La borrasca Nils pone el Duero y el Adaja en alerta roja y naranja a su paso por Valladolid

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas nivel rojo en 16 puntos de aforo de los ríos de la cuenca del Duero, además de otros 23 en naranja y 30 en amarillo, según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

Así, en rojo se encuentran el río Arlanza, en el punto de control situado en Peral de Arlanza (Burgos) y en Quintana del Puente (Palencia); el río Omaña, en Castro de la Lomba, el Tuerto, en Villameca y en San Félix de la Vega, y el Órbigo, en Cebrones del Río (León), mismo río que marca nivel rojo en Manganeses (Zamora); el Huebra, en Puente Resbala (Salamanca); el Eresma, en segovia capital y en la salida del embalse de El Pontón Alto (Segovia); el Duero, en Garray y Navapalos, así como el Ucero, en Osma (Soria); y el Cega, en Megeces, y de nuevo el Duero, en Quintanilla del Pino (Valladolid).

En nivel naranja, el Arlanza, en Covarrubias, y el Duero, en Vadocondes y Aranda de Duero, todos ellos en Burgos; el Cea, en Villaverde de Arcayos y Valderas, además del río Luna, en Sena de Luna, el Omaña, en Las Omañas, y el Órbigo, en Santa Marina del Rey, los cinco en la provincia de León; el Carrión, en Celadilla del Río (Palencia); el Duero, en Saucelle (Salamanca); el Duratón, en la salida del embalse de Las Vencías, y el Eresma, en Balsaín, Bernardos y Coca (Segovia); el Duero, en Gormaz, el Revinuesa, en Vinuesa, y el río Tera de Soria, en Tardesillas (Soria); así como el Adaja, en Valdestillas, el Duero, en Herrera de Duero y San Miguel del Pino (Valladolid), y en Toro, en Zamora, provincia en la que se suma en este nivel el Órbigo, en Santa Cristina de la Polvorosa. A ellos se añaden el el Támega, en Rabal (Orense).

Esta situación de inundaciones provoca el corte de tráfico de 16 carreteras secundarias en Castilla y León. Ocho de ellas se encuentran en la provincia de León, cuatro en Soria, dos en Salamanca y una en Segovia y Palencia.

Declaración de zonas catastróficas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y tal y como ya había avanzado el pasado fin de semana el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de Castilla y León afectadas por las borrascas que se han sucedido en la península entre los días 7 y 12 de febrero de 2026.

Durante este periodo, la Comunidad se ha visto afectada por borrascas de alto impacto que han provocado descensos térmicos significativos, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Estos fenómenos meteorológicos adversos han ocasionado incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas.

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, cifró durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno en unos 1.500 los incidentes provocados por el temporal, la mayoría de ellos a causa de la nieve y concentrados especialmente en las provincias de León y Salamanca. En este sentido, detalló que 620 incidentes se han debido a las nevadas, 464 han sido por los fuertes vientos, 250 a consecuencia de las lluvias y unos 113 por avenidas.

Como consecuencia de esta situación, las autoridades autonómicas han mantenido activadas distintas situaciones operativas de los planes autonómicos de protección civil, en particular el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños.

Las afecciones derivadas de la sucesión de borrascas determinan la concurrencia de una catástrofe en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, al tratarse de una situación que ha alterado de forma significativa el funcionamiento ordinario de la Comunidad, ocasionando daños e impactos materiales cuya atención puede superar los medios disponibles de la propia Administración autonómica.

En las zonas afectadas se han producido daños en viviendas y enseres; en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas y forestales; en pequeñas empresas; daños medioambientales; así como afecciones en infraestructuras municipales y redes viarias. Asimismo, las corporaciones locales han debido acometer actuaciones inaplazables para hacer frente a la emergencia, que requieren la correspondiente compensación económica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la citada Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas, correspondiendo a la Junta de Castilla y León, en virtud del artículo 16 r) de la Ley 3/2001 del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la adopción de este acuerdo por su especial relevancia.

Mediante este acuerdo, la Junta solicita al Gobierno de España la adopción de las medidas previstas en el capítulo V de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que permitan la adecuada recuperación económica y social de las zonas afectadas y la compensación de los daños producidos por las borrascas registradas entre los días 7 y 12 de febrero de 2026.