Valladolid prima el arraigo para el acceso a ayudas a la vivienda al elevar a tres años estar empadronado
Zarandona defiende que el protocolo «simplifica y agiliza el sistema» / El PSOE afirma que «el PP ha decidido plegarse a los criterios de Vox»
Sede de VIVA en Valladolid.
El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) aprobó hoy distintas medidas dirigidas a mejorar la gestión del parque público, agilizar los procedimientos de acceso y desarrollar nuevas actuaciones previstas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030.
La sesión incluyó, entre otros asuntos, la modificación de los protocolos de acceso a vivienda, la aprobación del contrato programa con el Ayuntamiento de Valladolid para 2026 y una nueva convocatoria de colaboración con entidades del Tercer Sector.
Uno de los principales acuerdos adoptados ha sido la modificación del Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal gestionado por VIVA, con el objetivo de simplificar y agilizar el sistema de adjudicación de viviendas municipales, garantizando al mismo tiempo los principios de igualdad, transparencia y objetividad en el acceso a los recursos públicos.
La revisión, según se informa desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Ical, responde a las dificultades detectadas en la tramitación actual, especialmente por el elevado volumen de documentación exigida y la complejidad de los procedimientos de baremación. Según los datos manejados por la sociedad municipal, algunos procesos de adjudicación podían prolongarse hasta cerca de un año, mientras que con el nuevo sistema se prevé reducir los plazos hasta aproximadamente seis meses.
El nuevo modelo reduce cargas administrativas y permitirá acelerar la resolución de los expedientes. Entre las principales novedades se encuentra la simplificación del sistema de solicitud mediante declaraciones responsables y la reducción de la documentación inicial exigida a los solicitantes. La acreditación documental se requerirá únicamente a las personas que lleguen a la fase final del procedimiento de adjudicación, reforzando así la eficiencia administrativa sin perder garantías de control y verificación. Si la documentación no acredita lo declarado previamente, la persona solicitante será excluida del procedimiento en esa convocatoria.
La modificación incorpora además un replanteamiento del modelo de alquiler de vivienda pública municipal basado en los principios de temporalidad y solidaridad. El parque público se concibe como una herramienta destinada a facilitar una oportunidad habitacional temporal a personas y familias con dificultades de acceso al mercado libre, favoreciendo así procesos de integración social y laboral y permitiendo posteriormente que otras unidades convivenciales puedan acceder también a estas viviendas bonificadas.
En paralelo, el nuevo protocolo simplifica de manera importante los criterios de valoración del programa de Viviendas Blancas (para colectivos en situación de vulnerabilidad). Se reducen variables, se agrupan puntuaciones y se eliminan determinados criterios cuya acreditación resultaba especialmente compleja, lo que permitirá una gestión mucho más ágil y transparente de los procedimientos.
También se incorporan nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de acceso y reforzar el control frente a ocupaciones ilegales, cesiones inconsentidas, fraudes en el empadronamiento o incumplimientos de las normas de convivencia.
Entre los cambios aprobados figura igualmente el incremento del requisito de antigüedad en el empadronamiento en la ciudad de Valladolid, que pasa de uno a tres años para poder acceder a determinados programas de vivienda municipal. La medida busca reforzar la vinculación con la ciudad y priorizar el acceso de personas y familias con arraigo en Valladolid.
Compradores
El Consejo de Administración aprobó igualmente la modificación del protocolo que regula el procedimiento de selección de compradores en primera transmisión y primer acceso en arrendamiento de viviendas protegidas promovidas sobre suelo municipal.
La actualización adapta el texto a la normativa vigente y mejora la gestión de promociones impulsadas tanto por la propia sociedad municipal como por promotores privados y cooperativas que desarrollen viviendas protegidas sobre suelo de origen municipal, destinadas a venta o alquiler.
El nuevo procedimiento refuerza los principios de concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia en los procesos de selección, incorporando además nuevas herramientas informáticas que permitirán agilizar la acreditación del cumplimiento de requisitos y mejorar la gestión administrativa de las listas de solicitantes.
