La trama eólica llega al banquillo en Valladolid después de 10 años

La mayor causa de corrupción de la historia de Castilla y León, que destapó una inspección de la Agencia Tributaria hace diez años, llega a juicio. La trama eólica sentará en el banquillo a sus 16 acusados, entre ellos el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, ya condenado a dos años y seis meses de cárcel por malversación en el caso Perla Negra, durante 43 sesiones, que se extenderán desde el 15 de septiembre y se prolongarán hasta el 28 de enero de 2026.

La Justicia analizará las supuestas mordidas que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre los años 2000 y 2015 y que están cifradas en unos 75 millones de euros.

En el auto de apertura de juicio oral que dictó el entonces titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, Javier de Blas (casualmente ahora en la sección 4ª de la AP y por ello no formará parte del tribunal) , señaló como base para celebrar la vista el escrito de acusación del fiscal Tomás Herranz, quien consideró que todo partió de una estrategia de la cúpula de la Consejería de Economía al entender que en aquella época, año 2000, el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable. Por este motivo, el Gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.

Según el fiscal, de este empeño se encargó Rafael Delgado, junto con el fallecido exconsejero de Economía de la Junta Tomás Villanueva y, en un plan ideado junto con Ricardo Bravo, representante de una filial de Iberdrola, decidieron exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización. Según el escrito de acusación, la participación que se requería tenía que ser próxima al 40%.

El principal encausado es el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado que en enero de este año fue condenado por prevaricación en la trama de corrupción Perla Negra.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial (AP) de Valladolid estableció el pasado 30 de mayo una modificación respecto de las fechas anunciada en su día para la celebración del juicio por la denominada ‘trama de las eólicas’, según la cual el 15 de septiembre se mantiene como primer día de inicio pero que, a grandes rasgos, reduce las sesiones de las 48 programadas en el primer momento a un total de 43, y se mantiene la del 28 de enero de 2026 como última de las previstas antes de dejar el proceso visto para sentencia.

Los dos primeros días, 15 y 16 de septiembre siguen reservados para la fase de cuestiones previas y posibles conformidades, mientras que la prueba testifical se iniciará el día 6 de octubre y proseguirá el 7, 8, 14, 15, 16, 20 y 21 del mismo mes, así como los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 de noviembre, según informó el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Hasta finales de enero

Con posterioridad, se han reservado nueve sesiones para la prueba pericial, los días 18, 19, 24, 25 y 26 de noviembre y los días 1, 2, 3, 9 de diciembre, para más tarde destinar otras diecisiete sesiones para la declaración de los encausados y los informes de las partes personadas en la causa, en concreto los días 10, 11, 15, 16 y 17 de diciembre del presente año y los días 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de enero de 2026. Todas las sesiones indicadas comenzarán a las 10 de la mañana.

Los acusados, según señalaron fuentes judiciales del caso, declararán al final del juicio, como ya sucediera en el caso de la Perla Negra.

En la lista de declaraciones no estarán las del ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ni la de la ex consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, como testigos, toda vez que la AP las rechazó, al entender que «no son pertinentes ni útiles», tal y como proponía Delgado en una lista de veinte testigos.

La lista inicial de investigados se elevaba a 17 con Manuel Ordóñez Carballada, quiern fuera esponsable Ente Regional de la Energía (Eren), pero falleció en febrero de 2024.

El juicio apunta a que generará sorpresas en forma de prescripciones y atenuantes por dilaciones indebidas. En el camino ya han saltado algunas. Alberto Esgueva, conocía a mediados de octubre de 2024 una victoria judicial, ya que el Supremo le ha exonerado de pagar 20 millones de multa por un error burocrático de Hacienda después una reciente sentencia del Supremo que le libra de pagar 900.000 euros de IVA.

Y todo por un error burocrático de la Agencia Tributaria: el de no haber dirigido su inspección fiscal desde de la Delegación de la AEAT de Madrid, donde la empresa investigada, Intercatia, tiene su sede fiscal.

Delgado se enfrenta a la mayor pena: 42 años de cárcel y multa de 239 millones como cabecilla de la trama

El juicio llega casi cuatro años después de que el juez de instrucción dictara en noviembre de 2021, auto de apertura de juicio oral contra los 16 acusados, cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multas.

Precisamente la cascada de los recursos de los 16 encausados a las fianzas impuestas por el juez dilataron más de un año el proceso. En aquel auto de 77 páginas, que recogía todos los escritos de acusación, el magistrado, les dio diez días a los investigados para depositar las fianzas para cubrir esos más de 848 millones de multa en la parte que les corresponda a cada uno de ellos, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, a lo que se sumaba la Abogacía del Estado.

La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama siguiendo las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido.

Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán Martín, ambos con 12 años y 65 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros. En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que el fiscal pide 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa y a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones de. Para Mar Moreno (ex esposa de Alberto Esgueva), 4 años de prisión 215.000 de multa.