Diputación evalúa la retirada de amianto en 17.287 edificios de los grandes pueblos de Valladolid

La 'cruzada' contra el amianto avanza posiciones en la geografía vallisoletana y, aunque todavía queda mucho campo de batalla para eliminar por completo su presencia en el mapa, la Diputación está dando pasos firmes para facilitar a los consistorios la retirada de este material con un alto grado de peligrosidad en los casos de mayor riesgo, como establece la normativa. De los dos contratos rubricados por la institución provincial para disponer de un censo de cubiertas en edificios, el correspondiente con los municipios más grandes ya está listo, y el de los de menor tamaño está en estudio.

«Hemos pisado el acelerador y estamos trabajando ya en la elaboración de una propuesta de calendario de retirada para trasladársela a los ayuntamientos», explicó el jefe del servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la Diputación, Francisco López Cristóbal, antes de aclarar que la intención es enviársela a mediados de septiembre para que después cada entidad local revise los casos detectados y estudie el planteamiento sugerido.

En total, el rastreo preliminar realizado por la empresa Bureau Veritas Inspección y Testing se ha llevado a cabo en los 43 pueblos de Valladolid que superan los 650 habitantes –a excepción de la capital, Laguna, Medina y Arroyo por superar los 20.000 censados– y el resultado son 17.287 edificaciones –públicas y privadas– con presencia de amianto que, en conjunto, superan los tres millones de metros cuadrados de superficie de este material ahora prohibido, que durante años se empleó de forma masiva en el sector de la construcción.

Teniendo en cuenta el número de edificaciones contabilizadas en los grandes núcleos de la provincia, el listado lo encabeza Pedrajas de San Esteban, con un total de 808, seguido de Tordesillas, Olmedo, Tudela de Duero y Portillo, que superan los 700 ejemplos. En el lado opuesto del ranking destaca Fuensaldaña, con 141 casos detectados, junto con Renedo de Esgueva, Viana de Cega y La Cistérniga, que no llegan a los 200 inmuebles.

Tomando como referencia la superficie de cubiertas contaminadas por amianto, la localidad en el ‘top’ es Tordesillas, con un cálculo de algo más de 257.000 metros cuadrados afectados, seguido de Íscar, con más de 237.600 metros y de Peñafiel, con cerca de 176.000.

Sin embargo, la peligrosidad de su presencia no se mide únicamente tomando en consideración la cantidad del material, sino que hay que tener en cuenta más circunstancias, y por eso la Diputación de Valladolid está inmersa en analizar el resto de variables que estipula la normativa, en aras de proponer a los ayuntamientos el calendario de retirada en función de la urgencia.

Además de la cantidad o extensión de amianto, la denominada ‘fórmula del riesgo’ tiene en cuenta otros siete factores: la localización (si está al aire libre o en espacios cerrados), la accesibilidad de los usuarios (si hay probabilidad de interacción física y su frecuencia), el número de personas expuestas (tanto trabajadores como usuarios), la accesibilidad técnica, su estado de conservación y la variedad del material.

El resultado de la suma de las variables mencionadas hay que multiplicarlo por el factor de friabilidad –es decir, por su capacidad para romperse y liberar fibras– y, según la puntuación final, se clasifican en riesgo bajo, medio o alto. Son éstas últimas, las de riesgo alto, las que se tienen que retirar antes del año 2028, si se encuentran en los lugares públicos, tal y como obliga la normativa. De ahí la importancia de la elaboración de un censo para la correcta identificación de las cubiertas más peligrosas en la provincia.

«Los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028», reza el texto de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Los deberes, en todo caso, se van haciendo con retraso, pues dicha ley daba un año de margen desde su entrada en vigor para que los ayuntamientos confeccionaran el mencionado censo, así que en abril de 2023 ya tenía que haber estado listo y, de momento, sólo algunos ejemplos, como el Ayuntamiento de Valladolid capital o el de Arroyo de la Encomienda, han hecho la tarea.

Mientras, para facilitar el trabajo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, la Diputación contrató –en enero de 2025– a la empresa Bureau Veritas por 62.550 euros para identificar las edificaciones que tienen amianto en los municipios de más de 650 habitantes, y después –en febrero de este año– a la empresa Labore Innova por 53.034 euros para hacer lo mismo en las poblaciones por debajo de esa referencia demográfica.

Inmersos ya en el análisis pormenorizado del riesgo en el primer grupo para trasladar a los ayuntamientos una propuesta de calendario, el jefe del servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la institución provincial, Francisco López, estimó que a finales de septiembre estará disponible la información del segundo grupo, una vez culmine la recopilación de información.

Después, restan los trabajos de retirada del amianto a través de gestores autorizados para la manipulación del material.