Las Cortes mostrarán un apoyo unánime al sector lácteo de la Comunidad en el próximo pleno

Las Cortes de Castilla y León aprobarán, por unanimidad, durante el pleno de la próxima semana una Proposición no de Ley de apoyo al sector lácteo de la Comunidad, tal y como se pactó hoy durante la reunión de la Junta de Portavoces, donde también se llegó a un acuerdo para crear una comisión no permanente para plantear propuestas e iniciativas dirigidas a luchar contra la violencia de género y favorecer la igualdad.

Así lo señalaron todos los portavoces de los grupos tras el encuentro en el que detallaron cuáles serán sus principales iniciativas durante el pleno ordinario que se celebrará el próximo martes y el miércoles en el Parlamento autonómico.

El apoyo al sector lácteo, a cuya iniciativa votarán a favor todos los grupos, reivindicará las medidas del decálogo aprobado en la Mesa de la Leche, tal y como explicó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, así como la creación de un grupo de trabajo donde estarán representados los grupos y las asociaciones del sector.

La creación de una comisión no permanente tiene como objetivo, según señaló el procurador de IU, José Sarrión, impulsor junto a Podemos de esta comisión, el desarrollo legislativo de la lucha contra la violencia de género.

Del mismo modo, todos los grupos, excepto el PP, defenderán también una Proposición no de Ley de apoyo a los grupos de investigación y a favor de la I+D+i en Castilla y León. Así, tal y como explicó el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, es necesario que se establezca con el objetivo 2020 destinar un tres por ciento del PIB a la investigación como motor de creación de empleo y riqueza en Castilla y León.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular incidió en que es necesario dedicar los fondos a la investigación que demandan las empresas y que contribuyen a la creación de empleo y riqueza porque, de lo contrario, argumentó, será “una pérdida de oportunidades”.

Otro de los asuntos abordados en la Junta de Portavoces, fue la polémica generada en el anterior pleno por la actuación de los grupos y de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.

En este sentido, Luis Fuentes aseguró que las situaciones de “falta de respeto” que se vivió en el último pleno “no deben volver a suceder”.

En este sentido, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, pidió respeto para la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, porque es la representante institucional de todos los castellanos y leoneses. Los plenos, a su juicio, son para debatir, argumentar y convencer con argumentos y no “con chillidos, ni con alboroto”. “Hay que estar a la altura del debate político, de ideas y no de ruidos”.

Por su parte, Tudanca recordó que el debate político tiene que ser “intenso y vivo” y advirtió que “nadie le va a decir al PSOE” de lo que tiene que debatir en los plenos. En ningún caso, dijo, ha realizado ninguna manifestación de “falta de respeto o injuriante”.

Según el socialista, se trata más de una estrategia del PP de para “tapar sus vergüenzas” y sus “problemas internos” para que en el Parlamento no se hable de lo importante que, para el PSOE, es hablar de cómo se resuelven los problemas de los ciudadanos. “El PP no le va a decir al PSOE de qué tiene que hablar y, aunque les duela, seguirá hablando de los casos de corrupción”.

Por su parte, el portavoz del PP acusó a algunos grupos de dedicarse a presentar iniciativas que son “otros asuntos” y no los que afectan a los ciudadanos de Castilla y León que, para el PP, son el empleo, los servicios públicos y la cohesión social.

Además, Podemos ha presentado una solicitud para crear una comisión de investigación sobre lo que considera “el saqueo” de las cajas de ahorros de Castilla y León, aunque dudó que PP y PSOE se vayan a sumar.

En este sentido, Luis Tudanca recordó que el PSOE llevaba este asunto en su programa electoral y “no hay ninguna duda que no nos vamos a oponer”, subrayó, mientras que Fernández Carriedo abogó por esperar a conocer la propuesta antes de valorarla.

Propuestas de los grupos

Tudanca también anunció que preguntará Herrera sobre los problemas del sector lácteo y por el anuncio del cierre de la fábrica de Lauki en Valladolid, al tiempo que pedirá a la Junta que haga uso de sus competencias y desarrolle la Ley Agraria, aprobada hace dos años. Del mismo modo, los socialistas defenderán una proposición no de ley para pedir al Ejecutivo que lleve a cabo auditorías de los servicios hospitalarios en Castilla y León.

Asimismo, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, aseguró que su grupo defenderá una proposición no de ley sobre el desarrollo de políticas educativas que fomenten la igualdad de género, así como una moción sobre vivienda y se interesará por el escaño vacante de Castilla y León en el Senado donde, a su juicio, el PP está hurtando este derecho a la ciudadanía.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, preguntará a Herrera sobre uno de los aspectos que se enmarcan dentro del acuerdo de investidura con el PP. Se trata del denominado ‘cheque formación’ que todavía, dijo, “no se ha empezado a plantear”. Del mismo modo, Ciudadanos se interesará también sobre el plan de dinamización de los municipios mineros

Por su parte, el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, aseguró que defenderá una interpelación relacionada con la educación inclusiva, compuesta de una batería de propuestas pactada con 30 profesionales del ámbito educativo y que tiene como objetivo plantear un diálogo con el Gobierno para analizar cómo trabajar por la inclusión de colectivos inmigrantes o de minorías en el aula.

Asimismo, en el turno de control al Gobierno, Sarrión preguntará al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre la “precariedad laboral” existente en la Comunidad que, a su juicio, supone “una de las inmensas lacras” de Castilla y León. Una comunidad, continuó, en la que no se dice que la creación de empleo se está haciendo a costa de la precariedad y de la pérdida de calidad en el empleo.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular defenderá una PNL para que el destino del 0,7 por ciento del PIB a fines sociales siga gestionándolo el Estado. Así, explicó que los 300 millones de euros que se recaudan cada año no deben ser gestionados en 17 modelos por cada una de las comunidades autónomas. “Es un riesgo de desvertebración del tercer sector”.