El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PSCyL de un presunto sobrecoste en el HUBU

El Tribunal de Cuentas, en coincidencia con el Ministerio Fiscal, ha decretado el archivo de la denuncia formulada por el PSOE de Castilla y León en relación a un presunto sobrecoste en las obras del nuevo Hospital de Burgos al pasar de un contrato inicial de 209 a 314 millones de euros. De esa manera, considera que en los hechos denunciados “no se aprecia que se deriven responsabilidades contables por alcance.

Las diligencias, que ahora se archivan, recibidas ayer por la Junta, se abrieron a solicitud del Ministerio Fiscal tras la denuncia firmada por los representante del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca, secretario general, y María Fernanda Blanco, procuradora burgalesa, en relación a un aumento del precio del contrato de concesión de obra pública para la construcción del Hospital de Burgos.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de 2 de febrero de 2015, considera, a la vista de las alegaciones y documentación presentada por la Gerencia Regional de Salud, que las “presuntas irregularidades contables inicialmente denunciadas han quedado solventadas, por lo que solicita el archivo del procedimiento al no haberse producido daño a los fondos públicos susceptibles de generar responsabilidad contable por alcance”.

Concretamente, el Ministerio Fiscal señala que la irregularidad denunciada consistía en un aumento de la inversión inicial ofertada en el contrato de referencia de la cantidad de 209,36 a la final de 314,08 millones de euros. Sin embargo, explica que tanto los modificados del proyecto de obra como los del plan de equipamiento autorizados, motivo del incremento del precio, se tramitaron cumpliendo “todos y cada uno de los requisistos exigidos”.

En tal sentido, apunta que se han tenido en cuenta el control de legalidad por los servicios jurídicos de la Comunidad, la función interventora llevada a cabo por la Intervención General de la Comunidad y, en el caso de los modificados del contrato, el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

“Se trata de actuaciones administrativas firmes de las que necesariamente ha de partir esta jurisdicción contable y que, sin perjuicio de la valoración que pudieran merecer en otras instancias administrativas, proporcionan sustento jurídico suficiente a los hechos denunciados excluyendo la existencia de responsabilidad contable”, argumenta el Tribunal de Cuentas.

Según relata el Tribunal de Cuentas, con fecha 9 de octubre de 2014 se recibió el escrito de la Junta por el que se solicitaba la documentación adjunta a la denuncia, que se remite el 19 de noviembre. El 26 de noviembre la Junta comunica la presentación de alegaciones una vez que se recibiera el informe pedido a la Gerencia Regional de Salud.

Con fecha de 2 de diciembre se recibe el escrito de la Junta en el que pide el archivo de las diligencias preliminares. El 3 de diciembre se acuerda el traslado de las alegaciones de la Junta al Ministerio Fiscal. El 2 de febrero de 2015 se recibió el escrito del Ministerio Fiscal por el que se solicitaba el archivo de la denuncia.