Asimismo, con el objetivo de facilitar y agilizar la gestión de las promociones, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid ampliará el número de personas incluidas en los llamamientos. Así, las promotoras recibirán listados definitivos con un máximo de 25 candidatos por cada vivienda de la promoción.
Zarandona ha defendido que el nuevo modelo "reduce cargas administrativas y permitirá acelerar la resolución de los expedientes", pues se simplifica el sistema de solicitud mediante declaraciones responsables y la reducción de la documentación inicial exigida a los solicitantes. Además, la acreditación documental se requerirá únicamente a las personas que lleguen a la fase final del procedimiento de adjudicación, reforzando así la eficiencia administrativa sin perder garantías de control y verificación.
Entre los cambios aprobados figura igualmente el incremento del requisito de antigüedad en el empadronamiento en la ciudad de Valladolid, que pasa de uno a tres años para poder acceder a determinados programas de vivienda municipal. La medida busca reforzar la vinculación con la ciudad y priorizar el acceso de personas y familias con arraigo en Valladolid.
Por su parte, el Grupo Socialista ha considerado este "no como una mera modificación técnica", sino "una barrera de entrada que dejará fuera directamente a personas y familias que viven en Valladolid, que necesitan una vivienda asequible y que, sin embargo, no podrán ni siquiera concurrir al procedimiento por no alcanzar ese nuevo umbral temporal".
Para el Grupo Municipal Socialista esta decisión "confirma que el PP ha decidido plegarse a los criterios de Vox y convertir el acceso a la vivienda pública en un sistema más restrictivo".
"El endurecimiento resulta especialmente preocupante porque el propio protocolo convierte la antigüedad en el empadronamiento en un factor determinante", han recalcado, antes de precisar que "no solo se exige un mínimo de tres años para acceder", sino que además se "prima con más puntuación a quienes acumulen más tiempo de residencia": un punto entre tres y seis años, dos puntos entre seis y diez años y tres puntos para más de diez años.
El tiempo de empadronamiento "pasa a tener un peso decisivo en la ordenación de las listas, incluso en programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad", ha lamentado el PSOE.
El PSOE considera que "el arraigo puede ser un elemento a valorar, pero nunca debe convertirse en una frontera que impida acceder a una vivienda pública a quienes acreditan una necesidad" y que "estar más o menos tiempo empadronado en Valladolid no hace a una persona más o menos vulnerable".
Tercer sector
En el ámbito social, VIVA aprobó una nueva convocatoria para la realización de convenios con entidades del Tercer Sector durante 2026. La iniciativa permitirá continuar facilitando el acceso a viviendas municipales a colectivos en situación de especial vulnerabilidad mediante proyectos sociales desarrollados por asociaciones y entidades de Valladolid.
La convocatoria mantiene el modelo puesto en marcha en ejercicios anteriores y contempla la formalización de convenios de colaboración y contratos de cesión de viviendas dentro del parque público municipal de alquiler, garantizando criterios de legalidad, publicidad y concurrencia en el proceso de selección de entidades colaboradoras.
Las entidades participantes deberán acreditar su implantación en la ciudad y presentar proyectos de intervención social vinculados al acceso y acompañamiento residencial de personas y familias vulnerables.
El Consejo ha aprobado igualmente el Contrato Programa entre el Ayuntamiento de Valladolid y VIVA para el ejercicio 2026, instrumento que permitirá financiar actuaciones vinculadas al desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030. El acuerdo contempla actuaciones relacionadas con la gestión y herramientas del plan municipal, el programa ALVA, la gestión de patrimonio municipal y actuaciones sobre suelo con destino residencial.
Gracias a este Contrato Programa se darán los primeros pasos para impulsar el Observatorio de la Vivienda. Una herramienta estratégica de información y análisis que permitirá conocer de forma permanente y actualizada la situación real de la vivienda en la ciudad. Su finalidad es ofrecer datos fiables sobre el mercado inmobiliario, la vivienda protegida, el alquiler, la rehabilitación o la vivienda vacía, facilitando así una mejor planificación de las políticas públicas de vivienda.