Hacienda condona a la Junta el pago de 74 millones correspondientes a las liquidaciones negativas de 2008 y 2009

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, suscribieron hoy en Valladolid un convenio que supone la condonación, por parte del Gobierno a la Comunidad, del pago de 73,8 millones correspondientes a las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, en reconocimiento al cumplimiento de las medidas de estabilidad presupuestaria.

Del Olmo explicó que se trata de un acuerdo que está asociado al Fondo de Facilidad Financiera, mecanismo al que la Junta de Castilla y León se acogió en marzo del pasado año al cumplir las condiciones que marcó el Gobierno y entre las que se encontraban el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de pago a proveedores.

Según la consejera, Galicia y La Rioja, junto a Castilla y León, han sido las comunidades autónomas que “mejor" se han "portado” y por eso se benefician de un convenio que, en el caso de la Comunidad supone una compensación de casi 74 millones que ahora se tendrían que devolver y que corresponden a la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009. Además, esta cantidad ha sido consignada en 2015 y se destinará a cooperación económica local, a sanidad y a medio ambiente.

Por otra parte, también indicó que gracias al Fondo de Facilidad Financiera y al préstamo de 2003,6 millones de euros con un interés cero los tres primeros años que se formalizó con este mecanismo de liquidez, las arcas autonómicas se ahorrarán este año 20 millones de euros en intereses y 36 los dos próximos ejercicios.

En este sentido, señaló que este ahorro de intereses, unido a la bajada de tipos en los mercados financieros internacionales como consecuencia de la mayor confianza en la economía española, se ha tenido un reflejo en los presupuestos de 2015 y 2016 de casi 75 millones de euros, “cantidad que se ha destinado a políticas sociales”.

Además, también explicó que el préstamo del Fondo de Facilidad Financiera se completó el pasado mes de noviembre con un importe adicional de 57 millones de euros, cantidad que se destinó a cubrir la desviación de déficit de 2014 y, fundamental, para hacer frente a los pagos de los tratamientos de la hepatitis C.

La consejera también repasó las distintas medidas que desde el año 2012 puestos en marcha por el Gobierno para mejorar la liquidez de las autonomías y su financiación, entre las que destacó el Fondo de Pago a Proveedores, al que se acogió la Junta en su primera fase con un importe de 1.054 millones de euros, cantidad que se destinó al pago de casi 300.000 facturas correspondientes a más de 2.000 proveedores, la mayoría relacionados con gastos sanitarios.

También se refirió a la ampliación del plazo de devoluciones de las liquidaciones, que ha pasado de cinco a 20 años, a la transferencia del impuesto por depósitos bancarios, que por primera vez se ha presupuestado en el ejercicio de 2016 con una partida de 25 millones de euros, y a la asunción del coste de la devolución del impuesto de venta minorista de hidrocarburos por parte del Gobierno.

Por otra parte, Pilar del Olmo reconoció que este año será muy difícil que las cuentas de la Comunidad cumplan con el objetivo de déficit del 0,7 %, aunque aseguró que la Junta se va a "esforzar hasta el último momento”.

Presupuesto

Por último, Pilar del Olmo se mostró convencida de que las conversaciones que se mantienen con la oposición darán sus frutos y que al menos el PP contará con el apoyo de algún grupo para sacar adelante los presupuestos de 2016. En caso contrario, advirtió de que se tendría que recurrir a una prórroga, “algo muy negativo para los intereses de los castellanos y leoneses, dado que las cuentas contemplan una subida del gasto no financiero, que aunque modesta, es una subida que se perderá si tenemos que recurrir a una prórroga”.

En este sentido, insistió que ese incremento se destina a mejorar la sanidad, los servicios sociales y la educación, y que “sería una pena que los castellanos y leoneses no pudieran disfrutar de una bajada de impuestos y que los empleados públicos no se vieran beneficiados de una subida salarial del 1 %”.