La empresa concesionaria del Hospital de Burgos soporta "pérdidas continuadas"

El exdirector general de Eficanza, José María Campo, destacó hoy que la empresa concesionaria de la construcción, mantenimiento y gestión de servicios no asistenciales del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) soporta “pérdidas continuadas” desde su puesta en marcha, lo que a su juicio demuestra que la compañía antepone los intereses de los burgaleses, por delante de los empresariales. Por ello, consideró que el proyecto ha sido “injustamente tratado” y “politizado”.

Campo compareció ante la Comisión de Investigación de las Cortes sobre el Hospital Universitario de Burgos para informar sobre la construcción, equipamiento, modificados y reequilibrios, funcionamiento de los servicios externalizados, recursos contenciosos e imposición de penalidades. Explicó que dejó su cargo en abril, tras entrar en Eficanza en mayo de 2008 como subdirector, cargo que dejó al ser nombrado director general de la compañía.

Al respecto, la socialista Mercedes Martín recordó la posición crítica de la sociedad con el modelo de concesión, que defendió el compareciente, y destacó el “perjuicio” que ocasionará a las arcas de la Comunidad en el futuro puesto que aseguró que los cambios en el proyecto han tenido un “efecto multiplicador” en los costes, pasando de 1.010 a 1.667 millones. “La finalidad de la concesionaria es ganar dinero”, dijo la procuradora abulense, si bien Campo negó que la rentabilidad haya primado sobre la calidad.

En su intervención, el exdirectivo afirmó que los responsables del proyecto se han dejado la “cabeza” y el “corazón” en este nuevo hospital, que recalcó es el que tiene “más potencial” de la Comunidad. Ante las críticas a este proyecto, que originariamente la Junta diseñó para un centro “público público”, sostuvo que los costes resisten “cualquier ejercicio de comparación con otra obra similar”. Por ello, hizo un balance “plenamente satisfactorio”, tanto por la puesta en marcha de forma “modélica” de la infraestructura como por el “impecable” traslado de los servicios.

Asimismo, Campo remarcó que el proyecto sufrió mejoras significativas que incrementaron la inversión en la misma proporción que la dimensión y el equipamiento. Además, sostuvo que los ajustes aplicados son “necesarios” para mantener el correcto funcionamiento y destacó que se toman en “armonía” entre la empresa y la administración. También señaló que la Junta está abonando el canon con la periodicidad marcada.

Los representantes de Podemos y Ciudadanos Laura Domínguez y Manuel Mitadiel se refirieron a la firma del modificado del emplazamiento, que aseguraron se produjo cuando ya estaba en obras. Campo explicó que con las primeras perforaciones se detectó una inestabilidad del terreno que obligó -dijo- a parar la obra y modificar el “proyecto por completo”. Además, negó que fuera un retraso deliberado y advirtió de que seguir ejecutando los trabajos hubiera sido una “temeridad”. Todo ello, recalcó, exige normalmente un reequilibrio que en este caso se demoró, lo que hizo que los bancos no mantuvieran la financiación para un proyecto que terminó siendo diferente.

“Con toda la buena voluntad y la colaboración de la administración lo que se hizo es que los burgaleses pudieran disponer de un nuevo hospital”, recalcó y añadió que el cambio de emplazamiento dejó un mayor espacio que hizo que el hospital cambiara y adquiriera un mayor nivel asistencial. “En aquella época vivíamos una época de proyectos faraónicos”, admitió, pero señaló que es el único que tiene espacio de “reserva” para espacios futuros.

La parlamentaria socialista sostuvo que no se explican los modificados del contrato firmado para 40 años, puesto que a su juicio se entiende que debería haberse hecho de forma exhaustiva. “Se adjudica un proyecto al que se le iba a dar la vuelta completamente”, señaló y consideró que igual la Junta debería haber planteado un nuevo contrato. Mercedes Martín afirmó que la falta de solvencia de la empresa hizo que no cumpliera con el programa de inversión y denunció que no fuera sancionada. También cuestionó que la Junta planteara los modificados y censuró su “efecto multiplicador”.

De la misma forma, el portavoz del Grupo Mixto José Sarrión se refirió a las causas de los retrasos en la construcción y puso de manifiesto los “desfases” en las inversión comprometida y la real, que aseguró no llegaba al 60 por ciento a un mes de su entrega a la administración. Además, planteó dudas sobre los reequilibrios y el elevado número de subcontrataciones. También, la procuradora Laura Domínguez expuso que Eficanza “trata de arrogarse cierto beneficios” que no le correspondían de acuerdo al contrato. Campo consideró que los reequilibrios han sido “insuficientes” y añadió sobre los “litigios” que la administración ha hecho cada vez una interpretación más favorable a sus intereses.

Equipamiento y reposición

También, Domínguez expresó sus dudas sobre las reposiciones de equipamiento en el futuro y el exdirectivo de la concesionaria remarcó que el plan de reposiciones es “muy exhaustivo”. Sobre la compra del equipamiento, Mitadiel pidió aclaraciones en relación a la intervención de la concesionaria, con un coste de 660.000 euros por la “comisión de compras”. El exdirectivo destacó el trabajo desarrollado para analizar las ofertas y argumentó que este hospital en lo tecnológico está “fuera de lo común”.

Además, el procurador de C's cuestionó el control de la obra por deficiencias, como las “grietas” en soleras de hormigón. Al respecto, Campo destacó el nivel de calidad del complejo, que aseguró no tienen muchas de las infraestructuras ejecutadas en los últimos años, así como las revisiones de la empresa contratada para examinar la infraestructura. También, la procuradora de Podemos planteó si los menores costes en la gestión de servicios no asistenciales se deben a que cuenten menos personal. Sin embargo, Campo destacó que optaron por un modelo de “especialización” en la elección de empresas.

Satisfacción

Por el contrario, el 'popular' Ángel Ibáñez consideró que el compareciente hizo una defensa “numantina” de la sanidad pública, ante las críticas de Mercedes Martín, y planteó si es “ruinosa” para la administración la actual gestión de servicios no asistenciales y si el modelo del HUBU pueda extenderse a otros territorios. “Han pasado políticos y técnicos de la mayoría de las comunidades autónomas y les aseguro que no es que hicieran una valoración positiva, sino que se han planteado soluciones organizativas, que no se habían planteado en España, que buscan la eficacia y la eficiencia”, dijo el exdirector general de Eficanza.

También Ibáñez destacó que hasta ahora nadie ha sostenido en la Comisión que el HUBU sea un centro “privado” y un “negocio a costa de la salud de los burgaleses”. “Uno tras otro los comparecientes nos vienen a decir que el acceso es libre, gratuito y universal. Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía”, apostilló. Finalmente, José María Campo remarcó que el hospital contaba, cuando dejó la sociedad, con un 6,71 de valoración y que algunos servicios no asistenciales superan el siete.