El Diálogo Social diseñará este mismo año la Estrategia de Empleo
Valdeón asegura que 15 de los 20 millones del Fondo de Facilidad Financiera irán a políticas sociales
Valdeón, Aparicio, Prieto, Hernández yHerrera conversan por la mañana en la sede de Presidencia sobre la puesta en marcha del Diálogo Social.-Pablo Requejo
El pasado 30 de diciembre, Juan Vicente Herrera, Cecale y sindicatos se congratulaban de presentar un año más el acuerdo del Diálogo Social que entraría en vigor horas después, con el inicio del nuevo año. Siete meses después, y con unas elecciones de por medio que han cambiado el panorama, aunque no el partido en el poder, las tres partes iniciaron ayer los contactos con la intención de empezar a trabajar sobre el acuerdo para el año que viene.
La primera reunión sirvió para que el presidente Herrera, la nueva vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón; los sindicatos, en presencia de los secretarios autonómicos de UGT, Agustín Prieto, y CCOO, Ángel Hernández; y la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale), a través de su presidente, Santiago Aparicio, se comprometieran a marcarse como deberes hasta diciembre el diseño de las nuevas políticas de empleo y gasto social. Esto se resume en la nueva Estrategia Integrada de Empleo como instrumento para desarrollar todas las políticas y que se espera se pueda poner en marcha el 1 de enero.
El primer encuentro sirvió de «puesta a punto», según Valdeón, para autoexigirse tener un plan pactado antes de final de año. «Aunque si no está en enero, seguiremos tirando del de este año», matizó. «No se trata de la primera reunión, sino de la primera de este tiempo», explicó, remarcando el cambio de interlocutor en la Junta, ella misma, así como la nueva configuración parlamentaria. Los propios sindicatos remarcaron su compromiso de mantener informados a los nuevos partidos de las Cortes sobre los avances negociadores.
Valdeón reiteró que la prioridad es el empleo, que en la Comunidad arroja unos resultados «satisfactorios pero insuficientes», al situarse la tasa de paro cuatro puntos mejor que en el resto del país.
Respecto a la Estrategia de Empleo, la Junta remarcó que seguirá apostando por el empleo local, con planes de contratación por seis meses como los que ya se están llevando a cabo. Prieto defendió que esos contratos sirvan para «realizar una actividad más productiva y beneficiosa por la Comunidad», además de para sacar a trabajadores del paro medio año, y pidió que las contrataciones las siga controlando la Junta a través de Ecyl y no las diputaciones o los ayuntamientos.
La vicepresidenta subrayó en su explicación del encuentro que la Junta va a intentar que todos los ingresos que lleguen se dediquen a políticas sociales: sanidad, educación, vivienda o Renta de Ciudadanía. Así, de los 15 millones de euros que llegarán en las próximas semanas del Gobierno Central pertenecientes al Fondo de Facilidad Financiera, cinco irán destinados a Medio Ambiente para la lucha contra los incendios y los otros 15 a políticas sociales y empleo, si bien hasta septiembre no concretarán su destino.
Además, la Junta espera de Hacienda otros 51 millones a lo largo del año. Valdeón pretende que este dinero igualmente refuerce la política social y mejore la Renta Garantizada de Ciudadanía, aunque toca esperar a que el Gobierno concrete las cantidades y aclare si son fondos condicionados con algún destino.
Otro de los puntos pendientes para patronal, sindicatos y Junta es la reevaluación del Plan de Estímulo de la Competitividad por parte del Consejo del Diálogo Social, algo que se hará a principios del próximo año. Todos los agentes coincidieron en felicitarse de su compromiso con el Diálogo Social, una «figura atípica a exportar a otras comunidades y países».
La comparecencia conjunta de los agentes sociales ayer en la Presidencia de la Junta sirvió también para conocer más detalles sobre el cambio del Serla, el sistema que regula los conflictos laborales. El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, explicó que los empresarios visitaron hace mes y medio el SAMA, el sistema equivalente en Aragón, y volvieron muy satisfechos, al ser un modelo que podían transladar a Castilla y León, donde sería «beneficioso».
De hecho, Cecale lo aprobará hoy en su junta directiva, aunque matiza que es necesario «analizarlo bien» para conocer su planteamiento y los costes de su puesta en marcha. Aparicio calcula que la copia del sistema, que lleva funcionando desde hace más de 15 años en Aragón, podría ahorrar al ministerio de Justicia el 80% de los conflictos individuales que llegan a los tribunales. Con el nuevo modelo se gastan 90 euros por conflicto, frente a los 3.000 del sistema judicial.