La rendición de cuentas en los ayuntamientos baja hasta el 84%

El informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León de 2014, aprobado ayer en Ávila por el Consejo de Cuentas, demuestra una mejora significativa en la rendición de cuentas desde que en 2006 se implantó la tramitación telemática. Ese margen de mejora se tradujo en 2013 en los niveles más altos de la serie histórica, alcanzando en el caso de los ayuntamientos el 86%, frente al 84,4% de los consistorios que al año siguiente, el último cerrado hasta ahora, presentaron sus números. Esta cifra supone un retroceso de 1,6 puntos, lo que supone 38 ayuntamientos menos que el ejercicio anterior.

En este sentido, el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, señaló que los municipios de las provincias de Burgos y Soria fueron los que presentaron los índices de incumplimiento más elevados con disminuciones del 8 y del 5% respectivamente. Pese a que este retroceso es pequeño, se trata del primero de los últimos años, lo que hizo que Encabo se mostrara relativamente satisfecho, aunque después añadiera que nada será perfecto hasta que el 100% de los ayuntamientos presenten sus cuentas al final de cada ejercicio.

No obstante, precisó que actualmente los datos correspondientes al año 2014 elevan al 91,3% los consistorios que sí han rendido cuentas respecto a la contabilidad de ese año, mientras que en el caso de las entidades locales menores esa cantidad se sitúa en el 86,6%. Esta última cifra es diez puntos mayor al 76,7% con el que concluyó 2014. Se trata de un dato significativamente bajo, en contraste con el 94,4% alcanzado en 2013, lo que se tradujo en una bajada de 17,7 puntos.

El presidente del Consejo de Cuentas vinculó este dato con el hecho de que el año 2013 estuvo «excepcionalmente condicionado por la influencia» de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ese ejercicio estableció que la falta de rendición de cuentas habría sido causa de disolución de las entidades locales menores. Junto a estos datos, el informe anual de las cuentas del sector público local que por tercera vez se aprueba fuera de la sede del Consejo pone de relieve aspectos significativos que hacen referencia a los incumplimientos del periodo comprendido entre 2005 y 2014.

En ese periodo de tiempo, un total de 618 ayuntamientos, es decir, el 27,5% de los de la Comunidad, tenían pendiente la rendición de cuentas durante varios ejercicios, lo que supone 74 menos que el año pasado. De todos ellos, 25 -14 menos que un ejercicio antes- no han rendido cuentas nunca durante la última década.

En el global de las 4.815 entidades locales de Castilla y León, el 79,1% de todas ellas sí rindieron cuentas en 2014, lo que supone un total de 3.808, frente a las 1.007 -20,9%- que incumplieron con su obligación, de las cuales 351 son ayuntamientos entre los que figuran 10 con una población superior a los 5.000 habitantes. Por su parte, de los 111 entes dependientes que figuran en el informe, el 77,5% sí rindieron cuentas, mientras que el 22,5% no lo hizo. Respecto al total de las cuentas rendidas en 2014 por el sector público de la Comunidad hace dos ejercicios, el informe señala que las entidades locales reconocieron obligaciones por in total de 2.883 millones de euros, mientras que los derechos ascendieron a 2.988, lo que arroja un resultado agregado de 105 millones de euros.

El informe aprobado ayer en Ávila también pone de relieve cómo un 71% de todos los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales son gestionados por los municipios, de los cuales en torno a la mitad corresponden a las nueve capitales de provincia de la Comunidad.

Mientras tanto, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por el equivalente a un 25% del total, mientras que otras entidades locales gestionaron en torno al 4% restante. El informe incorpora este año el análisis de la contratación administrativa de las entidades locales que atendiendo al nuevo marco legal, también tienen la obligación de remitir al Consejo la relación anual de los expedientes formalizados o la certificación negativa.

«Las entidades locales no son un problema económico»

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, defendió ayer que las entidades locales «no son un problema económico» para las cuentas públicas de la comunidad o del país, tal y como a su juicio lo demuestran «palmariamente» las cifras.

Unas cifras que en 2014 demostraron que los derechos reconocidos fueron superiores a las obligaciones reconocidas en 105 millones de euros. «No se puede imputar a las entidades locales la responsabilidad del déficit o del endeudamiento», sostuvo, después de haber insistido en que la situación de endeudamiento del país «no es del mundo local».

Estas palabras se produjeron durante la reunión que el pleno de esta institución celebró en la Diputación de Ávila, después de haberlo hecho en ejercicios anteriores en las instituciones provinciales de Segovia y Soria, con el objetivo de «divulgar» en la región el trabajo del Consejo y de «impulsar» el cumplimiento de la obligación legal de rendir cuentas por parte de las entidades locales. Encabo estuvo acompañado por el presidente de la Diputación abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien agradeció que este organismo se desplazara en esta ocasión hasta Ávila para aprobar el informe anual sobre las cuentas del sector público local de la Comunidad en 2014.

En este contexto, Sánchez Cabrera hizo hincapié en el papel de este organismo cuyo objetivo consiste en «velar por la transparencia en las Administraciones Públicas y su cumplimiento». Por otra parte, hizo un llamamiento a los ayuntamientos de la provincia de Ávila para que sean «ambiciosos». Además, puso en valor el papel que juegan las diputaciones en provincias como Castilla y León en ámbitos como el económico «al dar apoyo a aquellas localidades que, por su tamaño, se ven con dificultades para contar con una plantilla suficiente como para cumplir con la gestión económico-administrativa diaria que exige la normativa».

Al respecto, comento que se trata de «una de las principales encomiendas» de las corporaciones provinciales, que en el caso de la abulense ha puesto en marcha reformas para mejorar la asistencia y el asesoramiento tanto a los municipios como a sus habitantes.