Castilla y León detesta los sueños de los pueblos rotos
MARAGATO, EL POETA Alonso Ares, es a quien pido me dé la mano, para en esta aventura de opinión, intentar despertar del sueño del desinterés que pueda ocasionar, también, sobre los lectores, un asunto de capital importancia para quienes en esta Autonomía aún residimos; me estoy refiriendo a la tan comentada y legislada, Ordenación del Territorio, entretenimiento de «alfaquíes» y de políticos autonómicos, que especialmente creativos, hasta hoy nada efectivos, afirman pretender, después de más de tres décadas y una vez consolidada, eso sí, una más de las estructuras político administrativas de la hipertrofiada Administración española que es soportada por ese vecino, para quien ahora la Ley 7/2013 de Ordenacion, Servicios y Gobierno de Castilla y León, desea «promover un desarrollo equilibrado y sostenible, aumentar la cohesión económica y social, y mejorar de esta forma su calidad de vida», la intención es buena, ¿la acción?.
Nada efectivos digo, pues excesivo es el tiempo, que han necesitado para diagnosticar, la improrrogable necesidad de atajar de raíz la despoblación que asola nuestra región, éxodo y envejecimiento que calificado como problema, permítanme, yo afirme, es la grave consecuencia de la soñolienta y cómoda actitud, sin distinción, de quienes nos representan, carentes de determinación reivindicativa, ante la evidente distribución del gasto público con criterios exclusivamente demográficos, conveniencia electoralista, y como no, subyugados a las directrices del partido.
Castilla y León, proyecto común de convivencia solidaria, cohesionada y vertebrada, no obedeció a una dinámica propia de cariz endógena, de hecho, en los inicios Logroño y Santander se descuelgan, Soria y Segovia lo cuestionan, y León, aún hoy, se hace oír con cierta singularidad, ya que no fueron precisamente los elementos identitarios los que en su origen adquirieran carácter de argumento en la unión, así fue, pero treinta y tres años han discurrido desde la aprobación del Estatuto que previó en exclusiva para sí la competencia de la Ordenacion del Territorio, en su articulo 26, y hasta después de quince años no pareció tomar consciencia de ello, con la aprobada Ley de Ordenación del Territorio en 1998, esta sí, bien entroncada con la autonomía local.
Dato de interés lo es, la calificación con la que se reconoce estatutariamente, en el Título III, a nuestros Ayuntamientos cuan entidad territorial básica, e institución de participación más directa de los castellanos y leoneses, desde su plena autonomía, como reitera nuestra Carta Magna, la que hoy dicen es necesario modificar estando aún inerte respecto al ámbito local, y como muestra sirva el grave quebranto, que tanto estatutaria como constitucionalmente, es que los municipios, también los de Castilla y León, se habrían de regir «por los principios de suficiencia de recursos, equidad y autonomía, velando la Comunidad Autónoma por el cumplimiento de estos y por la corrección de desequilibrios económicos entre las entidades locales, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos locales a todos los ciudadanos de la Comunidad», principios que hasta hoy sistemáticamente se conculcan.
Una génesis no demandada por quienes en las nueve provincias de la hoy Castilla y León residían, se conforma la región más extensa del territorio nacional, superando en el conjunto de la Unión Europea, a diecisiete de los veintiocho estados miembros, nuestro vecino Portugal, uno de ellos; dos características que, a pesar de los incumplimientos y actitudes, con la más arraigada tradición municipalista de España, esta sí, seña de identidad inequívoca desde el año 824, con la primera carta puebla, la de Brañosera, hace de sus dos mil doscientos cuarenta y ocho Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, la estructura que atenúa la desvertebración, y ocupa, gestiona, cultiva y custodia el territorio autonómico, a pesar de la insuficiencia de medios económicos y de la deficiente asistencia y prestación de servicios, que a las Diputaciones y a la Junta correspondía, y poder justificar su razón de existir, despejando tantas dudas como en la opinión pública suscitan.
En el XI Pleno de la Federación Española se acordó, por unanimidad de todos, Ayuntamientos y Diputaciones, instar al Estado una equilibrada financiación entre estas, y dado que gestionan recursos económicos, técnicos y humanos de los municipios del mundo rural, unánime aprueba también, que estas, las Diputaciones, no podrán continuar destinando recurso económico alguno, que consentido, pero en manifiesto ejercicio de desviación de poder, duplican la financiación, y agravan la brecha existente entre los servicios públicos que reciben los habitantes de los municipios de más de 20.000 habitantes, a costa de aquellos que residen en entorno rural, pues pudiendo, por ejemplo, dotar convenientemente a las oficinas de asesoramiento a municipios, mantienen en las ciudades, teatros, museos y subvencionan actividad deportiva, social o cultural, convirtiendo a las Diputaciones, en Castilla y León en especial, en verdaderos agentes desvertebradores del territorio.
Sin identidad previa, con gran magnitud superficial, insuficiente financiación municipal, desigual e injusta distribución del gasto público por quienes deberían ser instrumentos de asistencia en el territorio y un Gobierno autonómico, que apurado, después de tantos años con cargo de conciencia , hace unos meses impulsa el enésimo intento para «ordenar el territorio», medida pseudo-tecnócrata, con unos mapas que distribuyen las denominadas Unidades Básicas de Ordenacion del Territorio y Servicios, generan, esta vez, confusión y preocupación, ya que no tiene en cuenta la realidad existente, esa que se organizó, por ejemplo, en mancomunidades, ante la distraída acción de las Diputaciones, y por no concretar en cada municipio, ni que servicios, ni como se dotarán, ni los medios humanos, ni los económicos, así como carecer de la evaluación del resto de impactos, sean administrativos, legales, sociales o económicos, que su aplicación acarree.
Los Ayuntamientos que han organizado su «ordenación» de facto, en solitario o a través de mancomunidades, durante los casi cuarenta años de desdén institucional, a la vez que, soportando «complacidos» el lastre de las Diputaciones, y prestan los servicios a sus vecinos de una forma eficiente y eficaz, confían en que la Junta, adapte esos mapas, una vez reconozca, para mejorarla, a la realidad del catálogo de servicios, el grado de satisfacción, la demanda de otros, ya sea sobre los de competencia autonómica o aquellos que reciben los vecinos a través de los ayuntamientos y sus mancomunidades, tomando esta como base, y así el leal y colaborador municipalismo, el rural en especial, no tomará en consideración este sobresalto, como tampoco reprochará el retraso, siempre que ciertamente en 2016, se hagan efectivos los compromisos legales previstos en los Planes de Convergencia Interior Plurianual y el Fondo Autonómico de Compensación, sin esperar otros cuarenta años más.
Castilla y León cuenta con objetivas oportunidades, con verdaderas identidades, es la región del mundo que atesora la mayor densidad patrimonial y diversidad cultural, la extensión geográfica en torno al río Duero nos cohesiona, pero también nos vincula espacialmente como un todo Ibérico y cuánto ello puede suponer, una contextura municipal a lo largo y ancho del territorio con óptima capacidad de acogida poblacional, donde la periferia forestal y la vasta meseta, garantizan excedentaría producción agroalimentaria y energética, requiere ya inaplazable, de una acción política de planificación respecto a la ordenacion territorial, siendo la solvente prestación de servicios y la creación de infraestructuras que impulsen la actividad productiva, medidas que habrán de generar empleo diverso y cualificado, a la par que reivindicativa ante las instituciones del Estado, no complaciente y haga valer la compensación ecológica aportada, y un recuerdo, «mañana», la despoblación será.