PP y VOX se piden a sí mismos suspender las multas de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid

El revés judicial que anula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha provocado el primer movimiento político del equipo de Gobierno de Valladolid. PP y VOX han registrado una moción conjunta para el pleno del lunes. En el texto, los dos socios de Gobierno se instan a iniciar los trámites para suspender el régimen sancionador de la normativa, ahora invalidada por los tribunales.

La propuesta pide de manera formal “que se inicien las actuaciones administrativas que correspondan, para suspender los procedimientos sancionadores derivados de la aplicación de la Ordenanza de Bajas Emisiones”. Y argumenta la necesidad de esta medida “en aplicación de un principio de cautela y prudencia”. El texto concluye con la intención de “adoptar la decisión administrativa en el sentido que corresponda”.

El origen de esta situación es una resolución judicial. La sección tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó la sentencia número 281 el pasado 16 de marzo. El fallo estima la demanda de la asociación Liberum. El tribunal declara nula la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio de Valladolid.

Este varapalo se suma a una tendencia nacional. Los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Madrid, Extremadura, Asturias y la propia Castilla y León se han pronunciado con distintos argumentos. Sus sentencias han anulado las Zonas de Bajas Emisiones en municipios como Barcelona, Gijón, Madrid, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Segovia, Ávila y Badajoz. 

Además, se encuentran recurridas las ordenanzas de Manresa, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, San Fernando y León, aún sin un pronunciamiento judicial, según reza la moción firmada por la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez Cuadrillero, y por Víctor Martín Meléndez, en ausencia de la portavoz del Grupo Municipal VOX, Irene Carvajal.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ya anunció cuando se conoció la resolución el pasado 18 de marzo la intención del equipo de Gobierno de recurrir esta sentencia en casación ante el Tribunal Supremo. En este punto, defendió que el procedimiento para aprobar la ordenanza cumple con la legalidad. Asimismo, sostuvo que los servicios jurídicos creen que la aprobación fue correcta y consideró que las cuestiones señaladas por el tribunal son “prácticamente de matiz formal” y no invalidan todo el proceso.

Sin embargo, los magistrados del TSJ argumentan que la normativa aplicable es el Real Decreto 1052/2022, que exige la elaboración de un proyecto previo con una serie de requisitos. El tribunal estima que la ordenanza de Valladolid no puede apoyarse en un plan anterior de 2021. La razón es simple. Un plan de 2021 no puede tener en cuenta una normativa y unas exigencias que se establecen en 2022.

A pesar de la nulidad y de la moción para suspender las sanciones, el Ayuntamiento sigue multando. El concejal de Tráfico y Movilidad prevé que la suspensión de las sanciones se haga efectiva en un plazo de "un mes o mes y medio". Durante ese tiempo, las cámaras seguirán operativas y los procedimientos sancionadores continuarán su curso.

Además, las multas impuestas hasta la fecha son “firmes”. Gutiérrez Alberca fue tajante sobre este punto. “No hay ninguna posibilidad de anular ni de devolver económicamente la cuantía de esas sanciones”. Los datos oficiales muestran una recaudación de 682.790 euros hasta el 9 de febrero y el número de vehículos propuestos para sanción asciende a 9.218 entre el 1 de julio y el 28 de febrero.

La portavoz de VOX y primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, mostró su satisfacción con la sentencia y afirmó el día que se conoció que su formación defiende la suspensión del régimen sancionador desde el principio. De igual forma, sostuvo que la calidad del aire de Valladolid es buena, a la vez que propuso un modelo de ZBE sin sanciones, que se active solo en picos de contaminación. También apuntó que la prudencia jurídica aconseja suspender el régimen sancionador para no incurrir en responsabilidad patrimonial de la Administración.

Este escenario abre un frente de incertidumbre sobre los fondos europeos. Valladolid recibió 27,7 millones de euros condicionados a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Una suspensión de la ordenanza podría poner en riesgo esta financiación. VOX critica repetidamente la Ley de Cambio Climático, que califica de “imposición”, y aboga por cumplir la ley estatal pero sin un modelo restrictivo.

La anulación judicial también ha provocado la reacción de colectivos ecologistas. La Plataforma por la Movilidad Sostenible califica el fallo como “un mazazo para la calidad de vida” y “un fracaso estrepitoso de la gestión municipal”. Consideran que la sentencia es consecuencia de una “pésima técnica administrativa” y de la “desidia” del Consistorio.

Ecologistas en Acción, que también recurrió la ordenanza por otros motivos, califica la ZBE anulada como un “fraude de ley”. Argumentan que su superficie es exigua, apenas el 2,3% de la ciudad, y afirma que su diseño apenas reduciría las emisiones de gases contaminantes. La organización lamenta que la “incompetencia técnica” del Ayuntamiento haya permitido a otras organizaciones tumbar la ordenanza por completo.

Ahora, los servicios jurídicos municipales estudian la vía más rápida para dejar de multar. Una opción es suspender la aplicación de la propia ordenanza, una vía más lenta. La otra, preferida por el equipo de Gobierno, es mantener la ZBE operativa, pero sin imponer sanciones, un retorno al periodo informativo inicial. Mientras se toma una decisión, el futuro de la ZBE de Valladolid sigue en el aire.