La Junta insiste en que es “firme” la declaración de impacto ambiental de la mina de Retortillo que la oposición pide revisar

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió hoy que la declaración de impacto ambiental que recoge la autorización minera de la explotación de uranio de Retorillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca) es “firme”, tanto administrativa, como judicialmente. Sin embargo, la oposición de los grupos Socialista, Podemos, Ciudadanos y Mixto de las Cortes reclamaron su revisión al no hacer referencia a la planta de tratamiento y la existencia de minerales radioactivos.

Suárez-Quiñones, que atendió este miércoles tres peticiones de comparecencia ante la Comisión del ramo en las Cortes, destacó que en este proyecto “complejo” solo está pendiente, por parte de la Junta, la autorización de uso excepcional de suelo rústico. Sobre la autorización ambiental favorable destacó que se basa en 14 estudios de expertos de la Universidad de Salamanca y consultores y recordó que incluye 18 condicionantes. Además, recalcó que la autorización minera en la que se engloba no fue recurrida.

Además, el consejero recalcó que un parlamento no es quien para intervenir en el trámite de un expediente administrativo y aseguró que la anulación de la declaración o modificación solo puede ordenarlo un juez. Así respondió, después de que el portavoz Socialista en la Comisión, Juan Luis Cepa, pidiera que se realizara una nueva declaración de impacto ambiental al conocerse la ubicación de una planta de tratamiento y un “cementerio” nuclear. “Hay motivos más que de sobra para reactivar la Declaración de Impacto Ambiental”, dijo.

También planteó esta demanda el procurador del Grupo Mixto José Sarrión (IU-Equo), quien señaló que la Declaración no recoge la relación de residuos radioactivos de la explotación, que recalcó contará con una planta de beneficio, de concentración. Por ello, aseguró su fuerza ha presentado iniciativas parlamentarias al respecto, que han contado con el apoyo de otros grupos.

Ademas, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, David Castaño, aseguró que el proyecto será suprautonómico, por lo que consideró debería haber sido otorgada por el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación. De la misma forma, la portavoz del Grupo Podemos en la Comisión, Isabel Muñoz, sostuvo que la declaración tendría que volver a reformularse y aseguró: “Todo apunta que en esa declaración de impacto ambiental no se han tenido en cuenta muchísimas cosas”, afirmó.

Por su parte, el procurador de C's aseguró que se ha seguido un procedimiento muy complejo, pero señaló que el estudio es “pobre”, “no cubre muchas facetas”, no es “muy detallado” y aseguró que hay técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y del Ministerio también lo consideran así. El consejero le aclaró que el permiso no se realizó antes de que se pronunciara el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Preocupación

Cepa se preguntó qué sentido tiene una explotación de diez años, que aseguró a perjudicar al balneario de Retortillo. Sarrión expresó su rechazo a la energía nuclear y recalcó que la zona se vería obligada a depender de esta explotación minera y advirtió de las consecuencias que tendría para el futuro generar una “nueva dependencia” sobre un proyecto que tiene una vida media de diez años.

La portavoz del Grupo Podemos en la Comisión, Isabel Muñoz, aseguró que el proyecto va a suponer un “desastre” y que “no es lo más aconsejable para el desarrollo de la zona”, que recordó es eminentemente agrícola y ganadera. A su juicio, supone un riesgo de contaminación y aseguró que se trata de explotaciones limitadas en el tiempo que ocasionan más trastornos, que beneficios. También Muñoz puso el acento por el “control” sobre el incumplimiento de las medidas correctoras establecidas.

Además, Cepa insistió en la oposición a la explotación minera por la corta de encinas o el vertido al río Yeltes y recordó que no llegaron los fondos prometidos para la restauración de otra mina de la comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca), en Saelices el Chico.

Sobre la preocupación que mostraron los procuradores, Suárez-Quiñones aseguró que debe pasar de la manifestada en una “charla de café” a la que propongan los expertos y técnicos, que han participado en la tramitación de los diferentes informes. Así apeló a la responsabilidad y confió en la diligencia de los empleados públicos. También, argumentó que la administración tiene que respetar la libertad de las empresas a establecerse en una zona.

Autorización de suelo

Asimismo, sobre el uso del suelo excepcional, que la empresa inició y que forma parte de la licencia municipal, el consejero informó de que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo devolvió el expediente a los ayuntamientos para subsanar las deficiencias. De momento, solo la empresa ha vuelto a poner en marcha el expediente en Retortillo.

Cepa recalcó que el Ayuntameinto de Retortillo, la secretaria trabaja seis horas a la semana, resolver 1.000 alegaciones, y opinó que en un proyecto de esta envergadura requiere la ayuda de otras administraciones. Al respecto, el consejero defendió que la información pública para este permiso no era la “adecuada”. “La empresa ha tenido que volver atrás”, dijo y recordó que para el auxilio de las entidades locales está la Diputación.

Suárez-Quiñones aseguró que se trata de una autorización reglada, que cuenta con la declaración de interés público porque la Ley de Minas así lo recoge para las explotaciones con autorización minera. El consejero recalcó que el impacto sobre el medio ambiente, aunque afecte a una zona con protección, se dictamina en la declaración de impacto ambiental.

Críticas

El consejero pidió separar los debates privados, “de café reiteró, por la posición pública de los dirigentes con responsabilidades, después de que Sarrión demandara una respuesta a la Junta sobre la operación urbanística para comprar los terrenos donde se ubicarán las oficinas o el pago de asesores en Bruselas de personas vinculadas al comisario Miguel Arias Cañete.

Además, Isabel Muñoz recalcó que el expediente es “farragoso” e “irregular” y añadió que está lleno de “mentiras”, mientras el procurador de C's se refirió a los vínculos con el “conseguidor” Manuel Lamela. El titular de Fomento aseguró que no conocen a esa persona y le pidió a ambos confianza sobre la actuación de las instituciones. Además, recordó que si no se cumple con la ley los jueces pueden dejar sin efecto una resolución.

En nombre del Grupo Popular, Julián Ramos lamentó las afirmaciones “insultantes” de algunos procuradores que desconocen el asunto y que trataron de dar una imagen “dañina” de la realidad. El procurador censuró que se ponga en duda el procedimiento seguido por las diferentes administraciones y la actuación de los técnicos. “La Junta ha actuado y actúa en base a informes técnicos y todo lo demás que se diga es ensuciar y embarrar la tramitación de este proyecto”.