Luz verde para que la Junta construya en Valladolid 68 pisos públicos en los cuarteles de Artillería

El acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León en abril de 2025 para transformar los cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez en vivienda pública pronto empezará a tomar forma. Después de varios meses de 'papeleo', el Consistorio acaba de dar luz verde a la cesión de las edificaciones militares ubicadas en Arco de Ladrillo –en desuso desde hace varios años– para que, una vez termine el periodo de exposición pública, la administración autonómica pueda comenzar la construcción de pisos de protección a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, Somacyl.

Aunque en el acuerdo de colaboración rubricado entre el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calcularon «cerca de cien viviendas de promoción pública destinadas de forma preferente a demandantes jóvenes de la ciudad», la documentación del expediente deja claro que en cada una de las dos parcelas donde se va a intervenir se permite un máximo de 34. Así que habrá 68 en total, como mucho.

El horizonte para que estén disponibles se torna todavía lejano, pues la Junta de Castilla y León dispone de cuatro años de margen –a contar desde que sea oficial la cesión que se está tramitando– para rehabilitar estos edificios que no se pueden demoler porque tienen una protección estructural, aunque ya ha dado los primeros pasos en aras de avanzar en el proyecto.

Tanto es así, que Somacyl está a punto de contratar la redacción del proyecto básico de rehabilitación y adecuación para viviendas de los cuatro bloques dispuestos en dos hileras, después de sacarlo a licitación por algo más de 179.500 euros. Según el acta de la última reunión de la mesa de contratación, reunida el pasado 18 de diciembre, será el arquitecto vallisoletano Abraham Muñoz, con su propuesta denominada ‘Green City’, quien se encargue del trabajo, al haber alcanzado la mayor puntuación entre las ocho propuestas recibidas (y las tres rechazadas por bajas anómalas).

Pero habrá que esperar a la adjudicación y a la formalización definitiva para conocer con detalle cómo se prevé rehabilitar los cuatro edificios proyectados en 1892 por el coronel Sixto Soto Alonso y construidos en 1940, que en su día estuvieron «destinados a dormitorios para 100 hombres y cuadras para 100 caballos del antiguo Regimiento de Caballería Conde Ansúrez».

El objetivo, según ensalzó la Junta el pasado verano cuando sacó a contratación la redacción del proyecto básico, era «seleccionar las mejores ideas para rehabilitar y transformar los cuatro edificios, preservando su estructura, tipología y envolvente exterior, adaptándolos a un nuevo uso residencial».

Después, ha calculado una inversión de 9,5 millones de euros para ejecutar las obras y crear viviendas «mayoritariamente de dos dormitorios, baño y salón-cocina», aunque también habrá alguna de tres dormitorios. En el sótano se contemplan zonas comunes y un espacio exterior cubierto para aparcamiento de bicicletas.

La operación urbanística cuenta con una edificabilidad de 9.112 metros cuadrados de uso residencial, distribuidos en dos parcelas de 3.500 metros cuadrados cada una, con dos edificios por parcela. Además, la intervención el los cuarteles de Artillería contempla 19.000 metros cuadrados de espacios libres y 11.600 para equipamientos públicos.

«El acceso a una vivienda digna y asequible es uno de los principales retos sociales que afronta cualquier ciudad, entre ellas, Valladolid. La creciente demanda de vivienda social, junto con la necesidad de revitalizar determinados sectores urbanos, hace indispensable impulsar proyectos que ofrezcan soluciones habitacionales de calidad para colectivos con menores recursos económicos», refleja la memoria que justifica la operación en ciernes, antes de ensalzar que la construcción de viviendas sociales en los cuarteles de Artillería «permitirá ofrecer viviendas a precios ajustados y con características adaptadas a las necesidades de los colectivos más vulnerables».

«La ejecución de este proyecto tendrá un impacto claramente positivo en beneficio de los habitantes de Valladolid. Por un lado, incrementará la oferta de viviendas sociales, contribuyendo a un equilibrio en el mercado inmobiliario y se evita la segregación residencial. Por otro lado, la ejecución del proyecto, por sí mismo, generará empleo y actividad económica en el ámbito local», añade el expediente.