Carnero insiste en que acepta debatir sobre el coordinador de alcaldía siempre que no se le califique como "alcalde B"

"Meterse con funcionarios públicos que ocupan puestos contemplados en una relación de puestos de trabajo, eso no lo voy a permitir nunca en el Ayuntamiento", afirmó este viernes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, tras conocer la resolución judicial que obliga a llevar al Pleno las mociones denegadas a la oposición sobre la figura del director de coordinación de políticas públicas. 

El regidor manifestó un "respeto absoluto a las resoluciones judiciales" y confirmó que la asesoría jurídica analiza la posibilidad de interponer un recurso de apelación, dado que la sentencia "no ha adquirido firmeza". 

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento tras la visita al punto violeta de la playa de las Moreras, recordó la posición mantenida en las juntas de portavoces sobre las iniciativas del Grupo Municipal Socialista relativas al puesto que ocupa Indalecio Escudero, a quien la oposición se refiere como "alcalde B". 

Carnero explicó que "en ningún momento" se opuso al debate, siempre que las mociones se abordaran en relación con la denominación oficial del coordinador de políticas públicas. La falta de acuerdo derivó en el recurso ante los tribunales que ahora otorga la razón al PSOE. 

En este sentido, insistió en la inexistencia de "ninguna intención de sustraer el debate" de la sesión plenaria y apeló a la moderación en el enfrentamiento político. "Los políticos podemos decirnos muchas cosas con el debido respeto", pero fijó la línea roja en la defensa de los empleados municipales. Además, extendió este criterio al personal del Ayuntamiento y exigió "el máximo respeto a esos servidores públicos" por el desempeño de "un trabajo encomiable a favor de todos y cada uno de los vecinos".

Ante la eventualidad de incluir la discusión en el pleno según lo dispuesto en la sentencia, Carnero supeditó el procedimiento a la revisión jurídica en curso. No obstante, garantizó el "cumplimiento absoluto" de las decisiones judiciales en caso de no recurrir y avanzó su disposición a debatir si la sesión se desarrolla bajo el nombre técnico del cargo administrativo, al rechazar cualquier expresión que "pueda ser denigrante para cualquier empleado público".