UPA-COAG calcula que los ganaderos han perdido 320M€ en diez años por el acuerdo de precios de la leche

La Alianza por la Unidad del Campo, que conforman UPA y Coag, calcula que el pacto de precios de la leche cruda, sancionado esta semana por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), ha supuesto pérdidas de 320 millones de euros en diez años para los ganaderos de la Comunidad. De ahí que la organización declare que esta “ingente cantidad de dinero sustraída” a los productores de leche deberá revertir en los ganaderos como “compensación por el enorme fraude” que se ha cometido contra los profesionales. No en vano, critica a las industrias lácteas del “enriquecimiento ilegal” y exige que esa “fechoría” no les salga gratis. 

UPA-COAG considera “lamentables” y “totalmente inaceptables” las valoraciones realizadas por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en relación a la multa de 88,2 millones de euros impuesta por la CNMC a a once empresas lácteas por prácticas ilegales y pactar precios.

Un comunicado de la organización recuerda que García Tejerina dijo sentirse “preocupada” por cómo afectará esta multa a la viabilidad de las empresas sancionadas. A este respecto, insiste que la multa, si finalmente llega a materializarse y no se reduce tras las reclamaciones judiciales que ya han anunciado las empresas, sólo representa un 10% de lo que la propia CNMC estima que habrían ganado ilícitamente con sus prácticas.

Ante este dato, la Alianza tacha de “inaceptable” la preocupación de la ministra al dirigirse hacia las “pobres empresas” y no hacia los miles de ganaderos afectados, muchos de los cuales ya no están en el sector por los “ruinosos precios “que las industrias denunciadas pactaban por la leche.

La Alianza UPA-COAG contesta a la ministra que “está muy claro que en este caso ha habido quien utilizando prácticas prohibidas ha obtenido pingües beneficios a costa de miles de ganaderos”. “Está muy claro que aquí hay culpables y hay víctimas, por lo que no cabe otra preocupación que no sea la de resarcir a las víctimas de los perjuicios causados por los culpables”, asevera la nota.

El expediente de la CNMC tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, que decide intervenir a partir de las denuncias públicas realizadas por la Alianza UPA-COAG contra las prácticas abusivas de las empresas lácteas.