AGRICULTURA/GANADERÍA
UPA y COAG lamentan que la CHD “no aporte soluciones” y no autorice los sondeos de menos de 7.000 metros cúbicos
A su juicio “va a suponer un enorme perjuicio y un mazazo a un gran número de explotaciones agrarias y a pequeñas industrias del medio rural "
La Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG, y las empresas de sondeos de Castilla y León lamentaron que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) “no aporte soluciones” y no autorice los sondeos de menos de 7.000 metros cúbicos.
Así lo aseguraron tras mantener esta mañana una reunión con el presidente del organismo de cuenca, José Valín. “La única respuesta ha sido la de no aportar solución alguna hasta que al menos a finales del 2015 no se modifique el Plan Hidrológico”, reprochó la organización en un comunicado.
A su juicio, esto “va a suponer un enorme perjuicio y un mazazo a un gran número de explotaciones agrarias y a pequeñas industrias del medio rural que ya habían iniciado todos los trámites burocráticos, tramitando préstamos y realizando inversiones en algunos casos con obras avanzadas a expensas de una concesión de sondeo, que ahora se les deniega”.
UPA y COAG resaltaron que esta medida “afecta a un amplísimo territorio de Castilla y León”, puesto que se refiere a las masas de agua denominadas 'Tordesillas', 'Tierra del Vino', 'Medina del Campo' y 'Terciario detrítico bajo Los Páramos'.
Tanto la Alianza como los responsables de empresas que realizan sondeos expusieron al presidente de la CHD que se trata de aprovechamientos que tendrían un consumo de agua “irrelevante respecto a las concesiones existentes, por lo que la decisión no afectaría al agotamiento de las masas de agua”.
Además, recordaron a Valín que “debería tenerse en cuenta que de las concesiones otorgadas se está extrayendo un volumen que según estimaciones no alcanza el 50 por ciento del autorizado, con lo que existe un amplio margen para permitir los referidos aprovechamientos de menor consumo”.
En todo caso, el sindicato agrario consideró que el “daño que se provoca con negar estos permisos es de tal envergadura para la economía del medio rural de Castilla y León que puede decirse que se paraliza cualquier nueva actividad económica que numerosas explotaciones y pequeñas industrias estaban programando iniciar, debido a que se les niega la conducción para llevar agua y así poner en marcha esas actividades”.