El Plan de Ruinas actúa sobre 61 inmuebles en 2015

En total se han sumado 158 pequeños municipios y 18 de más de mil habitantes / Son archivados seis expedientes por tratarse de bodegas o palomares

Edificio en ruinas junto a la Iglesia de San Román de Hornija en una foto de archivo.-J.M. Lostau

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Cristina S. García

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La Diputación de Valladolid cierra el año con 157 intervenciones en inmuebles de la provincia dentro del Plan de actuaciones en materia de ruinas que se firmó a finales del 2013.

De estas actuaciones, 61 se han realizado en 2015, mientras que en 2014 fueron 90 las que se llevaron a cabo. Las otras seis corresponden a expedientes que han sido archivados por no cumplir las condiciones del convenio, al tratarse de bodegas, palomares o castillos.

Estas intervenciones fueron, en principio, destinadas a ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes. A finales del 2015, un total de 158 municipios, de los 184 que hay en la provincia de estas características, se han adherido al plan para demoler o rehabilitar algún inmueble, diez más que hasta el pasado verano.

A mediados de 2014, y tras el buen resultado de la iniciativa, la Diputación provincial decidió extender el plan a municipios de entre 1.000 y 10.000 habitantes contando, hasta la fecha, con una docena más de ayuntamientos adheridos en menos de medio año, un total de dieciocho.

La institución provincial, que ha reducido a la mitad en 2016 la partida para la gestión de ruinas con 100.000 euros, ha comprobado a lo largo de estos dos últimos años que los propietarios de inmuebles afectados por estas actuaciones responden de forma más rápida cuando comprueban que está actuando la Diputación que si únicamente intervienen los ayuntamientos.

El proceso, que puede durar meses, comienza con la adhesión de la localidad al convenio, para que la Diputación, tras los perceptivos informes técnicos, declare el inmueble en ruina o bien las actuaciones a realizar para que vuelva a reunir las condiciones de habitabilidad.

Según el Reglamento de Urbanismo de la Comunidad, cuando el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público exceda del límite del deber legal de conservación, el Ayuntamiento deberá declarar la ruina total o parcial del inmueble ordenando la demolición del mismo, previa tramitación del procedimiento.

Los inmuebles deben cumplir una serie de requisitos, como ser de titularidad privada, estar ubicados en suelo urbano y haber sido destinados a vivienda o a actividades económicas, quedando fuera del convenio edificios públicos, bodegas o monumentos.

Con el objetivo de que los ayuntamientos con menos recursos puedan llevar a cabo obras de mejora y de conservación de las viviendas de sus respectivos municipios, la Diputación presta su ayuda a los consistorios tramitando todo el procedimiento.

En dicho proceso, los ayuntamientos no pierden la capacidad de decidir, ya que son ellos mismos los que firman o no el decreto de ejecución tras el análisis por parte de los técnicos de la institución provincial.

Cuando la evaluación técnica del edificio está finalizada, el Ayuntamiento comunica al propietario del inmueble la situación del mismo, para que se haga cargo de la demolición, o bien, acometa las obras de reforma que garanticen la seguridad de la estructura.

En caso de que el propietario no actuase, la Diputación se ha comprometido a la ejecución subsidiaria, es decir, a llevar a cabo la obra contratando a una empresa para ello y recuperando lo invertido a través del organismo de recaudación, Reval.

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Hasta finales del 2015 la Diputación ha actuado sobre un total de 28 inmuebles, de los cuales seis de ellos se llevaron a cabo a través de la actuación subsidiaria de la institución provincial.