Diputación provincial
Los Planes Provinciales crecen un 5% hasta 24,8 M€ el próximo bienio
En 2016 se han previsto 11,6 millones y en 2017 los otros 13 / Incluyen como novedad sistemas wifi y antirrobo y mejoras en rutas escolares / Ciclo del agua y núcleos agregados son complementarios
El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presenta la convocatoria de audiencia a los ayuntamientos de la provincia para la formación del plan bienal de cooperación 2016-2017.-ICAL
Los ayuntamientos de Valladolid dispondrán en la nueva convocatoria bienal de los Planes Provinciales de 24,82 millones de euros para llevar a cabo inversiones a lo largo de los años 2016 y 2017, lo que supone un 5% más que en la última edición –cuando se cifró en 23,6–, con varias novedades respecto a las actuaciones que se consideran subvencionables, cambios en las dotaciones complementarias y variaciones en los índices de aportación municipal.
El programa incluye por primera vez la implantación y mejora de sistemas wifi en espacios municipales, las acciones encaminadas a garantizar las rutas escolares seguras –como la disposición de pasos de cebra o de badenes para reducir la velocidad del tráfico en los trayectos hasta colegios– y los elementos de prevención contra robos en los edificios de titularidad municipal.
Además, dentro de las novedades de este programa, se ha establecido una cuantía complementaria de 200.000 euros para los núcleos de población separados y otra, también complementaria, para intervenciones relacionadas con el ciclo del agua, dotada con 1,5 millones de euros. Las asignaciones se suman en ambos casos a los módulos establecidos en base a la población.
Dichas partidas ‘extra’, sumadas a los 19 millones de inversión y a los 4,1 de mantenimiento de servicios alcanzan los 24,82 de la convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes para los ayuntamientos de la provincia estará abierto hasta el 1 de febrero del próximo año.
En el caso de superar los 11,66 millones reservados para el presupuesto de 2016, y hasta que se aprueben los 13,16 que se consignen en las cuentas del año 2017, el diputado de Economía y Hacienda, Agapito Hernández, confirmó que la institución provincial podría solicitar un crédito por importe de dos millones de euros y aún así conseguiría rebajar deuda, pues prevé amortizar siete.
Y es que, al igual que sucedió en la última edición, la nueva propuesta vuelve a tener carácter bienal «para cumplir el triple objetivo de garantizar un marco económico estable a la financiación, facilitar a los ayuntamientos la planificación de las actuaciones y agilizar la ejecución de las obras», destacó ayer el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, quien ensalzó la importancia de esta herramienta para «mejorar la calidad de vida de las personas en los pueblos» y para ayudar a la generación de empleo.
Por ello, y porque consideró que «ya se ha pasado la fase más fuerte de la crisis», el presidente volvió a reclamar, tanto a la Junta de Castilla y León como a la Administración General del Estado, que vuelvan a participar en su cofinanciación, «puesto que no lo han hecho», dijo, a pesar de la insistencia de la Diputación.
«Nunca pierdo la esperanza y lo vamos a solicitar hasta que lo cumplan, porque ya va siendo hora de que se sumen al compromiso», añadió Carnero sin aventurarse a poner fecha.
Además de mantener ese carácter bianual, también continúa vigente la posibilidad de que los ayuntamientos utilicen el dinero que ahorren en las contrataciones respecto al precio de licitación para reinvertir en nuevos proyectos, aportando un 25%.
Y respecto a las aportaciones que deben realizar los consistorios en función de la actuación en la que se enmarquen, los porcentajes apenas varían, aunque sí se incluye algún cambio. En las consideradas como «prioritarias», es decir, las referidas a ciclo integral del agua, rutas escolares seguras y sistemas antirrobo y wifi en edificios municipales, los pueblos únicamente sufragarán el 5% del importe. Un mínimo que también incluye a los sistemas de eficiencia energética.
Las inversiones en alumbrado público que no utilicen sistemas de ahorro, sin embargo, estarán penalizadas y pasan del 10% al 20%, como «efecto disuasorio».
El plan fue ayer aprobado por unanimidad de los cinco grupos en comisión, aunque aún debe pasar por el pleno.