Los propietarios de Valladolid alertan: «Intervenir el alquiler provocará que salgan viviendas del mercado»

El decreto aprobado por el Gobierno de España para congelar los alquileres a punto de vencer y que también fija un máximo del 2% en las actualizaciones anuales de los mismos, no ha encajado bien entre los propietarios de esas viviendas, quienes aseguran que en el medio plazo la medida podría tensionar aún más el mercado.

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid advirtió recientemente a través de un comunicado de que el nuevo decreto aprobado por el Gobierno para prorrogar automáticamente los contratos de alquiler ha generado una enorme preocupación entre los pequeños propietarios y podría desembocar en una retirada significativa de viviendas del mercado.

Señalan que «la norma introduce obligaciones unilaterales y limitaciones sobre la renta y la duración de los contratos que alteran el equilibrio del mercado y colocan a los arrendadores en una situación de gran incertidumbre».

En este sentido Pablo Ferreras, presidente de la Cámara, lamenta que «este decreto vuelve a colocar a los propietarios en un escenario de inseguridad jurídica totalmente inasumible. Intervenir el precio y la duración de los contratos sin un marco estable va a provocar que muchos decidan sacar sus viviendas del alquiler. Y eso perjudica, sobre todo, a los inquilinos que buscan una vivienda en Valladolid».

La Cámara recuerda que en Valladolid la mayoría de viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, más de un 96%, que buscan estabilidad, cumplimiento y reglas claras. La entrada en vigor de este decreto, pendiente de convalidación en el Congreso, crea un contexto incierto que desincentiva mantener la vivienda en el mercado tradicional.

El presidente de la Cámara reitera que «cada vez que se aprueba una medida improvisada, el mercado se contrae. La oferta cae, los precios suben y la situación se complica para todos. No se puede gobernar un mercado tan sensible con normas temporales que pueden desaparecer en 30 días».

Más allá de las críticas, la Comunidad Madrid, Cataluña y Andalucía serán las comunidades autónomas en las que más personas se beneficiarán de la prórroga de alquileres que contempla el decreto ley sobre vivienda aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Irán. En el caso de Castilla y León, la medida llegará a 145.430 inquilinos por 55.720 alquileres, informa Europa Press.

Según un informe elaborados por el Ministerio de Consumo a partir de los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, estas tres comunidades autónomas concentran el 54% de personas que se beneficiarán de la prórroga de dos años.

De esta manera, según cálculos de Consumo, un total de 2.687.392 personas se verán afectadas por los 1.037.603 contratos de alquiler que vencerán este 2026 y 2027.

Por territorios, la Comunidad de Madrid, con 623.142 afectados por los 224.961 alquileres que decaerán en este bienio, será la autonomía en la que más personas se beneficiarán de la medida. Le siguen Andalucía, con 360.040 afectados por la caída de 144.016 contratos, y Cataluña, con 474.814 afectados por los 177.833 alquileres que vencerán su vigencia entre 2026 y 2027.

Tras estas tres autonomías, se sitúan la Comunidad Valenciana, con 268.053 afectados por los 108.086 contratos que van a vencer; Canarias, 161.887 afectados, por 66.620 alquileres; Castilla y León, 145.430 afectados, 55.720 alquileres; Galicia, 132.237 afectados, 58.772 contratos, o Baleares, 112.484 afectados, 39.747 alquileres.

Según indicaron desde Consumo, los contratos de País Vasco y Navarra no se incluyen puesto que su información no figura en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria debido a su condición de comunidades con régimen foral.

El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley con medidas de vivienda que incluye la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027, así como un límite del 2% en la actualización anual de la renta de alquiler, reclamadas por Sumar.

El Ejecutivo optó por aprobar el decreto de vivienda en un texto separado al de medidas anticrisis por el conflicto en Irán ante la falta de apoyos parlamentarios en materia de vivienda, tal y como reconoció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.