Renfe rechaza abrir a Iryo sus talleres de Valladolid tras la orden de la CNMC

Renfe alegó en la Audiencia Nacional que solo oferta a terceros un uno por ciento de sus instalaciones en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) situada en el páramo de San Isidro de Valladolid. Se trata de la la única oferta de capacidad para mantenimiento pesado que contempla en su declaración pública de capacidad, según informan a Ical fuentes de la operadora pública.

Este martes, Renfe explicó que acude al tribunal en defensa de sus intereses y del servicio público ferroviario en España ante la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de obligar a la compañía española a abrir sus talleres para el mantenimiento de material pesado a las operadoras competidoras, en concreto a Iryo.

La resolución se centra en la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra, cuyas instalaciones asegura están al "límite” de su capacidad, “sin margen para imprevistos o trabajos adicionales”. En su opinión, la limitación de vías disponibles para el mantenimiento de ciertos materiales solicitados, como los ‘bogies’, reduce para la operadora la capacidad real de las instalaciones y el espacio a ceder no sería del siete por ciento, sino superior al diez por ciento anual, porque sólo se podría usar una parte compatible de las ocho vías del taller.

Renfe indicó que la única oferta de capacidad de instalaciones de mantenimiento pesado en régimen de prestación realizada por la operadora y que consta en su declaración pública de capacidad es un uno por ciento en la base de Valladolid. Por ello, rechaza el criterio utilizado por la CNMC, “absolutamente arbitrario” a juicio, ya que equipara intervenciones en función de su duración en taller, ignorando su contenido técnico (mantenimiento ligero o pesado).

Esto, según Renfe, puede reducir la disponibilidad de recursos críticos y afectar a la programación del mantenimiento, con impacto directo en la disponibilidad de trenes.

“Llama la atención que la CNMC ha impuesto a la operadora española medidas que exceden incluso lo solicitado por Iryo”, señaló Renfe, que explicó que la operadora italiana, en su solicitud, pidió como cautelar el acceso a un foso en La Sagra (o Santa Catalina) en autoprestación para llevar a cabo el mantenimiento de sus trenes.

“Paradójicamente, la resolución desestima esa petición concreta, pero, a cambio, impone otras medidas aún más amplias que nunca fueron ofrecidas ni negociadas con Iryo: acceso global a La Sagra para desmontaje y montaje de bogies, uso de instalaciones y equipamientos, obligación para Renfe de reparar esos bogies (o permitir su autoprestación) y fijación de condiciones económicas y de plazo. Es decir, que, en la práctica, hablamos de una apertura completa de los talleres de Renfe a la operadora italiana para el mantenimiento pesado”.

Impacto

Renfe recordó que esta decisión ocasionará problemas operativos “graves” y provocará “importantes” afectaciones al servicio público y al resto de la operativa, ya que generará una menor capacidad de mantenimiento para su material rodante, obligando a sacar de los talleres los trenes de Renfe para que entre material de otros operadores.

Este hecho, insistió, reducirá los trenes en circulación y provocará ajustes operativos, con especial impacto en la alta velocidad Madrid-Barcelona (por la menor disponibilidad de los trenes S103); en el Eje Atlántico, Huelva y País Vasco (trenes S120 y S121); y en los servicios Avant, especialmente entre Valladolid-Madrid, el de mayor volumen de España. Además de un impacto económico estimado en más de 60 millones de euros anuales, por la caída de ingresos y los desajustes operativos derivados de la reducción de la oferta de trenes.

Alternativas

Renfe sostiene que las operadoras privadas han tenido tiempo suficiente para invertir en la construcción de talleres propios, como ha hecho, por ejemplo, Trenitalia France en París con una inversión de 80 millones. En este sentido, anunció el pasado mes de octubre su nuevo Plan de Talleres 2025-2030, dotado con una inversión pública de más de 1.000 millones de euros para modernizar el mantenimiento de su flota.

En este contexto, hace un mes se ha licitado por 43 millones la construcción de una base de mantenimiento en Móstoles, dentro del Plan de Renovación de la C-5 de Cercanías Madrid, para adaptarlas a las nuevas necesidades del servicio ferroviario. Otra de las alternativas de las operadoras para el mantenimiento pesado de su material rodante es llevar sus trenes a los talleres ubicados en sus países.

En este contexto, la compañía recordó que la Ley del Sector Ferroviario obliga a permitir el acceso a talleres en condiciones no discriminatorias, pero solo para el mantenimiento ligero de los trenes.