El cerco judicial tumba a Terciado

El empresario abulense Jesús Terciado se vio obligado ayer a dimitir como presidente de la Confederación Abulense de Empresarios (Confae) y de su vocalía en la patronal regional, forzado por la investigación abierta por la Fiscalía de Valladolid para saber si durante su etapa al frente de Cecale, se produjo un supuesto delito de «corrupción en el sector privado», al reclamar cuotas a cambio de la contratación de cursos de formación.

El juicio por este procedimiento arrancó el pasado miércoles con la declaración como testigo del ex secretario general de Cecale, Héctor García Arias. Al término de la vista, el juez decidió trasladar al fiscal las diligencias «al advertirse que las sumas reclamadas pudieran ser realmente cantidades abonadas por la empresa actora con la única finalidad de conseguir y mantener la contratación de los cursos de formación subvencionados con fondos públicos», reza la providencia.

La dimisión de Terciado, «irrevocable» y por motivos «puramente personales», se produjo durante la reunión del Comité Ejecutivo de la patronal abulense, al frente de la cual llevaba doce años. Hace apenas cuatro meses había sido reelegido para este mismo cargo.

La marcha de Terciado culmina un periodo convulso que tuvo su penúltimo capítulo el pasado miércoles con su dimisión al frente de Cepyme. Según dijo entonces, trataba de evitar que se instrumentalizara el proceso electoral en la CEOE, tras la denuncia presentada contra él por la patronal salmantina por estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Las informaciones según las cuales Terciado habría cobrado presuntamente de firmas que contrataba Cecale cuando él mismo la presidía, han culminado ahora un largo proceso en el que Confae ha sido protagonista. Y ello, pese a que en septiembre de 2012 fue archivada la causa contra él tras la querella presentada por el presidente de la patronal charra, Juan Antonio Martín Mesonero, por supuesta apropiación indebida y administración fraudulenta.

A todos estos acontecimientos se suman el procedimiento informativo abierto en junio a Terciado por la CEOE tras la denuncia de tres miembros de la patronal salmantina y la auditoría encargada a principios de año por Cecale sobre la durante la última década.

Precisamente la patronal de Castilla y León celebró ayer una Junta Directiva Extraordinaria, a raíz de la demanda presentada contra Cecale por la Academia Platón de Valladolid que reclama 230.000 euros por impartir cursos de formación.

Tras la reunión, que se prolongó cuatro horas, se produjo un pacto de silencio entre los asistentes, que decidieron cerrar filas en torno a su presidente, Santiago Aparicio, quien convocó para esta tarde una Asamblea General Extraordinaria.

Después de la Junta Directiva hubo unanimidad para emitir una nota de prensa en la que Cecale mostraba su «disposición absoluta y decidida a colaborar con la Justicia, en el caso de que se decidieran investigar estos hechos».

La nota recordó la auditoría de gestión encargada para analizar las cuentas de la organización empresarial que, según asegura, de los datos analizados hasta la fecha «se desprenden determinadas actuaciones que pudieran prestarse a interpretaciones sobre eventuales irregularidades».

En la nueva demanda de la Academia Platón, el fondo de la investigación judicial es saber si Cecale, exigió presuntamente una comisión a Platón por ser seleccionada para impartir las acciones formativas. Una ‘cuota’ que se elevó a 230.570 euros a cambio de ser la principal destinataria de los cursos que subcontrataba Cecale en el período 2008-2012 y por los que recibió un montante superior a 1,7 millones en esos cuatro años.

El origen del litigio entre Platón y Cecale se remonta a octubre de 2013 cuando la primera, que realizaba cursos de formación por mediación de la patronal regional, demandó a Cecale 230.570 euros por las fianzas supuestamente vinculadas a la concesión de cursos de formación subvencionados por el Ecyl.

Para Cecale, esta cantidad era abonada en concepto de cuota por asociado, justificación que no acepta Platón, primero porque se trata de una empresa de solo diez trabajadores. Así, recordó que grandes compañías como la Hullera o Pascual pagan 3.500 euros al año. «¿Cómo le va a corresponder 84.000 euros a Platón?», se preguntaron fuentes de la demandante.

Y segundo, porque sostiene que esos 230.570 euros eran un depósito o fianza retenido por Cecale como garantía en el caso de que los cursos finalmente no se impartieran. «Todos los cursos se dieron y se impartieron bien», recalcaron las fuentes, que agregaron que toda su relación con Cecale se hizo «con luz y taquígrafos» e incluso conservan extractos bancarios de las transferencias. También admiten, eso así, que el contrato que le ligaba a la patronal no era por escrito, sino un acuerdo verbal.