciable se observa en la jurisdicción penal. Los 30.464 asuntos que ingresaron representan un 39,4% menos que un año antes. Esta disminución en Castilla y León fue 2,3 puntos inferior a la registrada a nivel nacional.

El resto de juzgados también recibieron menos temas. En la jurisdicción civil la caída fue de un 15,2%, mientras que en la contencioso-administrativa lo hizo un 11,7%. En los juzgados de lo social la merma fue del 7,2%, lo que contrasta con el incremento anotado en España.

Entran menos casos, pero también se resuelven menos. En concreto, durante ese periodo se resolvieron 82.986 asuntos, un 23% menos. Aunque, como recuerda el CGPJ, el dato no es comparable porque en ese momento no había entrado en vigor la reforma legal.

En cualquier caso, la comparativa con el resto de autonomías pone en evidencia que los juzgados de Castilla y León presentan la tercera tasa de resolución (relación entre resueltos e ingresados) más alta de toda España, con 1,10, frente al 1,08 de España. Sólo le supera la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Todo ello contribuyó a que el número de casos pendientes se rebajara un 17%. Al cierre del segundo trimestre todavía quedaban pendientes un total de 82.483 casos.

Entonces, ¿siguen congestionados los juzgados castellanos y leoneses? Sí, pero en menor medida que la media de España. Con una tasa del 1,98, Castilla y León figura como la quinta autonomía menos saturada, muy lejos del 2,26 nacional. Navarra, Asturias, Aragón y Cantabria presenten menor proporción entre los casos pendientes e ingresados sobre los resueltos que Castilla y León.

Pese a que en todas las jurisdicciones, Castilla y León está por debajo de la media, el mayor ‘tapón’ se produce en los juzgados de contencioso-administrativo, con una tasa de 2,84. La menor saturación, en los de penal.

Por provincias, son los de León, en su conjunto, los más ‘atascados’. Su tasa de congestión está muy próxima a la media nacional. Por contra, son los de Valladolid los que presentan menores índices. Según esta estadística, los tribunales de Ávila son los que alcanzan la mayor tasa de resolución de toda España (1,30), aupada sobre todo por los índices de lo civil.

MENOS LITIGIOS QUE LA MEDIA

La tasa de litigiosidad en Castilla y León ascendió a 30,8 casos por cada 1.000 habitantes, prácticamente cuatro puntos más que la media de España, y muy lejos de los 40 casos por mil habitantes de Canarias o de Andalucía. La registrada durante el segundo trimestre es muy similar a la del anterior. Eso sitúa a Castilla y León como la octava autonomía en la que sus ciudadanos acudieron en menor medida a los juzgados.

Los menores índices se observan en los juzgados de lo contencioso-administrativo. En el otro lado de la balanza se colocan los que van por vía penal. Los castellanos y leoneses presentaron 15,4 casos por motivos penales por cada mil habitantes. Ninguna provincia castellana y leonesa superó en ese periodo el promedio de litigios interpuestos en España, si bien las que más se aproximaron fueron Segovia, con 29,5 casos por cada mil habitantes, y León, con 30,7. Por contra, la que en menor proporción acudió a los tribunales fue Soria, con 23 casos por cada mil vecinos.