Agroalimentación
La Junta pide el cese de Del Villar en la DEO Rueda
El presidente de la denominación denuncia que la Junta «intenta ejecutar una resolución administrativa que no es firme en vía judicial»
El presidente de la DO Rueda, Pablo Villar, en una imagen de archivo-I. M.
Los problemas en el seno del Consejo Regular de la denominación de origen Rueda se enquistan. La Junta considera que el presidente de la DO, Pablo del Villar, ha perdido su condición de vocal y, por ende, de máximo representante de este organismo, al considerar «firme» la sanción «muy grave» de Del Villar en el ‘caso de los catadores’ del comité de certificación y exige que se hagan nuevas elecciones. Por su parte, el presidente de la DO niega la mayor y asegura que la Junta «intenta ejecutar una resolución administrativa cuando no es firme en vía judicial».
María Jesús Pascual, directora general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y viceconsejera de Agricultura y Ganadería, remitió un escrito el pasado jueves 26 de marzo al pleno del Consejo Regulador de Rueda en la que pedía al plenario que cumpliese su Reglamento y Del Villar dejase de ser vocal y presidente de la DO. Los vocales de la DO fueron informados en una reunión ordinaria que mantuvieron el viernes 27, en la que se leyó el escrito de Pascual en el que instaba al Consejo a elegir nuevo presidente de este organismo una vez que se «habían despejado las dudas jurídicas» respecto a la firmeza de la resolución administrativa, recurrida por vía jurisdiccional por el presidente de la DO.
Félix Pérez, abogado de Del Villar, aseguró que «la Administración intenta por todos los medios que el presidente de la DO se vaya, pero lo está haciendo sin cumplir los procedimientos administrativos que la ley obliga a cumplir». «La Junta intenta por todos los medios ejecutar una sanción administrativa que afecta al Consejo Regulador y no al presidente cargándose al presidente; lo firma la viceconsejera, que no es competente, ya que lo tiene que firmar la consejera que es la que le nombra; y el acto administrativo que pretenden ejecutar no es firme judicialmente», agregó el letrado.
La notificación del 26 de marzo era la segunda que dirigía María Jesús Pascual al Consejo Regulador de Rueda para revocar los poderes y la representación de Pablo del Villar en la DO. La primera fue el pasado 24 de febrero y señalaba textualmente que, «una vez firme en vía administrativa la Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería, por la que se resuelve el procedimiento sancionador ITA/01/2014 seguida contra el presidente Pablo del Villar, deberá por este Consejo Regulador darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24.6 del Reglamento de la DO Rueda».
El artículo en cuestión es el que aborda la elección de vocales y la pérdida de dicha condición y recoge literalmente que, los vocales electos representantes de una entidad inscrita perderán su condición de vocal, entre otras cosas, «cuando ellos o la entidad a la que representan hubieran sido sancionados por resolución firme».
La petición de la Junta fue comunicada al pleno del consejo por el vocal que representa al Gobierno autonómico en una reunión ordinaria de finales de febrero, negando la representatividad del presidente para ejercer como tal. El pleno se suspendió y se comunicó a la Junta un recurso contencioso-administrativo que Del Villar había presentado, con fecha 20 de febrero, contra la resolución de la Consejería, solicitando la «suspensión cautelar de la ejecutabilidad de la resolución impugnada por la que se resolvía el expediente sancionador» del Itacyl, argumentando que «la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso».
Esta información judicial fue trasladada al día siguiente a la Junta por el secretario de Rueda y el abogado del ConsejoRegulador, y se paralizó la destitución del presidente de Rueda, hasta que se aclarase si la resolución contra él era firme o no al encontrarse recurrida.
Entre tanto, los servicios jurídicos de la Junta se dirigieron a la magistrada del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Valladolid el 24 de marzo para que les aclarase el auto de medidas cautelares del 20 de febrero, en concreto al término ‘resolución firme’ y la magistrada sostiene que «ha de entenderse referido a la firmeza en vía administrativa a efectos de su ejecutividad, si bien en el caso de autos la resolución sancionadora no resulta firme por vía jurisdiccional, al haberse interpuesto recurso contencioso administrativo».
Esta resolución judicial es la que ha motivado de nuevo la orden de la directora general del Itacyl para que se ejecute la pérdida de la condición de vocal de Pablo del Villar, al sostener que por vía administrativa la resolución de la falta grave es firme aunque no lo sea a nivel jurisdiccional. Y en base a ello María Jesús Pascual exige al pleno de Rueda que nombre un nuevo vocal en sustitución de Del Villar e inicie el procedimiento para elegir un nuevo presidente para la DO, con un presidente funcionario interino.
Pérez niega la mayor. «Esa resolución de lo contencioso no es firme todavía porque cabe recurso. Nosotros hemos pedido una aclaración», indicó. «Han intentado rectificar un acto judicial que no procede y lo hemos impugnado, y pedimos la nulidad de actuaciones porque violan la Ley, incluso el propio Juzgado. Con una aclaración no se puede modificar una calificación judicial, y el juzgado la ha modificado cuando lo tiene que hacer en un recurso, por eso pedimos su nulidad», señaló el abogado de Pablo del Villar, quien agregó que «es incomprensible está forma de actuar saltándose lo que sea para cargarse a alguien, es muy duro. La notificación es ejecutiva y no da ni plazo para recurrir;todo acto administrativo tiene que poner un plazo para recurrir;hasta en la época de Franco eran mucho más proteccionistas y se podía impugnar».