Los afectados del caso ataúdes claman justicia: "Es horroroso. Esto es profanar por tres pesetas"

Una de las testigos María Pilar Z. que incineró a su madre Carmen en enero de 1999 en la Funeraria El Salvador de Valladolid, mostró hoy su indignación por la actuación de la empresa por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos durante 20 años. “Es horroroso lo que han hecho con esas pobres personas. Eso es profanar por tres pesetas. El dueño ha muerto -en referencia al empresario Ignacio M. A.- pero que paguen los hijos”, aseveró durante su intervención en la sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el denominado ‘caso ataúdes’.

A preguntas del Ministerio Fiscal, María Pilar recordó, según recogió la Agencia Ical, que pidió al personal de la funeraria entrar en la sala donde estaba el horno crematorio del cementerio Parque El Salvador de Santovenia, donde debía incinerarse el féretro donde estaba el cuerpo de su madre, que había fallecido el 1 de enero de 1999. “Iba a entrar y me dijeron que estaba prohibido, por lo que pregunté qué quién lo prohibía y no me contestaron. Solo me comentaron que viniera a recoger las cenizas al día siguiente”, expuso.

En su caso, su madre contaba con un seguro de decesos, contratado con Patria Hispana, y su deseo era que su cuerpo fuera incinerada, por lo que la hija se limitó a elegir el féretro, ya que contrató con la funeraria lo que estaba recogido en la póliza. Pese al tiempo que ha pasado, María Pilar apuntó que la actuación de la empresa en el tanatorio fue correcta pero mostró su malestar en cómo transcurrió todo en el crematorio, después de que el personal de la funeraria no le dejara ver el momento en que el ataúd de su madre entraba en el horno para proceder a la incineración.

Tras reconocer que no había presentado una denuncia por estos hechos, una vez que tuvo conocimiento a través de la prensa, recibió, al igual que el resto de los testigos de este miércoles, una llamada de la Fiscalía para que compareciera en la tercera jornada de testificales el juicio para declarar como testigo. Además, dejó claro que si al final se demuestra que la funeraria El Salvador sustituyó los féretros por otros más baratos antes de la incineración y si queda probado que hubo un enriquecimiento de la empresa, solicitará una indemnización por los daños morales y materiales.

Otro testigo, Javier del C., que testificó por la incineración de su padre Luis Mariano, que falleció el 17 de marzo de 1997, también mostró su malestar con la actuación de la funeraria. “Tengo un sentimiento de indignación y rabia. La familia está totalmente dolida por que lo que ocurrió fue una estafa en toda regla”, aseguró. No en vano, consideró que la empresa gana “bastante dinero” con un negocio de este tipo para actuar de esta manera.

Cenizas sin recoger, según la funeraria

En su caso, su padre contaba contaba con un seguro con Ocaso, por lo que no pudieron elegir el tanatorio y fueron derivados a El Salvador. En cambio, la familia seleccionó un féretro entre los dos o tres modelos que estaban recogidos en la póliza. Al igual que la anterior testigo, apuntó que no pudieron ver la entrada de la caja del cuerpo de su padre en el crematorio. “Cerraron las cortinas y nos dijeron que se encargaban ellos y pasáramos a recoger las cenizas dos o tres días después, que así hicimos”, apuntó.

En concreto, dijo que fue él mismo el encargado de recoger la urna con las cenizas de su progenitor, algo que negó el abogado defensor de la familia Morchón, propietaria de la funeraria, quien apuntó que la empresa le comunicó que la urna continúa en sus instalaciones. En concreto, en un sala junto a otras que no se han recogido. El letrado preguntó al testigo si la funeraria se había puesto en contacto con él para que pasara a retirar las cenizas o para indicarle si la familia renunciaba a proceder a su recogida. “Pues me dieron otras, yo recogí las cenizas que me entregó la funeraria que luego fueron esparcidas en un monte”, respondió.

Tras descubrir por la prensa la posible actuación de El Salvador con el caso de los ataúdes ocurrida durante tanto tiempo, reconoció que, cuando su madre falleció hace dos años, la familia dejó bien claro que no querían volver “allí” y optaron por un tanatorio ubicado en la avenida Gijón.

