Cuatro años de cárcel para Martínez Parra por la cantera de Las Médulas
El Supremo confirma la condena al consejero delegado de Catisa y le obliga a pagar 475.000 euros

Cantera de Catisa en La Médulas.-EL MUNDO
Deteriorar el paisaje y contaminar durante diez años un espacio especialmente protegido como Las Médulas se paga con la cárcel y con dinero. El consejero delegado de la cantera Catisa ha perdido su recurso en el Supremo, que confirma la pena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 475.000 euros.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de cuatro años de cárcel para José Luís Martínez Parra, consejero delegado de la empresa Catisa, que explotó durante más de diez años una cantera de piedra caliza en Carucedo (León), provocando la alteración del paisaje del Espacio Natural de Las Médulas, y realizando vertidos a un arroyo y un embalse cercanos.
La resolución del alto tribunal ratifica la condena que la Audiencia de León impuso al empresario, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, el condenado deberá pagar 475.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para actuaciones de restauración en la citada cantera, denominada Peña del Rego, situada en la zona periférica de protección de Las Médulas.
La sentencia considera de «gravedad extrema» la alteración del paisaje de Las Médulas provocada por la cantera, al crear artificialmente un inmenso páramo. El texto de la resolución también considera «muy graves» los vertidos al cauce fluvial del arroyo Balado y el embalse de Peñarrubia, procedentes de la escorrentía de la explotación.
El Tribunal Supremo subraya que al menos durante diez años, en los cuales el recurrente fue consejero delegado de la empresa, la misma «actuó sin licencia y sin evaluación del impacto ambiental lo que era conocido por el acusado, como directivo de una compañía que actuaba a cielo abierto en un paraje especialmente protegido». La sentencia indica que «la licencia se pidió en 2007 cuando era precisa desde años antes», y que el acusado «conocía o debía conocer el riesgo y los daños ecológicos en el paisaje con la realización de vertidos al arroyo y al embalse».
El hecho de que Martínez Parra conociera los riesgos y no actuara para frenarlos es considerado como «conducta dolosa» por la sentencia, pues «dada la actividad arriesgada y las exigencias derivadas de la singularidad de la industria realizada no cabe argüir un desconocimiento de la normativa aplicable, pues la singularidad de la industria exige un estudio consciente de la normativa aplicable, precisamente para subvenir el riesgo especialmente protegido».