'operación púnica'
Herrera manda investigar si la Junta tiene contratos con la empresa corrupta
Enviará a la Audiencia Nacional un informe «urgente» si halla relaciones con Cofely, pese a que «ningún dato apunta» a su Gobierno
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera-Photogenic
No basta con verbalizar rechazo e indignación. Pedir perdón ya no es suficiente. La Operación Púnica, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y que ha destapado una trama de corrupción con tentáculos en varios territorios, exige algo más que palabras de la clase política. «Hay que reaccionar». Lo dijo ayer, contundente, el jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera. Y predicó con el ejemplo.
Doce minutos habló ante los periodistas, rodeado de micrófonos y cámaras, y escoltado por las máximas autoridades del resto de administraciones: delegación del Gobierno, alcaldía de Valladolid y Diputación Provincial. Doce minutos en los que anunció cuatro medidas «urgentes» y concretas, y condenó, con rotundidad y «sin paños calientes», la «lacra» de la corrupción.
Por mandato del presidente, su Gobierno en pleno se ha puesto a trabajar contrarreloj en la recopilación histórica de todas las «relaciones, contratos y subvenciones» que puedan existir y estar vinculadas a la administración «general e institucional» de Castilla y León con la empresa Cofely –filial de la multinacional francesa GDF Suez–, sospechosa de beneficiarse de adjudicaciones a dedo a cambio del presunto pago de comisiones ilegales.
En paralelo, todos los servicios de la administración autonómica tienen orden desde el miércoles a primera hora de «paralizar inmediatamente» cualquier expediente que pudiera estar en marcha relacionado con esta empresa.
Eso sí, y lo remarcó incisivamente el jefe del Gobierno autonómico. Ni la auditoría – «examen» o «comprobación», en palabras de Herrera– ni la orden de frenar cualquier proceso administrativo ligado a Cofely que pudiera estar abierto obedecen a prejuicio alguno.
«No hay ningún dato que apunte a que la labor de investigación de la Audiencia Nacional se esté refiriendo en ningún extremo a ningún expediente, a ninguna contratación, a ninguna subvención de la administración de Castilla y León (...) No quiero dudas al respecto, no las admito siquiera», subrayó el presidente quien, además, en todo momento utilizó el tiempo verbal en condicional.
La Consejería de Hacienda, mano a mano con la Intervención, coordina la recopilación de la información encargada por el presidente para su análisis, hoy mismo, en el Consejo de Gobierno. De ese informe dará cuenta a la opinión pública el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la tradicional comparecencia ante la prensa posterior a la reunión.
Además, la Junta dará traslado «urgente» a la Audiencia Nacional de dicho informe, con toda la «información urgente y sumaria» recogida. Y eso incluye, según concretó el presidente, poner a disposición de la justicia, sin que lo haya reclamado, información relativa a los «objetos» de cada contrato, si se firmó; los exámenes que hayan pasado por parte de la intervención y otros órganos de supervisión, y «paralización en su caso de algún otro que se haya podido producir».
Comparecencias
Por último, todos los consejeros de su Gobierno que hayan podido tener contratado o licitado algún servicio con Cofely darán cuenta en las Cortes y trasladarán a los grupos parlamentarios «toda la información». Solicitarán «con carácter inmediato» su comparecencia.
La «alarma» social desatada a raíz del último macroescándalo de corrupción, que salpica a varios partidos y administraciones, exige la «movilización» de los representantes públicos, enfatizó Herrera.
Rechazó la «mezcla» de los «ladrones» con el conjunto de administraciones y responsables públicos. Incluso, deslizó que la filial de la multinacional francesa que está en el punto de mira de la investigación del juez Eloy Velasco «tiene fama» por ser una de las empresas de servicios energéticos punteras del mundo. Pero subrayó en varias ocasiones que expresar rechazo o pedir perdón, sí, «pero también reaccionar».
Que ninguna actuación del Gobierno autonómico esté bajo la lupa judicial no puede llevar a la «confortabilidad» o a «no hacer absolutamente nada», porque los ciudadanos exigen «transparencia» ante un nuevo episodio que ha hecho «rebasar la gota de agua».