A prisión por un ‘osito’ que grabó la vejación a sus alumnos Down

«Sois unos mierdas», «me dan ganas de matarte», «gilipollas», «atontados», «bobos», «alelaos». Son insultos proferidos por dos profesoras de un colegio de educación especial de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que acaban de ser condenadas a siete años de prisión por un delito contra la integridad moral: un año de prisión por cada uno de los delitos, ya que fueron siete los alumnos víctimas, de edades comprendidas entre 7 y 12 años, la mayoría con síndrome Down, que sufrieron estas humillaciones en el centro concertado de la Fundación Gil Gayarre.

Una de las condenadas es la palentina de iniciales, B.C. nacida en 1963, que ejercía en el momento de los hechos, curso 2018-2019, como profesora de Pedagogía Terapéutica en el centro educativo en el que llevaba desde el año 1986. La segunda condenada es M.R. nacida en 1975 y auxiliar técnica en educación y que trabajaba en el mismo aula (aunque no a tiempo completo) que la palentina para educar a siete alumnos con síndrome de Down. Tras la denuncia se dieron de baja en el colegio de educación especial.

Las durísimas expresiones degradantes que lanzaron a sus alumnos a lo largo de días y de semanas, capturadas en el sistema de grabación oculto en el osito, no han dejado dudas a la juez del Juzgado de lo Penal 1 de Madrid, Sonia Lence Muñoz, para dictar –en la sentencia 191/2025 notificada el pasado 7 de julio, a la que ha tenido acceso este diario– la pena de siete años de prisión para las dos educadoras, agravados por la circunstancia de cometer los hechos por razón de la discapacidad de las víctimas, aunque con la atenuante de dilaciones indebidas, por la tardanza del juicio.

La Fundación Gil Gayarre, la misma que no vio nada raro cuando el caso fue denunciado en 2019, ha sido condenada como responsable civil subsidiaria para el pago de 15.000 euros a tres alumnos víctimas (5.000 para cada uno), ya que los padres de los otros cuatro menores víctimas renunciaron expresamente a las acciones civiles.

Esta resolución aún no ha alcanzado firmeza y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Inhabilitación docente

Además de la pena de prisión, el Juzgado de lo Penal 1 de Madrid les inhabilita para el ejercicio de cualquier empleo público o privado en centro docente de menores de edad o personas con discapacidad intelectual durante el tiempo de la condena; les prohibe comunicarse con los menores y aproximarse a menos de 500 metros de ellos durante 2 años; y a indemnizar a tres de ellos con 5.000 euros a cada uno.

El origen del caso se sitúa en los audios que registró una grabadora que los padres de una de las víctimas depositaron en 2019 en un peluche colgado a su mochila, ante las sospechas de que su hija pudiera estar sufriendo algún problema, ya que desde hacía meses comenzó a presentar un empeoramiento de sus capacidades intelectuales y habilidades, así como una actitud negativa hacia el aprendizaje y a su centro escolar, que derivó en la necesidad de someterse a un tratamiento psicológico durante años.

Las acusadas dirigían a los menores con síndrome de Down expresiones con tono despectivo y amenazante en 2019 cuando trabajaban en el colegio concertado, según declara probado la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Madrid.

La jueza subraya el «tono despectivo» y los «gritos» que profirió la profesora a los niños, con expresiones con un «contenido claro e inequívoco vejatorio» a menores con una «vulnerabilidad propia por razón» de su edad y de sus «limitaciones intelectuales».

El despacho Legalitas , personado como acusación particular, mostró su «satisfacción» con la sentencia, en la confianza de que pueda resarcir a los menores por los daños sufridos y «sirva como alerta para aquellos padres que observen algún comportamiento inadecuado, por parte de los cuidadores de sus hijos, en cualquiera de las circunstancias que pudieran darse».

El centro donde trabajaban –se dieron de baja tras la denuncia–, siempre ha sostenido su desconocimiento de estas vejaciones.

Según los hechos probados de la sentencia, los destinatarios habrían sido víctimas de humillaciones y vejaciones por parte de sus educadoras: «Qué asco me das»; «Te voy a quitar la sordera de un guantazo»; «Qué ganas tengo de darte una hostia»; «Me dan ganas de matarte». Y estos son solo algunos de los mensajes captados por una grabadora de audio que los padres escondieron en el interior de un oso de peluche.

Los episodios de ansiedad, los mitos recurrentes y las negativas constantes para ir al colegio alertaron a unos padres de que algo iba mal. Según su versión, los responsables del colegio aseguraban que no pasaba nada, por lo que decidieron actuar. Las pesadillas también se habían vuelto frecuentes, su hija volvía a hacerse pis en la cama y a veces lloraba sin motivo aparente. Las dos docentes, que siguen proclamando su inocencia, sostienen que las grabaciones del peluche fueron realizadas sin su consentimiento, que son casi inaudibles y susceptibles de haberse sacado de un contexto, sumando cortes sueltos, distinto al ánimo de los acusadores.