Bajo seguimiento y normalidad en la huelga de funcionarios

Normalidad y bajo seguimiento. Esas son las dos conclusiones que pueden extraerse de la jornada de huelga de los funcionarios de la Junta, para exigir el cumplimiento del acuerdo de las 35 horas. Los primeros datos de las doce la madrugada pasada, que acaba de hacer públicos el Ejecutivo autonómico, reflejan que apenas un 4,52% de los más de 58.000 trabajados públicos que deberían haberlo hecho no se incorporaron a su puesto de trabajo para secundar el paro de las 24 horas.

El seguimiento de la misma está siendo más elevado entre el personal labora, con el 10,03%, mientras que los funcionarios la secundan en un 3,76%. Por áreas, la  de administración general acapara el mayor número de personal en paro con el 12,2%, de los que el 14,1% es personal laboral y el 11,32%, funcionario.

Incidencia mínima en Educación y Sanidad

Donde la incidencia está siendo mínima es en Sanidad y en Educación, a la vista de los datos de la Junta. En los centros sanitarios, el paro sólo está siendo seguido por el 1,92% -2,01%, funcionarios y 0,48%, laborales-. Mientras, en colegios e institutos el paro se sitúa en el 1,82%.

En estos momentos, los funcionarios comienzan sus protestas ante las diferentes delegaciones territoriales de la Junta, con las que harán visible su protesta por el incumplimiento de las 35 horas.

Cabe recordar que, en el día de ayer, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT hacían un llamamiento a los 80.000 funcionarios a la huelga al fracasar la negociación con la Junta de Castilla y León para la aplicación de las 35 horas. Sus expectativas son «altas» y esperan un «respaldo masivo» porque sienten que han perdido el tiempo, ya que, tal y como recalcaron, el Gobierno autonómico «nunca tuvo voluntad» y la oferta realizada el lunes sólo es una «excusa» para seguir dilatando el cumplimiento de la medida, firmada por un Ejecutivo del mismo color político.

La movilización de hoy, la primera que los trabajadores públicos hacen a un gobierno de esta Comunidad, «no es un fin», aseguró Raquel Fernández, secretaria de Acción Sindical del Sindicato Independiente de Funcionarios de Castilla y León, por lo que seguirán peleando hasta que se cumpla el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los trabajadores públicos perdidos por la crisis económica.

En este sentido, confirmaron que acudirán a los tribunales por la «mala fe» que ha habido durante la negociación. Es más, Ana Rosa Arribas, coordinadora del área pública de Comisiones Obreras de Castilla y León, criticó que el Ejecutivo regional haya faltado el respeto no solo a los funcionarios sino a toda la sociedad.

«Desde la primera reunión mantenida en marzo se han dedicado a entretenernos. No quieren cumplir lo firmado y lo enmascaran argumentando que la reducción de la jornada supondría un deterioro de la calidad de los servicios públicos. Saben que es una gran mentira, dado que ya se demostró con una jornada de 35 horas la calidad de los servicios no mermó», incidió para, más tarde, añadir que la propuesta de la Junta que fijaba el 1 de abril para recuperar este derecho estaba «sujeta a condicionantes», entre los que se incluyen la estabilidad presupuestaria, criterios de organización y estándares de calidad. «Son criterios que dependen de la propia administración y no suponen ninguna garantía», argumentó Fernández.

Miguel Holguín, responsable del sector de Sanidad de la Federación de Empleados Públicos de UGT en Castilla y León, dejó claro que la huelga es un punto y seguido en la lucha que conllevará la recuperación de las plantillas, «algo que se traducirá en una mejor calidad asistencial en los hospital, reducir las listas de espera y mejorar los ratios en educación». Además, declaró que espera que este paro sea «el inicio del fin de un gobierno bipartito que lo único que ha hecho es engañar a los empleados públicos».