TRIBUNALES
Fiscalía pide dos años para un empresario de Brahojos (Valladolid) por tener a jornaleros irregulares para recoger patata
La inspección de la Guardia Civil y Trabajo detectó que la mayoría carecía de autorización laboral y no estaban de alta en la Seguridad Social
Cultivo de patata en una imagen de archivo.
La Audiencia Provincial de Valladolid celebra el próximo jueves, 15 de octubre, juicio oral contra Mohamed W., un empresario agrícola para el que la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, tras ser sorprendido con varios jornaleros sin autorización para trabajar en una finca de Brahojos de Medina.
En su escrito de calificación provisional recogido por Europa Press, el fiscal del caso apunta que los hechos se produjeron el 23 de agosto de 2024 durante una inspección conjunta realizada por la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo en una explotación agraria dedicada a la recogida de patata. En el dispositivo, las autoridades identificaron a un grupo de personas contratadas verbalmente por el acusado desde el 10 de agosto que se encontraban realizando labores agrícolas.
La inspección constató que la práctica totalidad de los trabajadores identificados carecía de la correspondiente autorización administrativa para trabajar en España o de alta en el sistema de la Seguridad Social. Entre los jornaleros localizados únicamente dos contaban con permiso para ejercer la actividad laboral, mientras que el resto presentaba autorizaciones temporales caducadas o sin habilitación de empleo, y uno de ellos carecía de cualquier tipo de permiso de residencia, informa Europa Press.
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La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el artículo 311.1 y 3 c) del Código Penal, o bien alternativamente un delito del artículo 311 bis del mismo texto legal, del cual atribuye la autoría al procesado en calidad de empresario individual.
Además de una pena de dos años de prisión, el Ministerio Público pide para el acusado una multa de 4.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.