La comisión de investigación sobre el HUBU se da hasta el 29 de febrero para solicitar las comparecencias

La comisión de investigación parlamentaria abierta para esclarecer si existió un sobrecoste en el modelo de ejecución concesional del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) se dio hoy hasta el 29 de febrero para que los grupos presentes en la misma analicen con rigor la documentación enviada por la Junta y la empresa Eficanza y soliciten las comparecencias.

El presidente de la comisión, Salvador Cruz (PP), explicó tras la reunión de hoy que era partidario de acortar ese plazo pero atendió la petición de los grupos de la oposición ante el volumen de los documentos que tienen que revisar y el hecho de que muchos de ellos no tengan dedicación exclusiva en las Cortes.

Cruz resaltó la agilidad de la Junta y de la empresa Eficanza, que gestiona el centro desde el modelo de colaboración público privada, en la remisión de los datos pedidos por los grupos y precisó que ya tienen a su disposición en las Cortes -no tienen que ir a dependencias oficiales, como en el caso de la eólica- el 90 por ciento de lo solicitado, tanto en formato de papel como informático.

En tal sentido, añadió que los procuradores podrán realizar copias de documentación enviada por la Junta, no así de las cuentas de la sociedad y acuerdos del consejo de administración de Eficanza, para su consulta fuera de la sede de las Cortes, lo que en su opinión puede agilizar el trabajo.

Además, los procuradores de la comisión Mercedes Martín (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Manuel Mitadiel (Ciudadanos), José Sarrión (IU) y Ángel Ibáñez (PP) valoraron que pueda existir una ampliación de comparecencias, si bien los representantes de la oposición lamentaron que los ‘populares’ negarán la posibilidad de contar con asistencia técnica externa para analizar los datos.

En este punto, Sarrión afirmó que no sale “tan optimista” de la reunión de hoy y subrayó que la función de los procuradores no es analizar planos técnicos, sino llegar a unas conclusión. “Es decepcionante”, aseveró el parlamentario de IU que no se aceptara y puso como ejemplo lo que ocurre en los juzgados cuando se llama a peritos para comprender aspectos técnicos de lo que se juzga. “Han dicho que no era relevante”, añadió.

Ángel Ibáñez, que agradeció la transparencia de la Junta y que haya enviado “todo lo pedido”, precisó después que era “poco acertado” contratar a una empresa para asesorar a los parlamentarios sobre elementos ya evaluados por los técnicos de la Junta de Castilla y León, propuesta que atribuyó a un “desconocimiento” de la Administración.

Mercedes Martín defendió el ritmo de la comisión “sin prisa pero sin pausa” para llegar a unas conclusiones “serias y rigurosas” de todos los representantes en la misma y Manuel Mitadiel calificó de “eficaz” la sesión de hoy, en esa dirección, sin prejuzgar antes el resultado final.

Mitadiel, que valoró que las comparecencias se dejen abiertas a una segunda ronda si fuera necesario, manifestó que se debe analizar por qué se decidió optar por un modo concesional para la ejecución de ese hospital, por qué se han producido hasta cuatro modificaciones sobre el proyecto inicial con un sobrecoste o si lo construido está en la calidad acordada.

En cuanto a posibles comparecencias, Laura Domínguez apuntó a representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, que les entregaron un informe en el que piden el rescate público del centro, así como los anteriores consejeros de Sanidad y el actual y técnicos. “Desde el punto de vista político hay unos responsables”, indicó Martín, que afirmó que darán a conocer los nombres en su momento.

Los procuradores consultarán ahora los datos en las dependencias de las Cortes y tienen hasta el 29 de febrero para solicitar las personas que quieren que comparezcan en la comisión. Una semana después volverán a reunirse para decidir el listado de intervinientes en la misma.