La Diputación demanda a la Junta el arreglo de la VA-160

La Diputación establecerá una estrategia conjunta con los ayuntamientos de Pollos y Castronuño para agilizar la reforma integral de la carretera VA-160, de titularidad autonómica. Es el contenido de la proposición presentada por el Grupo provincial de Toma la Palabra (TLP, coalición de IU y Equo) al Pleno de la Institución provincial, celebrado ayer. El documento fue respaldado por unanimidad y plantea el objetivo de alcanzar, en un plazo de tres meses, un acuerdo con la Junta de Castilla yLeón «para realizar las acciones pertinentes para que sea una carretera del siglo XXI».

Según explicó la portavoz de TLP, Virginia Hernández, «al deterioro de la carretera –cuyo firme es parcheado continuamente–, se suma la grave inseguridad que supone el paso a nivel de la vía del tren en una curva muy peligrosa casi a la altura de Castronuño y el común tránsito de jabalíes que cruzan con asiduidad la VA-610». Añadió que desde la Junta «existe la intención de reforzar y renovar el firme de esa carretera, y en el término municipal de Pollos ya se han licitado 7 kilómetros», sin embargo, «el tramo de Castronuño se encuentra paralizado».

El segundo grupo unipersonal de la Corporación, el de Vox, consiguió también unanimidad en su proposición, que marca una fecha límite para que la instalación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (Edar) en pueblos de menos de 500 habitantes sea una realidad antes de 2022. La Diputación exigirá a la Junta de Castilla y León, además, la «previsión de una dotación presupuestaria suficiente» para conseguirlo.

El Grupo Socialista, por su parte, consiguió respaldo para otra proposición que solicita la creación de un sistema de seguimiento y valoración de la ejecución del contrato entre la Diputación y la empresa adjudicataria del servicio de recogida de papel-cartón, vidrio y envases ligeros.

Los proponentes planteaban que este control se ejerciera a través de una comisión, aunque aceptaron la enmienda planteada por el Grupo Popular para que sea un grupo de trabajo quien lo haga. La proposición se aprobó por unanimidad.

CATALUÑA

No consiguieron unanimidad, sin embargo, las dos proposiciones planteadas por los dos grupos del equipo de Gobierno, dos textos alejados del mapa de la provincia. El PP planteó un manifiesto en apoyo y reconocimiento de la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Fycse) en Cataluña, expresando «su más firme condena» de los actos violentos protagonizados por elementos radicales y su solidaridad con los ciudadanos que están sufriendo esta situación. La proposición se aprobó con el voto en contra de TLP.

Por su parte, la proposición del Grupo Ciudadanos, aprobada con el voto en contra de los grupos Socialista y TLP, reconoce la «importante labor y profesionalidad» de las Fycse y planteó al Pleno que solicite al Gobierno de España las medidas necesarias «para restablecer y garantizar el orden constitucional en Cataluña».

Los dos Hernández de la Cámara, Agapito (PP) y Virginia (TLP) volvieron a protagonizar los momentos más encendidos del debate, cuando la segunda votó en contra de dos líneas de subvenciones aprobadas mediante el reglamento de los Presupuestos Participativos. Esta manera de elaborar presupuestos fue respaldada por TLP pero «parece que si no nos gusta lo que plantean los pueblos, ya no es bueno hacerles partícipes», le reprochó a Virginia el ‘popular’.

Virginia Hernández fue la única que se opuso a una línea de subvenciones de 50.000 euros destinada al apoyo de festejos taurinos populares en pueblos de la Ruta delMudéjar, y a otra línea por 22.250 euros que financia la instalación de cámaras de vigilancia del patrimonio local en 41 municipios de la zona norte de la provincia.