UGT y CCOO alertan de la pérdida de plantilla y el deterioro de la ORA pese al aumento del contrato un 25%
Los sindicatos denuncian el concejal de Movilidad "se haya negado a recibir al comité, dificultando el diálogo"

Parquímetros de la ORA en Valladolid, en una imagen de archivo.
El comité de empresa de Dornier, gestora del servicio de la ORA en Valladolid y compuesto por UGT y CCOO, ha alcanzado un acuerdo de incremento salarial del 2% en el proceso de mediación celebrado ante el SERLA. Sin embargo, los sindicatos han denunciado que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, "se haya negado a recibir al comité, dificultando el diálogo y la supervisión del cumplimiento del contrato de la ORA".
Para CCOO y UGT este aumento del 2% es "claramente insuficiente", especialmente teniendo en cuenta que "la plantilla ha perdido un 9,2% de poder adquisitivo respecto al IPC real entre 2017 y 2024", indican en un comunicado. Los sindicatos han subrayado que "mientras los trabajadores sufren estas pérdidas, el servicio de la ORA ha continuado ampliándose".
"El aumento del 25,32% en el precio del contrato que Dornier ha recibido en el mismo periodo, debido a la expansión de plazas de la ORA en la ciudad, contrasta con la reducción de plantilla. El pliego obligaba a contratar más personal para cubrir la ampliación, pero la plantilla ha descendido de 94 personas (63 a jornada completa) a 79 (49 a jornada completa), pese a que hoy se gestionan 1.731 plazas ORA adicionales", explican.
Los sindicatos han destacado que "esta situación compromete tanto la calidad del servicio como la conciliación laboral del personal, ya que condiciona la organización de su jornada anual". Por ello, UGT y CCOO han recordado que "se trata de un conflicto abierto", ya que previamente ha sido denunciado en dos ocasiones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), "cuyos criterios dispares obligan ahora a los sindicatos a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social".
"La reducción de plantilla y la insuficiencia salarial evidencian la necesidad de un control más riguroso sobre la ejecución de contratos públicos y de medidas efectivas que protejan las condiciones laborales de las personas trabajadoras", concluyen las organizaciones sindicales.