Ecologistas denuncia a Somacyl: carece de licencia para construir la caldera de biomasa para Valladolid Oeste

Ecologistas en Acción ha denunciado a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) por infracción urbanística y ambiental de las obras de la Red de Calor Valladolid Oeste puesto que no disponen del preceptivo informe de impacto ambiental lo que deja sin valor las licencias de obras y ambiental otorgadas por el Ayuntamiento.

En este sentido, Ecologistas en Acción advierte de que las obras se están ejecutando en ausencia de licencia urbanística por lo que ha exigido que se detengan inmediatamente con carácter ejecutivo las obras de la central térmica y que se incoen procedimientos sancionadores contra Somacyl y de restauración de la legalidad.

Según ha informado este lunes Ecologistas, el pasado 26 de mayo interpuso sendas denuncias por infracción urbanística ante el Ayuntamiento de Valladolid y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio contra Somacyl como promotora de las obras de la central de producción de calor que se realizan en la Avenida del Mundial 82 por no disponer del preceptivo informe de impacto ambiental.

Ecologistas asegura que esta central de biomasa está sujeta a evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de la Ley de evaluación ambiental al estar incluida en el Anexo II, Grupo 4 epígrafe a) sobre instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente y en el Anexo II Grupo 3 epígrafe a) de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011.

Las mismas fuentes aseguran que no consta que se haya practicado esa evaluación de impacto ambiental para una térmica de biomasa que tendrá una potencia térmica de 44 MW, si bien inicialmente sólo está prevista la ejecución de 24 MW en dos calderas de astilla forestal.

La organización ecologista apunta además que es "fácilmente constatable" que esta central térmica de biomasa ya ha sido ejecutada en buena medida, tras dos años de obras, "pese a carecer del preceptivo informe de impacto ambiental", e insiste en que carecen de valor las licencias de obras y ambiental concedidas por el Ayuntamiento.

En concreto, la asociación ecologista ha pedido en su denuncia al Ayuntamiento la paralización de los actos en ejecución con carácter inmediatamente ejecutivo, así como la incoación de procedimiento sancionador y de restauración de la legalidad urbanística.

Por su parte, la petición de Ecologistas a la Junta de Castilla y León pasa por la incoación de procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de evaluación ambiental, "sin perjuicio de que se practique la preceptiva evaluación de impacto ambiental del proyecto de central térmica de biomasa".

Ecologistas en Acción ve "deseable" que la Administración de ejemplo "respetando la legalidad que exige a la ciudadanía, lo que lamentablemente no es la norma en la actuación de la empresa pública autonómica Somacyl, comandada por el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Junta, José Manuel Jiménez, cuya actividad en este caso se demuestra como claramente ilegal".

Dicho esto, la asociación ambiental ha aclarado que considera positiva la red de calor de Valladolid para el medio ambiente ya que sustituye combustibles fósiles por energía renovable pero insiste en que deben respetarse los procedimientos y garantías legales.

"No requería evaluación de impacto en 2022"

Desde la Junta de Castilla y León aseguran que la obligación de contar con esa evaluación de impacto ambiental rige para todas las instalaciones desde 2023, pero hasta entonces sólo era imprescindible para aquellas centrales que superasen los 100 MW de potencia térmica. 

"Por tanto, nuestra central de 48,8 MW no requería evaluación de impacto ambiental simplificada cuando se tramitaron sus licencias", precisan desde la Consejería de Medio Ambiente. Confirman las mismas fuentes que la licencia ambiental se obtuvo con fecha 16 de marzo de 2022.

Es a partir de 2023, a raíz de las modificaciones introducidas con el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, cuando se hace obligatoria esa evaluación ambiental para todas las instalaciones industriales de  producción de electricidad, vapor y agua caliente, con independencia de su potencia. "Se elimina el límite de los 100 MW", apostillan desde la consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones. "Por ello, las centrales construidas a partir de esa fecha, se están sometiendo a evaluación de impacto ambiental simplificada", añaden, poniendo como ejemplo las que alimentan la red de calor de Segovia y Aguilar. 

Desde la Junta explican que las obras están prácticamente finalizadas, a falta de los últimos remates. La previsión es que entre en funcionamiento el próximo mes de octubre. 

"Desconocimiento u oportunismo"

Misma réplica lanzan desde el Ayuntamiento de Valladolid. "No es cuestión de versiones, sino de fechas", explica Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo, en alusión a esa cronología de la normativa. Incide en que la licencia se concedió en marzo de 2022 atendiendo a los requisitos legales del momento, cuando estaba en vigor ese mínimo de los 100 megavatios que la caldera vallisoletana no alcanza. "Cuando se solicita una licencia, te sometes a la reglamentación del momento que corresponde", apostilla. 

"Habrá quien piense que las licencias son una arbitrariedad o una decisión política pero, por suerte, obedecen a criterios técnicos regulados", añade al defender que en este caso "la realidad es incontestable".

Rechaza así de plano la denuncia formulada por Ecologistas en Acción "No sé si es por desconocimiento o por oportunismo, pero deberían estar muy a favor de este proyecto y no poniendo chinas en los zapatos", lamenta Zarandona.