Otro de los relatos que se escuchó en la jornada en la Audiencia de Valladolid fue el de Victoriano R., quien también acudió al grupo investigado, para la incineración de su hermano José María, fallecido el 5 de octubre de 2007, y unos años después de su padre Aquilino. En ambos casos, precisó que tenían contratado un seguro de decesos, por lo que se les asignó la funeraria El Salvador para la incineración que habían solicitado.

Explicó el modus operandi de los trabajadores de la empresa en el cementerio de Santovenia, tras salir del tanatorio. “La familia entró en una sala, un sacerdote dio un responso, la caja la montan en un carrito pero no nos dicen que les acompañemos, así que no sabemos si su ataúd se incineró”, declaró.

“Al final, te meten en una caja de cartón”

También mostró su indignación en la forma de actuar del grupo El Salvador, si finalmente se demuestra que hacía el cambiazo de ataúdes en el último momento. “Es una sensación muy mala. Tras pagar toda la vida para que te puedan enterrar dignamente, al final te meten en una caja de cartón”, lamentó. De ahí, que mostrara su interés en solicitar la indemnización por los daños causados, si hay una sentencia condenatoria contra la familia de los empresarios.

Marta R., nieta de otro de los afectados -Lorenzo- en el año 1998, manifestó al fiscal que, pese a que han pasado 30 años, recuerda el momento en que se corrieron las cortinas de la sala para proceder a introducir el ataúd de su abuelo en el crematorio. “Piensas que los trabajadores de la funeraria van a actuar correctamente. Delegas la confianza en profesionales, por lo que solo pido empatía y que se pongan en el lugar de los familiares. Nadie va pensar que se va a manipular el cuerpo. Es una sinvergonzonería impresionante”, apuntó visiblemente indignada por lo sucedido.

Sonia S. también desfiló la sala al ser otra de las perjudicada por el ‘caso ataúdes’ por la muerte de sus padres. “Teníamos claro la incineración, el seguro nos adjudicó otra funeraria pero elegimos El Salvador por que contaba con un cementerio diferente al tradicional del Ayuntamiento”, comentó.

Tanto el caso del fallecimiento de su madre en mayo de 1998 y su padre en octubre de 2002, se trasladaron del antiguo tanatorio al cementerio de Santovenia para proceder a la incineración de los cuerpos de sus progenitores. “En esos momentos, agradeces no ver nada al correr las cortinas. Nos pareció que funcionaba todo bien y ahora, muestras sorpresa e impotencia por que no puedes controlar lo que puede ocurrir en ese tiempo, a diferencia de lo que pasa con un enterramiento”, confesó apenada.

Preguntada por el fiscal sobre si estaría dispuesta a solicitar una indemnización, contestó que veía “difícil” sacar algún beneficio material. A su juicio, según recogió Ical, “lo importante” es saber la verdad.

"No te esperas algo así. Es ilógico y no piensas en cosas tan absurdas”, dijo Francisco de J. tras haber utilizado los servicios de la funeraria acusada tras las muertes de su madre Carmen (1998) y su padre Francisco (2002). Sus padres no tenían seguro por lo que él, como el mayor de siete hermanos, se encargó de contactar directamente con la funeraria Castellana, por lo que primero acudieron al antiguo tanatorio de la carretera del Cementerio y, luego, al propio camposanto. Tampoco pudieron ver el momento en que los féretros entraban en el horno para la incineración de los cuerpos.

El último testigo de la sesión fue Francisco A., sobrino de Maximiliano, que falleció el 31 de diciembre de 2001, señaló que la familia eligió El Salvador por que su madre tenía confianza en la empresa. En este caso, el personal de la funeraria le indicó que el féretro elegido por él tenía un elemento de metal -un crucifijo- que debía ser retirado de la caja antes de proceder a la incineración. Tampoco vieron entrar el ataúd en el horno. En la línea de lo expresado por los que le precedieron, apuntó sentir una sensación “muy desagradable” por los hechos que se juzgan.

En cuanto al destino de una posible indemnización económica, apuntó, al hablar en su nombre y el de su hermana-, que optarían por dar ese dinero a “gente necesitada”.