TRIBUNALES

Piden absolver por eximente psíquica y expulsar de España al hombre que trató de tirar a una mujer al Pisuerga en Valladolid

El Ministerio Público solicita internar al agresor en un centro médico tras apreciar que padecía un trastorno psicótico que anulaba completamente sus facultades

Centro de Salud y Centro de Especialidades de Arturo Eyries, en una imagen de archivoJUAN GARCÍA

Valladolid

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La Fiscalía Provincial de Valladolid solicita el internamiento durante cinco años en un centro médico adecuado a su situación psiquiátrica para un hombre que intentó acabar con la vida de una mujer a la que atacó en abril de este año en Valladolid. El procesado actuó bajo los efectos "de un trastorno psicótico" que anulaba completamente sus capacidades "cognitivas y volitivas", según considera el  Ministerio Público. Además aprecia la concurrencia de una eximente completa y reclama su absolución, aunque con la imposición de una medida de seguridad que implique su tratamiento médico.

Los hechos se remontan a "las 11: 30 horas del 15 de abril de 2026", cuando la víctima transitaba por "la avenida de Medina del Campo" de Valladolid después de haber abandonado "el Centro Médico Arturo Eyries". En ese momento, el procesado comenzó a seguirla sin que ella le conociera de nada, según recoge el escrito de acusación provisional.

La mujer "se percató" de que estaba siendo perseguida por el acusado y, al observar que este continuaba detrás de ella, decidió "detenerse momentaneamente"para dejar "que se alejara de ella". Sin embargo, el hombre continuó siguiéndola hasta alcanzarla "a la altura del puente de Arturo Eyries", explican. Una vez allí, la abordó y comenzó a dirigirse a ella de forma amenazante, "preguntándole dónde iba y si creía que iba a conseguir escapar de él" añaden.

La situación fue agravándose cuando la víctima intentó alejarse del procesado. El hombre comenzó "a correr" detrás de ella mientras le gritaba "me has amargado la vida". En ese momento, y "como consecuencia del trastorno psíquico", llegó a describirla como si fuera "su exmujer", a la que decía que había "intentado levantar para tirarla por la barandilla del puente".

El ataque terminó con la mujer "en el suelo", después de que el acusado intentara arrojara "desde una altura de 20 metros hasta el agua".  Una en el suelo, el procesado continuó la agresión con "numerosas patadas y puñetazos". La intervención de varias personas que transitaban en ese momento por el puente resultó determinante para "auxiliar a la víctima" y poner fin a la agresión. Los viandantes acudieron en su ayuda después de escuchar sus gritos y consiguieron asistirla tras el ataque. La Fiscalía considera que la actuación del procesado constituye un delito de homicidio en grado de tentativa, al entender que los hechos estuvieron dirigidos a acabar con la vida de la mujer.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió "un traumatismo craneal, un hematoma e inflamación en la región lateral de la órbita izquierda", además de una "leve herida en la región proximal del antebrazo izquierdo". También presentó dolor en el hombro derecho, sin que se apreciara hematoma en esa zona. Las lesiones requirieron una primera asistencia médica y provocaron un periodo "de diez días de perjuicio básico" para su recuperación.

Circunstancias del acusado

El escrito del Ministerio Público pone especial atención en las circunstancias personales y psiquiátricas del acusado. El procesado,  "carecía de antecedentes penales y se encontraba en situación irregular en territorio español" cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, padecía "un trastorno psicótico con delirios de tipo celotípico, persecutorio y místico-religioso" que "anulaba totalmente sus facultades cognitivas y volitivas". según la valoración recogida por la Fiscalía.

Esta circunstancia resulta determinante para la calificación jurídica de la agresión. Aunque la Fiscalía atribuye al procesado la autoría de un delito de homicidio "en grado de tentativa", considera que concurre la "eximente completa" prevista en el artículo 20.1 del Código Penal. Por ello, no reclama una pena de prisión, sino una "medida de seguridad "adaptada a su situación clínica.

De hecho,  permanece "en prisión en un módulo adecuado a su situación médica desde el 16 de abril de 2026", el día posterior a los hechos. La Fiscalía considera que debe ser absuelto de responsabilidad penal por la aplicación de la citada eximente, pero entiende necesario que permanezca sometido a "tratamiento médico" durante cinco años en un centro adecuado a sus necesidades psiquiátricas.

Además, una vez cumplida la medida de seguridad, se proceda a su expulsión "del territorio nacional", al amparo de lo establecido en el artículo 108 del Código Penal, con la prohibición de regresar a España "durante un periodo de diez años".

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También interesa que el procesado sea condenado al pago de las costas del procedimiento, con una indemnización de 550 euros por "las lesiones sufridas", además de hacerse cargo de los "gastos médicos y de asistencia" sanitaria que se acrediten durante la ejecución de la sentencia.