Nissan condiciona su plan a una rebaja salarial y 130 despidos

Dos meses y medio después de que el pasado 3 de octubre el consejero director general y vicepresidente de las Operaciones Industriales de Nissan en España, Frank Torres, presentara un controvertido plan de competitividad, ayer el mismo Torres llegaba con un plan industrial para la planta de Ávila condicionado a las rebajas salariales y la posibilidad de hasta 130 despidos.

Ni la mediación de la Junta, negándose a admitir despidos, ni el apoyo del resto de administraciones a los trabajadores, que han salido a la calle en varias oportunidades, parecen haber hecho cambiar de criterio a la multinacional nipona, cuyos responsables mantienen que existe un «excedente» de 50 trabajadores. Una cifra a la que podría sumarse otros 80 empleos no vinculados con la producción, sino con las labores de logística y limpieza. Para los primeros Nissan ha presentado un plan de bajas incentivadas a partir de los 53 años, otro de jubilaciones para los mayores de 55 y la posibilidad de trasladarse a la planta de Barcelona. La continuidad de los segundos depende de que la totalidad de la plantilla esté dispuesta a asumir una «rebaja de la masa salarial» equivalente a los dos millones de euros de «sobrecoste» que supone las actividades «no fundamentales para la fabricación de vehículos». De no ser así, y para compensar, la dirección estaría dispuesta a externalizar estos servicios que ahora prestan trabajadores de la plantilla.

Todas estas medidas aparecen contempladas dentro de los cinco pilares en los que, según Frank Torres, se asienta un plan industrial que no contempla el retorno de los 17 empleados que se acogieron al ERE de 2010 –la cifra ya es de 12- y que este año tenían que haber retornado a la plantilla.

Sin embargo, el consejero director general de Nissan España no dejó lugar a dudas sobre la imposibilidad de retorno a la factoría de Ávila, teniendo en cuenta la necesidad que la multinacional tiene de prescindir de 50 de los 491 empleados de la plantilla. No obstante, reiteró la posibilidad de que los que quieran se trasladen a Barcelona o acepten la parte de indemnización pendiente de 2010, aunque también se están «buscando otras fórmulas». En estos aspectos el discurso de Frank Torres fue el mismo que el pasado 3 de octubre, añadiendo algunos «caramelos» que podrían «degustarse» en el futuro. Eso sí, siempre en condicional, porque para ello tendría que llegarse a un acuerdo en torno al Plan Industrial «lo antes posible», de manera que los responsables de Nissan en Japón estén dispuestos a premiar los esfuerzos de la fábrica de Ávila con nuevas inversiones.

Unas inversiones que, con un volumen de producción estable de 13.000 unidades hasta 2016, hicieran que la planta de Ávila «pueda optar» a la adjudicación de la versión Euro6 del Nissan NT400, para alargar su vida hasta 2019. De ser así, podría recibir una inversión de 29 millones de euros, siempre que se cumplan las condiciones del fabricante japonés de vehículos industriales.

Es decir, hacer que la factoría de Ávila sea «competitiva» con una plantilla acorde a la producción de 13.000 unidades, que podrían llegar a ser 20.000 en un futuro a medio plazo. «Primero la competitividad y después el volumen», aclaró Torres, quien señaló que de esta manera Ávila podría tener posibilidades de atraer nuevos modelos que surjan del nuevo plan de negocio global de Nissan a partir de 2017. El propio Torres habló de que este plan aporta una «visión a largo plazo» para esta fábrica que «puede convertirse en la planta madre de fabricación de camiones ligeros para el mercado europeo».

Dentro de los cinco «pilares» sobre los que se asienta el plan presentado este jueves, figura también un recorte del 10% en el coste total de un vehículo, con medidas como la localización de piezas, la reducción del coste de los materiales y la rebaja de los logísticos y de la gestión de los proveedores.

Además, se habla de una reducción de los costes de la planta del 25%, creando un salario de entrada para las nuevas incorporaciones en línea con la media del sector en la Comunidad. Asimismo, se incluyen medidas de congelación salarial y de aumento de la operatividad de la planta hasta 222 días. Por su parte, el incremento de un 20% en la flexibilidad se sustentaría en un mayor número de sábados productivos y en la reducción de los dos millones de euros de «sobrecoste» de la logística y la limpiezas».