UPA-COAG reclamará a la Junta que la Ley Agraria dé prioridad a los profesionales del campo

La Alianza UPA-COAG exigió este viernes a la Consejería de Agricultura de la Junta que un compromiso firme en defensa de los profesionales del campo y, de cara a 2015, reclamó que el desarrollo de la Ley Agraria Regional dé prioridad a los agricultores y ganaderos a título principal.

El secretario regional de UPA, Julio López, aseguró que confía en que los Programas de Desarrollo Rural para Castilla y León no sean un "coladero en el que entren beneficiarios que no son profesionales agrarios y que responden al modelo de agricultores de sofá que aprobó la Comisión Europea y que aceptó el Gobierno, prostituyendo la definición de agricultor activo".

López argumentó que la reforma de la PAC sólo favorece a las grandes explotaciones y se aprobó sin tener en cuenta las propuestas de Castilla y León sobre la “priorización absoluta” que deben recibir los profesionales y, especialmente los jóvenes. En este sentido,el dirigente de UPA se preguntó cómo se puede llevar a cabo un relevo generacional en la Comunidad cuando más del 63% de las ayudas las perciben mayores de 65 años.

En una comparecencia junto al coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, en la que hicieron balance de este año y adelantaron algunos objetivos para 2015, López también anunció que La Alianza emprenderá medidas en defensa de los ganaderos de vacuno de leche de Castilla y León, que han sufrido el fraude de las “preferentes del campo español, al venderles en su día el Gobierno central una cuota láctea que ahora se les expropia”.

Ambos dirigientes también adelantaron que seguirán reivindicando la modificación de los contratos con las eléctricas para que se tenga en cuenta la temporalidad, y por otro lado una solución a la concesión de nuevos sondeos por debajo de 7.000 metros cúbicos al año, “cuya prohibición actual está impidiendo instalarse a cientos de emprendedores de nuestra comunidad autónoma”.

Los responsables de La Alianza también lamentaron que 2014 se cierre con los pagos pendientes del PDR del 2013 y que se cuantifican en más de 100 millones de euros que, a día de hoy, no han percibido los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

Por otra parte, Aurelio Pérez criticó que el año se cierra con la dejación de funciones por parte de la Consejería de Agricultura en relación a las Cámaras Agrarias de la región. “A pesar de haber una Ley Agraria que es muy clara al respecto, sin embargo, lejos de aplicarse una liquidación responsable y ordenada de las mismas, el descontrol y la venta del patrimonio de algunas de ellas, como es el caso de Segovia, puede calificarse como de absoluto escándalo”, aseguró.

En lo que respecta al balance sectorial del año, destacaron la mala cosecha y los bajos precios del cereal, así como los “desastrosos precios” sufridos en el sector de la patata. Por su parte, indicaron que para el sector ganadero fue un año desigual, con precios aceptables en el ovino y caprino, y muy “malos” en el porcino.